Los avatares de una central sin futuro

Fue a mediados de septiembre cuando así lo anunció Juan García-Gallardo, durante una visita institucional a las instalaciones de la central, argumentando la necesidad de conseguir la soberanía energética de España y para paliar las consecuencias de la grave crisis energética. Previamente se había ido lanzando mensajes sobre la posibilidad de paralizar el desmantelamiento tras la declaración de las instituciones europeas de que la nuclear también era una energía verde.

En aquellas declaraciones, García-Gallardo, reconoció que la empresa de reabrir Garoña no es “ni inmediata ni fácil”, pero argumentó que “ha llegado el momento de hacer política pensando en las siguientes generaciones”. “Es insostenible que Castilla y León y España sigan dependiendo energéticamente del exterior, más si cabe teniendo la opción de explotar los recursos energéticos con los que contamos, como las centrales nucleares, que nos aportan una energía limpia, abundante y barata, o las térmicas de carbón”.

El vicepresidente criticó duramente la aplicación del impuesto sobre la gestión de los residuos que “estranguló económicamente” a centrales como las de Santa María de Garoña. “Nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es la parte administrativa, el estudio de viabilidad, y luego el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio dependiente del Gobierno central tendrá que decidir si la abre”, apuntó.

García-Gallardo subrayó también la intención de seguir trabajando en sucesivas reuniones en las que serán escuchados “tanto expertos en seguridad nuclear como en aquellas tecnologías que nos han ido orientando sobre cuáles deben ser los pasos por seguir en esta materia”. A renglón seguido, el vicepresidente de la Junta ha recordado que lo que realmente se percibe es que los expertos, la industria en general, quienes están cerca de la energía nuclear, “están deseando que se pueda apostar por las centrales nucleares de última generación, como las que tienen, por ejemplo, en Finlandia”.

No solo Garoña

Sus declaraciones despertaron reacciones de todo tipo, máxime cuando el cierre y desmantelamiento de esta central nuclear era una demanda largamente planteada desde muchos partidos y asociaciones y cuando está a punto de traspasarse la propiedad de Nuclenor a Enresa y están licitados los trabajos de desmontaje.

Pero esa situación generada no solo no se aplacó, sino que poco después, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León llevó a un pleno de la cámara una proposición no de ley planteando la necesidad de volver a usar la energía nuclear y pidiendo que no se descarte ningún lugar que sea adecuado y reúna los requisitos necesarios, de todo tipo, para instalar reactores modulares pequeños (SMR), reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, sea en Garoña o en cualquier otro lugar de la geografía nacional. Así lo planteó el procurador por Burgos, Iñaki Sicilia, y lo confirmó a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.

Ante la dimensión que iban tomando las reacciones en contra de esas iniciativas, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, confirmaba que “transcurridos más de cinco años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes durante estos años para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, Nuclenor considera que no sería viable la reapertura de la central”.

La empresa, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola, argumentó la falta de viabilidad económica de una operación de este calibre después de que fuera también la inviabilidad económica la que desencadenara la parada del reactor en diciembre de 2012. Entonces se trataba de evitar el pago de 153 millones de euros por la nueva fiscalidad al combustible nuclear gastado que entraba en vigor el 1 de enero de 2013 y que, según señaló entonces Nuclenor, hubiera llevado a la firma a una situación de “patrimonio neto negativo”.

Desde Nuclenor cerraron el debate informando que, en la actualidad, la central está en una situación de “transición al desmantelamiento”, a la espera de que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) reciba del Ministerio de Transición Ecológica la correspondiente autorización de transferencia de titularidad, así como la autorización de la primera fase del desmantelamiento (3 años), que ya llevaría a cabo Enresa. Estas autorizaciones también han de recibir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear que se espera para 2023.

También se recuerda que están en construcción 44 contenedores especiales para poder guardar elementos contaminados de la central con un coste comprometido de 127.600.000 euros. Ya han llegado cinco a Garoña que se guardan en la piscina para poder controlar la temperatura. A esto se añadió que en los últimos días de septiembre finalizaron los plazos de presentación de ofertas a las licitaciones de servicios para el desmantelamiento realizados por Enresa: compras de mortero para el sellado, servicios de bomberos y ambulancia y otros, que se deben adjudicar en los próximos días y que van a suponer gastos millonarios durante los aproximadamente 15 años que se calcula que durará el proceso.

