Al hilo del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Álava contra diez personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación alavesa en el centro Sansoheta, el diputado general, Ramiro González, ha puesto en valor en la mañana de este martes el esfuerzo que realizan “muchos de esos jóvenes después de infancias complicadas para salir adelante y tener una vida normalizada”, y también el de los profesionales que les atienden en los centros de tutela.
“Yo he visitado estos centros, he tenido contacto personal con estos chicos y chicas, algunos llegan a la Universidad, otros trabajan de forma absolutamente normal después de haber tenido infancias muy complicadas. Es mérito de las personas formadoras y quiero poner en valor el esfuerzo de esa personas”, ha afirmado González, quien ha asegurado que a Diputación no dará a conocer la nueva ubicación de Sansoheta para evitar la estigmatización de estos jóvenes.
"Tras seis años de investigación se ha determinado que no existía responsabilidad de la Diputación"
En cuanto a la intención de la asociación Clara Campoamor, personada en la causa por corrupción de menores, de pedir responsabilidades a la Diputación por lo ocurrido a estos menores mientras estaban bajo su tutela, el diputado general ha recordado que “no es posible” pedir tales responsabilidades porque “tras seis años de investigación se ha determinado que no existía responsabilidad. Esa investigación, muy exhaustiva, ha finalizado mediante la apertura de un juicio oral y no pone ningún pero a la actuación de la Diputación”.
"Atender mejor a lo menores"
Según González, la institución foral está tratando de “mejorar los servicios, de atender mejor a los menores, porque necesitan de una atención especial y especializada”, y ha deseado por último que el procedimiento judicial sirva para determinar qué ocurrió y que “caiga todo el peso de la ley sobre quienes sean culpables”.
El saltó a la luz en noviembre de 2016, cuando se conoció que la Ertzaintza investigaba a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta, donde se acoge a personas con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los progenitores.
