El juzgado valida las elecciones sindicales en Glovo Álava celebradas en marzo
La sentencia avala la legitimidad jurídica y sindical del Comité de Empresa elegido por los trabajadores
El Juzgado de lo Social de Vitoria ha desestimado la demanda interpuesta por GlovoApp Spain Platform S.L. contra FSC-CCOOen materia electoral y ha confirmado la validez de las elecciones sindicales en la empresa, celebradas en marzo y queganó Comisiones Obreras.
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El año pasado se celebraron las primeras elecciones sindicales entre los repartidores de Glovo en varios territorios de España, como en Navarra, y en Álava se realizaron el pasado 27 de marzo de 2026. Fueron elegidas 13 personas representantes de la plantilla, todas ellas integradas en la candidatura de CCOO.
CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores
Según ha informado este sindicato, la sentencia reconoce la validez del preaviso electoral, confirma que el proceso se ajustó a derecho y avala la legitimidad jurídica y sindical del Comité de Empresa elegido por los trabajadores.
Para CCOO, esta resolución tiene una especial relevancia porque llega en plena negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afecta a 750 repartidores, lo que provoca un contexto de "enorme incertidumbre" para los trabajadores.
Glovo anuncia un ERE que afectará a 750 repartidores
Conflicto entre empresa y trabajadores
Glovo, la plataforma de reparto de referencia, se enfrenta a un clima de máxima tensión laboral tras formalizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende extinguir los contratos de hasta 750 trabajadores en cerca de 60 ciudades del Estado.
Este movimiento llega apenas un año después de que la compañía iniciara la laboralización masiva de su flota para adaptarse a la "Ley Rider", un proceso que ahora los sindicatos tildan de "fallido" y "estratégico".
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El núcleo del conflicto reside en la interpretación de la viabilidad del modelo. Mientras Glovo justifica los despidos por una falta de rentabilidad estructural en ciudades de mediano y pequeño tamaño, las centrales sindicales, con CCOO a la cabeza, han elevado el caso a la Audiencia Nacional.
Denuncian que la empresa está utilizando el ERE para desmantelar su plantilla directa y volver a un modelo de subcontratación a través de flotas externas, lo que consideran un fraude de ley encubierto.
La respuesta en la calle no se ha hecho esperar. Tras las jornadas de huelga vividas a finales de abril, el colectivo de repartidores mantiene el pulso con concentraciones que denuncian una "persecución sindical" y un régimen sancionador automatizado que, según los afectados, castiga de forma arbitraria los tiempos de espera y las incidencias técnicas de la aplicación.
En Álava, al igual que en el resto del territorio, el conflicto se sigue con lupa, ya que el desenlace de esta batalla legal marcará el futuro de las condiciones laborales en la economía de plataformas.
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