El diputado foral de Agricultura afirmó ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Álava que todos los expedientes de caza se tramitan correctamente y con criterios profesionales e hizo un llamamiento a quienes en la cámara juntera lo dudan sistemáticamente. Aguinaco tuvo que dirigirse a esas personas inquiriendo si "han preguntado a los funcionarios cómo les afecta la permanente sombra de la sospecha" que les achacan.
Eduardo Aguinaco compareció en la mañana de este jueves para dar cuenta del caso del jefe del servicio de Montes juzgado por falsedad de documento oficial en un expediente de caza y confirmar que la pena establecida por el tribunal consiste en una multa de doce meses, con una cuota diaria de 15 euros, y un año de suspensión para el ejercicio de cargo o empleo público en funciones relacionadas con la tramitación y resolución de expedientes sancionadores. Asimismo, Aguinaco recordó que la acusación popular solicitaba una petición de prisión de hasta 4 años y medio, inhabilitación para empleo público en cualquier administración, y el pago de una multa de 30.000 euros.
El diputado explicó que los hechos probados reflejan que la intervención del funcionario en la tramitación de los expedientes se llevó a cabo en funciones de Jefe de la Sección de Caza y Pesca, sin persona titular en ese momento a causa de la jubilación del último jefe de dicha Sección.
Propuesta de resolución
Añadió que la sentencia concluye que en la propuesta de resolución del expediente 451/17, faltando a la diligencia debida, se omitieron datos esenciales, y esto pudo condicionar la resolución final de no incoación de expediente sancionador.
Denunciado el caso por un guarda forestal, "la persona acusada reconoce los hechos de un delito y admite la culpa para que finalice el proceso. Renuncia al derecho de presunción de inocencia y a la posibilidad de recurrir la sentencia y el juez estará obligado a aceptar la conformidad".
Por todo ello, Aguinaco dijo que "se está analizando por parte de los servicios jurídicos forales, el alcance de la suspensión para el ejercicio de cargo o empleo público del funcionario afectado, así como si procede la revisión de los expedientes sancionadores citados en la sentencia. La forma de ejecución de la sentencia y su motivación se comunicará tanto a la Audiencia Provincial como al interesado en el plazo más breve posible".
Diligencias de investigación
Ante la insistencia de la presencia de otras irregularidades que realizaron tanto Elkarrekin-Podemos como EH Bildu en el transcurso de la reunión, el diputado insistió en que "los procesos y diligencias de investigación realizadas por Ertzaintza, Guardia Civil y Fiscalía de Álava sobre más de 60 expedientes sancionadores en materia de caza denunciados por un guarda foral del Departamento de Medio Ambiente, han finalizado en todos los casos en sobreseimiento archivándose las diligencias de investigación por presunto delito de prevaricación en relación a numerosos funcionarios públicos".
Para el representante foral, "este es un dato muy revelador, que acredita la correcta tramitación de los expedientes sancionadores en materia de caza por parte de los servicios técnicos forales, rebatiendo las reiteradas afirmaciones y denuncias públicas que constantemente se siguen realizando". Sin embargo, matizó que "esto no impide que haya que extremar el cuidado o diligencia exigible a todas las actuaciones administrativas, que eviten acciones u omisiones no dolosas o involuntarias que puedan suponer una negligencia grave como la reflejada en la sentencia".
Los portavoces de los dos grupos mencionados insistieron en poner en duda las investigaciones llevadas a cabo por Ertzaintza, Guardia Civil y Ministerio Fiscal, reclamando que se vuelva a reactivar la patrulla verde de los Miñones para gestionar estos temas o preguntando por las competencias del Seprona en el País Vasco.
