-Los desacuerdos entre agricultores de Lantarón y la empresa Gequisa para fijar los criterios de indemnización por unos vertidos que dañaron las tierras de cultivo no son meras discrepancias sino posturas completamente enfrentadas. Carmelo Pérez Araico es el representante de los agricultores afectados que en 2011, ante el encharcamiento de sus parcelas. Tras la denuncia pertinente se pudo apreciar "que el vertido procedía de la planta de Gequisa, que por una avería en su colector estaba lanzando por el terreno 25.000 litros/hora de agua contaminada por residuos químicos", según relata Pérez Araico.

Las tierras de aquella zona tienen una capa de unos 70 centímetros de tierra cultivable y a continuación hay una zona amplia de piedras que termina en un suelo rocoso que no permite filtrar ningún líquido. Todo ello en dirección de ladera abajo hacia el río Ebro. Los agricultores tuvieron que bregar durante 5 o 6 campañas sin recoger sus cosechas de cereal, girasol, remolacha y patata.

La Confederación Hidrográfica del Ebro intervino en defensa de su cauce y la Diputación medió en el conflicto ofreciendo la construcción de un regadío que financiaría al 90%. Sin embargo, la CHE puso problemas para excavar las zanjas que permitirían canalizar las tuberías, con lo que se fueron pasando los plazos en la búsqueda de una solución.

Como era de prever, el asunto llegó a los tribunales y la empresa trató de solucionar las indemnizaciones con 80.000 euros. Los agricultores, según relata su representante, se mostraron en desacuerdo y encargaron un estudio a la Universidad de Pamplona, que estimó que los daños causados en la tierra y la pérdida de ingresos generada por la contaminación en 74,2 hectáreas de terreno tenía un valor de 1.100.000 euros.

La diferencia marcó la distancia para el acuerdo y los agricultores propusieron que ante esa situación se nombrara un mediador, que podría ser el Gobierno Vasco, la Diputación Foral o la institución que considerara la empresa, pero la firma, explican, se negó a ello y se afianzó en su oferta de 80.000 euros y que se permitiera la construcción del viaducto para poder enviar el Ebro sus residuales, una vez tratados en la depuradora de la empresa.