Vitoria, 29 may (EFE).- El Ayuntamiento de Vitoria recurrirá la sentencia del juzgado de lo Social número 2 de la capital alavesa que considera "injustificado" el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado en la sociedad municipal de autobuses, Tuvisa, a causa de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de coronavirus.
Así lo ha asegurado el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, quien ha dicho "no entender lo que ocurre" con este asunto ya que el expediente recibió el visto bueno del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco el pasado 4 de mayo, quien declaró la solicitud de ERTE "legítima" por su naturaleza jurídica "de entidad de derecho privado" y atender "a causa del estado de alarma", y desestimó el recurso de alzada que había registrado el comité de empresa.
Urtaran ha apelado, para defender el ERTE, a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2014 y 2015 en las que se dictaminaba que Tuvisa es "una sociedad privada municipal que se rige por el ordenamiento privado".
El alcalde de Vitoria ha asegurado que el ERTE es "la punta del iceberg" de un problema más de fondo que el Gobierno municipal tiene "identificado y diagnosticado" y que compartirá con el resto de grupos políticos en el Consejo de Administración de Tuvisa, donde ha requerido "el apoyo" de otro partido para "garantizar la viabilidad de la empresa" ante la falta de mayoría absoluta del Gobierno municipal (PNV y PSE-EE).
Urtaran ha advertido a los trabajadores de que "ya no hay cuerda que dar a la parte social" y ha rechazado cualquier "margen de negociación" con lo mismos porque el Ayuntamiento ya ha cedido todo lo que tenía que ceder.
La sentencia del juzgado de Vitoria reconoce que hubo causas de fuerza mayor que justificaban la regulación temporal de empleo, pero concluye que no se puede aplicar la figura jurídica del ERTE en una entidad pública porque la mayor parte de sus ingresos provienen de las instituciones y no de la venta de billetes.
El ERTE fue impulsado por el equipo de gobierno local el pasado 21 de marzo ante la caída del uso de los autobuses urbanos en más de un 90 %, debido al confinamiento decretado para contener la pandemia de la COVID-19.
