La fiscal del juicio contra el acusado de matar a puñaladas a su exmujer y a su exsuegra el 20 de abril de 2018 en el barrio Lakua-Arriaga de Vitoria ha afirmado este martes que las mató porque no quería permitir que su expareja fuera "libre e independiente", y cree "increíble" pensar, como alega la defensa, que solo presentaba trastorno psicológico en el momento del ataque, y que antes y después se encontraba "tranquilo". "Mató porque quiso matar", ha aseverado.
La Audiencia Provincial de Álava ha continuado este martes con el juicio contra el acusado para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y razones de género, y reclama que se le quite la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con su exmujer y los indemnice a ellos y a los familiares directos de las víctimas con 1.220.000 euros.
El Ministerio Fiscal ha modificado su escrito de acusaciones y mantiene la petición de la pena máxima, 25 años por la muerte de cada una de las víctimas, e incluye la circunstancia de ensañamiento, ya que cree demostrado que el acusado decidió matarlas cuando estaban "desvalidas".
La acusación particular solicita 55 años de cárcel para el acusado y la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, 60 años de prisión. La exmujer del acusado, María José, que tenía 43 años, recibió 33 cuchilladas y la madre de esta, Florentina, de 69 años, 38 puñaladas.
En la sesión de este martes, en la que todas las partes se han presentado las conclusiones del juicio, el acusado ha utilizado su derecho a la última palabra en el juicio. "Me culpo; me arrepiento; pido perdón a las familias, especialmente a mis hijos", ha declarado ante el jurado popular.
En la presentación de las conclusiones, la fiscal ha explicado al jurado popular el agravante de parentesco, que se puede aplicar en el caso de su exmujer, por haber sido cónyuge, pero no en el caso de su exsuegra. No obstante, ha subrayado que los motivos de género afectan a las dos víctimas porque las mató para "perpetuar su dominio sobre ellas".
En este sentido, ha señalado que durante el juicio, las declaraciones de los familiares más cercanos han indicado que el acusado "no aceptaba la separación, manipuló a sus hijos para saber qué hacía su madre, luego llevó a cabo llamadas de atención como decir que quería suicidarse, y mostrar su disconformidad económica por el pago de la pensión que pasaba a sus hijos tras la separación porque la consideraba demasiado alta".
También ha subrayado que las amigas de María José afirmaron que se sentía acosada y presionada, y que él no aceptaba que ella "quisiera ser libre"; al igual que los amigos del acusado que le recriminaron su "insistencia" hacia María José. La fiscal ha subrayado que el acusado no quería permitir que su expareja fuera "libre e independiente".
Respecto a Florentina, ha defendido que también hubo motivos de género, ya que "la familia era matriarcal, ella era apoyo emocional y logístico para toda la familia, proveedora de cuidados". Tras recordar que al principio Florentina apoyó al acusado para que la familia siguiera casada, ha explicado que luego entendió los motivos de su hija para separarse y la apoyó, motivo por el que el acusado se enfadó.
Asimismo, cree que al encontrar a Florentina con su hija en el domicilio, "se tornó en un plan perfecto" porque "acababa con la matriarca, la que apoyaba a la familia".
Tras subrayar que no hay duda de que las mató a ambas, ha defendido que lo hizo con alevosía tanto sorpresiva porque se presentó en el domicilio sin aviso, sin llamar, "preparado para matar" porque portaba cuchillo; como por desvalimiento, ya que el apuñalamiento final tuvo lugar cuando no podían defenderse.
La defensa argumenta que el acusado presentaba una disminución importante o ligera de sus facultades cuando ocurrieron los hechos. No obstante, el Ministerio Fiscal cree "increíble" pensar que solo presentaba trastorno en el momento del ataque y que antes y después se encontraba "tranquilo". "Mató porque quiso matar", ha afirmado.
La abogada de la acusación particular, por su parte, ha defendido la existencia de alevosía afirmando que "fue tal la brutalidad y explosividad del ataque, que ninguna de ellas pudo llamar a la policía" y ha indicado que hubo ensañamiento porque el acusado "agravó el sufrimiento de ambas", que estaban conscientes y vivas en el momento en el que asesta las heridas mortales y alternaba la agresión a una y otra, en un ejercicio de "sadismo gratuito e innecesario que llevó a cabo con el único motivo de incrementar su sufrimiento" para que "las dos mueran sabiendo que ha matado a una y otra".
La abogada ha indicado que María José se separó del acusado porque creía que era un lastre para su vida, "un lastre que la arrastró hasta la tumba". Además, ha pedido al jurado, en nombre de la familia, que hagan justicia ante la muerte de ambas mujeres que "han dejado un vacío irreparable en la vida" de toda la familia.
El abogado de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, ha recordado que esta jornada se celebra el Día Internacional de la Mujer y ha pedido un recuerdo para ambas víctimas y al jurado que "voten por ellas y por las 42 mujeres que murieron asesinadas en 2012".
Ha criticado la "amnesia selectiva" del acusado porque en su declaración el primer día del juicio destacó su defensa ante el presunto ataque de las dos mujeres, pero dijo no recordar su ataque hacia ellas. "No se puede mentir más", ha destacado.
Asimismo, ha rechazado que existiera un trastorno depresivo subrayando que cinco psiquiatras y doctores los han rechazado y cree que "lo único que sufre es de egoísmo". "No está loco; es malo y lo tenía planeado", ha señalado antes de resaltar que "no ha asumido la culpa y sigue justificando los asesinatos".
Por último, ha subrayado que el acusado "cumple con el manual de violencia de género" y ha manifestado que ejercía violencia vicaria al suspender las visitas de sus hijos diciendo que "no quería hacerles daño".
IMPARTIR JUSTICIA, NO VENGANZA
El letrado de la defensa ha iniciado su intervención señalando al jurado popular que el objetivo del juicio es "impartir justicia, no venganza" y les ha pedido "objetividad". Tras recordar que en este caso no se discute la autoría de las muertes, sino los atenuantes y agravantes, ha sostenido que la duda sobre la veracidad de los hechos no se puede considerar en contra del penado.
También ha criticado que por parte de las acusaciones se quiere "añadir truculencia" a los hechos, al decir que llevaba más cuchillos que el que reconoce el acusado que portaba, cuando "no hay certeza de que llevara más que el cuchillo que solía llevar".
El abogado de la defensa ha asegurado que "el asunto económico es la base del malestar del acusado" y que el "sustrato de los hechos está en el convenio regulador" de la separación con María José. "Si hubiera sido más equitativo, no estaríamos aquí sentados", ha resaltado.
Por ello, ha defendido que "los intereses económicos no son un asunto de violencia de género" y ha reclamado que no se aplique este agravante. En el caso de Florentina tampoco, porque cree que "tuvo la mala suerte de estar allí y falleció", pero no cree que su muerte esté relacionada con violencia de género.
Respecto al atenuante que ha pedido por trastorno mental transitorio, ha criticado los informes que en el juicio han "intentado echar por tierra" este argumento, porque cree que al hacerse "mucho tiempo después, no tienen razón de ser" y ha destacado que al acusado "la separación le produjo un trauma", ya que "todavía estaba enamorado" de María José.