Vitoria - La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria se sentarán alrededor de una mesa para poner punto final, o al menos intentarlo, a un conflicto de intereses que se remonta nada menos que 21 años atrás. Un problema que, como suele ser habitual, es cuestión de dinero. En concreto, casi 2,5 millones de euros que el Ayuntamiento reclama a la Diputación, pero que la institución foral asegura haber desembolsado, relacionados con las obras de construcción del parking del Buesa Arena. La diferencia de criterios sobre algo aparentemente sencillo de dirimir tiene su germen en el acuerdo firmado el 16 de noviembre 1998 para la urbanización del aparcamiento del pabellón de Zurbano. Un contrato sellado por ambas instituciones para, con un presupuesto inicial de 5,7 millones de euros, que se acabó reduciendo, urbanizar los 105.000 metros cuadrados que rodean al Buesa y delimitar las 2.494 plazas de aparcamiento previstas. Curiosamente, aquel acuerdo destacaba que el nuevo parking no estaba destinado sólo a dar servicio a los aficionados del Baskonia, sino que el Ayuntamiento buscaba que sirviera para el futuro parque temático medioambiental que el ejecutivo, gobernado aún por José Ángel Cuerda quería construir en el entorno de los humedales de Salburua con una inversión de 15.000 millones de pesetas de la época.

Finalmente, la adjudicación de las obras del parking se cifró en 4,6 millones de euros en su adjudicación, y el 30 de noviembre de 2000 la Diputación, explicó Gonzalo, abonó la parte que le correspondía, tras haber acordado con el Ayuntamiento sufragar la obra a partes iguales. El 31 de diciembre de 2001, la institución alavesa “dio por finalizado el expediente tras haber cumplido con sus obligaciones” financieras, incidió la diputada, pero el Ayuntamiento asegura que la deuda (2.478.380 euros, en concreto) sigue pendiente.

El problema tiene que ver con las cantidades totales que sumaban las certificaciones y facturas de las obras, sobre las que la Diputación iba abonando al Ayuntamiento el 50% tras ser emitidas y avaladas por el interventor municipal. “Del resumen de las certificaciones de obras se establece que el importe de adjudicación de las obras fue finalmente de 4,6 millones de euros”, por lo que “la Diputación abonó en total 2,3 millones de euros” en los costes derivados de la adquisición de los terrenos y ejecución de las obras de ampliación del parking “quedando pendiente en su caso la regularización de la situación de los terrenos del pabellón a fin de integrarlos al patrimonio de la Diputación”. “Es evidente que existen diferentes interpretaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada institución”, admitió Gonzalo.

Así las cosas, ambos creen tener razón, pero para evitar llegar a los tribunales las dos administraciones alavesas han acordado, según avanzó ayer la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo -exconcejala de Hacienda en el Consistorio- poner en marcha un grupo técnico de trabajo en el que, a propuesta de la institución foral, integrantes de ambos gobiernos puedan escudriñar con lupa el acuerdo de urbanización de los alrededores del Buesa Arena que firmaron en 1998 y que dos décadas después sigue siendo objeto de conflicto.

“Será en el seno de este grupo de trabajo donde se analizará la documentación existente y se dirimirán las diferencias interpretativas”, explicó Gonzalo, que compareció a petición de Elkarrekin Araba, para quien, según los informes que están en poder del ejecutivo foral, avalan que “la Diputación ha cumplido con sus obligaciones”. Una postura sobre la que fue recriminada por la oposición, tanto EH Bildu como el PP, porque cuando ejercía de concejal de Hacienda en Vitoria aseguró sobre este asunto que la razón la tenía el Ayuntamiento, según aseguraron desde el grupo popular. Según fuentes consultadas por este periódico, en su momento, el Ayuntamiento tenía unos informes que avalaban reclamar las cantidades, pero uno de ellos, el último en emitirse, confirmaba la posición foral y certificaba que las cantidades totales ya se habían abonado, situando el problema en los cambios en las certificaciones y facturas de actuaciones como la pavimentación del entorno.

tribunal de cuentas Por otra parte, el vicepresidente del tribunal vasco de cuentas públicas compareció ayer en las Juntas para presentar el informe de fiscalización de las cuentas forales en 2017, cuyas conclusiones fueron publicadas el pasado mes de octubre. El informe destaca la “buena situación financiera” de la institución foral aunque censura tres contratos menores adjudicados por el Valle Salado, Indesa y el IFBS, de los que el tribunal informó en octubre.