La contaminación del aire causa alrededor de 30.000 muertes prematuras en el Estado español cada año, quince veces más que los accidentes de tráfico. Pero no solo las personas se ven perjudicadas, sino que los contaminantes atmosféricos también afectan de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, reduciendo la productividad de las plantas, aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades y plagas o incrementando de manera excesiva los nutrientes presentes en el agua y el suelo.

Chimeneas humeando en Vitoria. | FOTO: PILAR BARCO

Estas son las conclusiones que recoge el Informe estatal de calidad del aire de 2021, de Ecologistas en Acción. Unos datos obtenidos en las distintas estaciones situadas por todo el país, entre las que se encuentran siete alavesas. Cinco en la Llanada Alavesa y otras dos en la localidad de Ribera, en el corazón de Valdegovía. Esta última, destaca por ser la única en todo el País Vasco que no se ve afectada por el dióxido de nitrógeno y las partículas PM10 Y PM2,5. De hecho, todas las demás estaciones, tanto urbanas como industriales, excedieron las nuevas recomendaciones de la OMS para el dióxido de nitrógeno.

Estos dos años de pandemia han servido para mejorar la calidad del aire con una reducción tanto del dióxido de azufre como del ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno, pero aun así, los alaveses siguen respirando un aire de calidad deficiente, principalmente en la capital. Y es que Vitoria, absorbe además de la mayor cantidad de tráfico de la provincia, el mayor uso de calderas industriales y domésticas. Para Ekologistak Martxan, esta situación se podría recrudecer con la eventual apertura de una circunvalación en el sur de Gasteiz. Algo que catalogan como un “jaque mate” a las políticas de movilidad sostenible.

La salud medioambiental es una problemática de primer orden, no tratada como tal para la plataforma ecologista. No solo por el número de muertes generadas, sino por los costes sanitarios y laborales de la contaminación atmosférica. Y es que estos representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios según la legislación vigente. Pero para Ecologistas en Acción, en muchos casos no existen o son inefectivos por falta de voluntad política, como es el caso del Gobierno Vasco, quien “sigue incumpliendo su obligación de elaborar un plan de lucha contra el ozono en la zona de los valles, al sur de Álava”.

Bajas emisiones

Uno de los pocos aspectos positivos que ha dejado la pandemia en la sociedad ha sido la demostración de que la reducción del tráfico tiene claros efectos en la mejora de la calidad del aire en las ciudades y en las zonas rurales. Y es que, según las conclusiones del informe estatal sobre la calidad del aire, la disminución de los vehículos motorizados es la única forma de mejorarla. Por ello, remarcan la necesidad de que las instituciones potencien la movilidad peatonal y ciclista y el transporte público limpio. Promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar centrales térmicas, penalizar el diesel o lograr una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas son otras de las opciones. Para lograr estos objetivos se estableció la Ley de Cambio Climático. Esta legislación obligará a las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, entre ellas Vitoria, a tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del 2023. “Estas zonas mejorarán la calidad del aire de más de 30 millones de personas, y además, reducirán la congestión y la siniestralidad en el tráfico urbano”, detalló Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT. De hecho, la misma dirección de tráfico ha unificado una multa de 200 euros para todas las personas que se salten las limitaciones.

A su vez, Ecologistas en Acción está desarrollando en España la campaña europea Clean Cities, para reclamar a las administraciones una reducción drástica del uso del vehículo motorizado privado, que permita redistribuir el espacio urbano para fomentar la movilidad activa, peatonal y ciclista, al tiempo que se potencia el transporte colectivo, con una financiación pública razonable. Una iniciativa que valora las 36 ciudades mejor preparadas para limpiar el transporte, entre las que se encuentran cuatro españolas, sin representación alavesa. Solo Bilbao, Madrid, Barcelona y Granada forman parte de una lista que lideran Oslo y Ámsterdam en el viejo continente.

Rayo de esperanza

A pesar de que los alaveses continúan respirando un aire poco recomendado para la OMS, los años 2020 y 2021 han reflejado que puede existir un cambio inclusive a corto plazo.

Por ejemplo, en el País Vasco se han logrado los mínimos de la última década en cuanto a niveles de dióxido de nitrógeno, de azufre o de ozono troposférico en el ambiente. A nivel nacional, uno de cada diez españoles respiró el año pasado un aire que incumple los actuales estándares legales. Pero esta situación supone un descenso de 7,1 millones de personas afectadas respecto a 2019 y de más de 10 millones en cuanto a 2017 y años anteriores, siendo la cifra más baja desde la aprobación y entrada en vigor de las normas citadas. A su vez, las fuentes renovables aportaron su máximo histórico a la demanda de energía, mientras en 2021 se siguieron cerrando centrales térmicas de carbón.

Apuntes

  • Informe: Ecologistas en Acción ha elaborado el ‘Informe estatal de calidad del aire 2021’. Sus resultados reflejan una mejora en la calidad del aire en Álava debido a las restricciones de movilidad del covid-19, aun así, la calidad sigue siendo deficiente, según la OMS.
  • Contaminantes: El ozono es el contaminante que presenta un año más una mayor extensión y afección a la población. Las partículas (PM10 y PM 2,5) y el dióxido de nitrógeno en el aire siguieron afectando a toda la población.
  • Consecuencias: No solo las personas se ven perjudicadas, sino que los contaminantes atmosféricos también afectan de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, reduciendo la productividad de las plantas, aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades y plagas o incrementando de manera excesiva los nutrientes presentes en el agua y el suelo.
  • Soluciones: Para la plataforma ecologista, la única forma de mejorar la situación es disminuir el tráfico en las ciudades y potenciar la movilidad activa, peatonal y ciclista, además del transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, penalizar el diésel y cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles.

Las frases

Susana Gómez “mejorará la calidad del aire de más de 30 millones de personas, y además, reducirá la congestión y la siniestralidad en el tráfico urbano”

La subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT remarca la necesidad de implantar Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades españolas que superen los 50.000 habitantes.

ecologistas en acción “la información al ciudadano sobre la calidad del aire no es ni adecuada ni ajustada a la realidad”

Para la plataforma ecologista, buena parte de la información es ininteligible para el público general, con datos muy complejos.

LAS CIFRAS

30.000

Son las muertes prematuras que se registran en España cada año por afecciones derivadas de la contaminación del aire.

3,5%

Del PIB español representan los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica.

7

Son las estaciones oficiales de medición que se encuentran instaladas en el territorio histórico para calcular la calidad del aire.

Al detalle

Legislación. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética señala que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, entre las que se encuentra Vitoria, deberán establecer zonas de bajas emisiones antes del 2023, para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta la fecha son muy pocas las ciudades que han cumplido con esta obligación social, solo Madrid y Barcelona. De hecho, estas han sido objeto de resoluciones judiciales contrarias.