Reacciones políticas

Los partidos y otras instituciones no han podido permanecer al margen de esta polémica. Por un lado, José Damián García-Moreno López, juntero de Elkarrekin Araba presentó una moción en Juntas Generales, para el “reafirmamiento en el cierre definitivo de la Central Nuclear de Garoña y su desmantelamiento y el abandono paulatino de esa energía”. Por su parte, el grupo del PNV añadió peticiones a modo de enmienda reclamando que las Juntas Generales de Álava “rechacen recuperar la actividad de la central nuclear de Garoña que fue amortizada y cumplió con creces su periodo de actividad, tal y como además han manifestado las instituciones alavesas y de manera mayoritaria la ciudadanía alavesa”. Piden, además, acelerar las actuaciones contempladas en el Convenio de Transición Justa de Garoña, apremiando en la resolución de los expedientes de los proyectos de desarrollo territorial y facilitando que todos los nudos de conexión eléctrica estén disponibles para la conexión de instalaciones de generación de energía renovable.

En ese mismo sentido se manifestó el pasado día 7 de septiembre el diputado general, Ramiro González, al ser preguntado por la iniciativa de la Junta de Castilla y León. Afirmó que “no hay ninguna posibilidad que se abra, porque la instalación ya es historia”. Para González la reapertura ya quedó zanjada hace años.

Asimismo, desde el Gobierno central, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, rechazó la posibilidad de reabrir la central nuclear de Garoña, al ser preguntada en sesión de control por la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren, quien trasladó a la ministra su preocupación por esa iniciativa de la Junta que considera “descabellada”.

Ante la crisis energética, la consideración por parte de Bruselas de las inversiones en energía nuclear como verdes y la propuesta de la Junta de Castilla y León de estudiar reabrir la central de Garoña, Bidegurren quiso saber si el Gobierno central “ve alguna posibilidad de modificar el calendario de cierre de las nucleares” y si cree que es posible la reapertura de Garoña “con la misma tecnología o con alguna alternativa”, a lo que la ministra contestó rechazando esa idea.

La voz de los pueblos

Como no podía ser menos, los ayuntamientos alaveses que han tenido que vivir con la central nuclear tampoco quieren reeditar esa experiencia. El alcalde de Añana y senador del PNV, Juan Carlos Medina, está “totalmente en contra de la iniciativa de Castilla y León. La central de Garoña está completamente cerrada y es una página que ya se ha cerrado. Los que vivimos aquí, alrededor de la central, aún tenemos que vivir con el peligro de los residuos que todavía están en la central”. Medina recordaba que “si hemos apostado de manera uniforme, todos los partidos políticos, por las renovables, es un paso atrás pensar en volver. No tiene sentido y por eso mi postura es claramente en contra de la apertura, algo que no tiene sentido ni siquiera para volver a comentarlo”.

Otros dos ayuntamientos alaveses miran de reojo la situación: Valdegovía y Lantarón. El alcalde de esta segunda localidad, presidente además de la Cuadrilla de Añana, Javier Uriarte, señalaba que “me parece algo descabellado y propio de alguien que se toma a la ligera el opinar. Yo tengo mis dudas de que tanto económica como técnicamente se pueda reabrir”. Comentaba que Garoña lleva parada desde 2012, “lo que quiere decir que llevamos diez años con todo parado y que aparte del dinero que habría que poner para instalar dos reactores o adecuarla a las últimas generaciones tecnológicas, creo que económicamente no sería viable”.

Pero lo importante “los pequeños, los que vivimos en la zona, los que estamos trabajando por la despoblación a causa del cierre y que llevamos ya diez años con ella parada, estamos en un Plan de Transición Justa que cuesta mucho dinero y parece que no se pide responsabilidades a las personas que ponen el dinero encima de la mesa. Creo que hay que apostar por reactivar económicamente y socialmente la zona” y en eso se trabaja “porque al estar en el Plan, los pequeños pueblos hemos tenido que presentar proyectos que nos han costado dinero sin saber si luego vamos a recibir alguna subvención para realizarlos”. Uriarte añadía que “a nosotros nos toca vivir con los pies en el suelo, mientras que otros, que ni siquiera viven aquí, osan a opinar de esa manera tan alegre”.