VITORIA. Una docena de asociaciones vecinales de Vitoria y grupos sociales como Pentsionistak Araba, Elkartzen o Bilgune Feminista, así como la práctica totalidad de sindicatos han anunciado su apoyo a la manifestación que partirá este sábado al mediodía desde la plaza Bilbao y que convocan las agrupaciones de familiares de usuarios de residencias Babestu de Araba y Bizkaia, además de Gipuzkoako Senideak, Irauli Zaintza y Familiares de personas usuarias de residencias y centros de día Araba, agrupadosen la Plataforma SOS Residencias!

El objetivo de esta protesta, que se hará de forma simultánea en las tres capitales vascas y en la navarra, es el de expresar su “más profunda preocupación” por la situación que viven tanto las personas mayores más frágiles, “muchas de ellas usuarias de residencias, de centros de día y de servicios de ayuda a domicilio, como sus familiares”.

Como han denunciado Maita Ramos y Guillermo Perea, de Babestu Araba, en una rueda de prensa en los locales del colectivo vecinal Gasteiz Txiki, “los recortes en el presupuesto, la privatización de los servicios, la falta de personal, la precariedad en las condiciones de trabajo y el abandono de las tareas de inspección por parte de las administraciones competentes han deteriorado la calidad de los servicios. La crisis sanitaria del covid-19 está dejando al descubierto estas deficiencias que han convertido las residencias en centros de aislamiento, donde se vulneran los derechos de las personas usuarias y trabajadoras. El cierre de las residencias ha supuesto un verdadero maltrato institucional para nuestros mayores”.

En este sentido, tildan de “inaceptable” que en esta segunda fase de la pandemia se sigan produciendo tantos contagios y fallecimientos. Por esta razón, afirman no entender que, tras 700 fallecimientos, ninguna de las instituciones haya hecho una reflexión autocrítica de su actuación. “Los protocolos o no se cumplen o no son suficientes. Las personas trabajadoras y usuarias siguen careciendo, en muchas ocasiones, de las medidas de prevención necesarias. No se está realizando una adecuada gestión de espacios que proteja la salud de las personas y no se garantiza una atención de calidad personal y colectiva suficiente”, censuran.

Culpan a los “afanes privatizadores y economicistas” de las distintas administraciones, ya que consideran que éstos “han derivado en un modelo de negocio y lucro, basado en criterios mercantiles, que busca la rentabilidad económica”.

También critican que no se realizan los controles sanitarios desde los centros de salud de barrios y localidades, en una de las residencias privada y/concertadas, lo que “permite que estas residencias den un asistencia sanitaria privada, a todas luces precaria y todo esto supone un grave deterioro de la salud de los residentes”. Para evitarlo, exigen la obligatoriedad de unidades sociogeriátricas y sociosanitarias en los centros residenciales y un “modelo de calidad con criterios claros de proceso y resultado, así como planes de atención individualizados, que sean de obligado cumplimiento, no recomendaciones”.

Asimismo, demandan el reconocimiento del trabajo de cuidado en domicilios, en gran medida realizado por mujeres inmigrantes, “al estar sometidas a unas condiciones de trabajo inaceptables”.

Aparte de ello, quieren participar en la evaluación de las medidas y protocolos que se adoptan para hacer frente a la pandemia, así como en la gestión de las visitas y salidas: “Exigimos a las administraciones que, a través del diálogo y la participación de los agentes sociales, se cambie el actual modelo de atención a la dependencia, impulsando una red pública de servicios sociosanitarios de carácter universal, cercano y con una atención digna y de calidad y llevando un control estricto del conjunto del sistema”.