- Sin dejar transcurrir una jornada desde que el Juzgado de lo Social considerase injustificada la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Tuvisa, el comité de empresa compareció en la jornada de ayer para valorar el espaldarazo de la Justicia a sus reivindicaciones. En palabras del presidente del comité, Fran Guzmán, el contenido de la sentencia publicada el miércoles refuerza sus posiciones de que la suspensión temporal de contratos para 276 conductores "era un fraude y así lo expusimos desde el inicio del conflicto cuando aludimos a las dudas sobre su legalidad", enmarcó.

Ofreció algunos detalles sobre la celebración de la vista, el pasado 19 de mayo, donde la responsable de recursos humanos de Tuvisa "no tuvo ningún reparo en mentir a la inspectora de Trabajo, señalándola que la sociedad se financia mayoritariamente con dinero obtenido en la venta de billetes y estacionamientos, algo que ha quedado demostrado como falso", sentenció con rotundidad.

Más allá de obtener el respaldo a sus reivindicaciones, los representantes sindicales que comparecieron ayer expresaron sus temores sobre la actitud de la presidenta y gerente de la sociedad que no están enfocados a "salvar la crisis del covid con los menores daños posibles ni para la empresa ni para la plantilla". Los planteamientos de Amaia Barredo y Marijo Ajuriaguerra, respectivamente, se orientan a "desmantelar en todo lo posible nuestro marco de relaciones laborales y nuestro convenio colectivo", reprochó Guzmán.

Recordó como ese documento fue "acordado y negociado" por PNV y EH Bildu y posteriormente ratificado por cada uno de los grupos con representación en la institución. En este punto abrieron una capítulo de críticas hacia la figura del alcalde, Gorka Urtaran, por considerar "de libro" la aplicación del ERTE en Tuvisa, así como por los "graves insultos y amenazas que hemos tenido que soportar hacia este comité. Exigimos públicamente su rectificación y disculpas".

Con la sentencia en la mano y a la espera de concretar el posible recurso del Ayuntamiento, instan a la dirección de Tuvisa a "levantar el ERTE y recuperar el 100% de los servicios habituales de forma inmediata, dejando de causar las molestias que ha generado entre la ciudadanía de la forma más absurda", concluyó Fran Guzmán.

Por su parte, desde la formación conservadora fue el edil, Alfredo Iturricha, el que emitió el posicionamiento del grupo municipal con respecto a la sentencia contraria al ERTE. "Los jueces han dado la razón al PP sobre la ilegalidad del ERTE que Urtaran aplicó a los trabajadores de Tuvisa. El PP pidió su anulación porque no cumplía los requisitos legales. Ahora, la sentencia confirma esa ilegalidad y la nefasta gestión del PNV y de Urtaran, quien como alcalde tendrá que dar las explicaciones oportunas a los vitorianos sobre las consecuencias de esta sentencia para Vitoria", reclamó el también consejero en Tuvisa. Iturricha aprovechó para recordar cómo el PP fue el único partido del Ayuntamiento en mostrarse desde el primer momento "contrario" al ERTE que Urtaran aplicó a Tuvisa por "no cumplir los requisitos legales para acogerse a ese mecanismo de regulación temporal de empleo". El PP pidió al alcalde que lo "anulara" y "retomara las negociaciones con los trabajadores", concluyó.