Firmado el primer convenio de residencias privadas de Álava que establece subidas salariales del 32,5%

La estabilidad laboral regresa finalmente al sector de los cuidados en el territorio tras un largo periplo de conflictividad. Las tres patronales de las residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava y el sindicato ELA, que ostenta más del 60% de la representación, han ratificado este lunes con su firma el primer convenio sectorial provincial.

Este documento oficializa el pacto alcanzado el pasado diciembre y pone el broche definitivo a seis años de conflicto y casi sesenta jornadas de huelga que han marcado la agenda social alavesa.

Hasta la firma de este lunes, las condiciones laborales de las 1.200 trabajadoras de las residencias privadas de Álava se regulaban de forma genérica por el convenio estatal.

El nuevo marco regulador tendrá una vigencia de cuatro años, abarcando desde 2025 hasta 2028, y contempla una subida salarial acumulada del 32,5% para las gerocultoras.

El objetivo final es que las empleadas del sector perciban 1.500 euros mensuales brutos al concluir el periodo de vigencia del texto, lo que supone una dignificación histórica de sus emolumentos.

El articulado del convenio no se limita únicamente a las mejoras económicas, sino que introduce cambios profundos en las condiciones de trabajo. El texto prevé una reducción de 100 horas en la jornada anual repartida en cuatro años, el mantenimiento de los cuatro días de libre disposición y un incremento de los descansos de fin de semana hasta un mínimo de quince anuales.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar exámenes psicosociales y se garantiza la ultraactividad del convenio, una cláusula vital para que las trabajadoras no pierdan sus derechos una vez expire el acuerdo en 2028.

Un acuerdo marcado por la división sindical

Pese a la relevancia del hito, la firma de este lunes no ha contado con el respaldo unánime de la mesa negociadora. El sindicato ELA ha calificado el convenio como un paso adelante, aunque lo considera todavía insuficiente para transformar un modelo de gestión donde, a su juicio, la rentabilidad económica sigue prevaleciendo sobre la calidad de los cuidados. La central sindical ha advertido que mantendrá su reivindicación por un modelo de cuidados íntegramente público.

En el bloque opositor, los sindicatos LAB y UGT han declinado rubricar el documento. Desde LAB han justificado su negativa al denunciar la ausencia de cláusulas de blindaje que garanticen el mantenimiento de las condiciones pactadas previamente en acuerdos de empresa, lo que entienden como un riesgo de pérdida de derechos para ciertas plantillas.

Por su parte, UGT ha rechazado el texto al considerar que supone una pérdida de poder adquisitivo para una parte de las trabajadoras y han criticado lo que definen como una falta real de mejoras en el conjunto de las condiciones laborales.