El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido las ventajas de la implantación del sistema de control de facturas Ticket Bai para empresarios y consumidores pero ha reconocido que los "cambios nunca son fáciles" y ha dicho que la Diputación está escuchando a los colectivos afectados, especialmente pymes.
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno foral, González ha explicado que la Diputación está en un "proceso de escucha", que se ha intensificado, ya que están teniendo contacto con "cientos" de empresas y autónomos afectados para informarles del funcionamiento del Ticket Bai y para "escucharles y atenderles".
El diputado general ha asegurado que el Ticket Bai es una "mejora clara" del sistema fiscal y una medida "tremendamente positiva" tanto para los empresarios, que tienen así la garantía de competir en igualdad de condiciones, porque ellos cumplen y también los demás, y también para los consumidores que saben que adquieren un producto o servicio a una empresa que declarara "convenientemente".
Sin embargo ha reconocido que los "cambios no son fáciles" y que la Diputación tiene la obligación de trasladar de forma "directa y clara" en qué consiste el Ticket Bai y cómo se va a implementar.
"En eso está la Diputación, escuchando" y "orientando" a cada uno de los negocios que tienen que instalarlo, ha añadido González, quien ha remarcado que de este proceso de escucha sacarán unas conclusiones que trasladarán "oportunamente".
Recientemente Arabadendak, que aglutina a más de 860 comercios, bares, restaurantes y empresas de servicio local, informó de que el 95,3 % de los 250 negocios alaveses encuestados quieren que la Diputación aplique una moratoria de entre uno y cinco años en la implantación obligatoria de ese sistema de control de facturas.
La puesta en marcha voluntaria de este proyecto en Álava comenzó el 1 de enero. La iniciativa, común para las tres diputaciones, implicará que todas las personas físicas y jurídicas que ejercen una actividad económica deberán usar un sistema de facturación que permita a las haciendas el control de ingresos con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.