El presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho Constitucional cerrará el ciclo organizado por la Diócesis de Gasteiz a partir de las 17.30 horas en el aula San Pablo, en el número 5 de Vicente Goikoetxea.

¿Por qué es tan importante formalizar el testamento vital?

-El testamento vital va de la mano del avance de las medidas de soporte vital y de extensión de la vida. Porque cuantas más medidas haya, más dudas se pueden plantear. En estas situaciones, a veces hay supuestos muy claros. Por ejemplo, cuando para el médico, el entorno o la familia mantener a alguien con vida puede perjudicar a su mejor interés. Pero en estos casos hay muchos grises, porque en el final de la vida no es todo blanco o negro. Y la posibilidad de contar con un documento donde la persona exprese cuáles son sus deseos, o que nos ayude a entender cuál sería su voluntad, es importante. A través del documento, lo que yo quiero es tener cierto control sobre lo que va a ser mi futuro cuando pierda la capacidad de obrar. Y a los profesionales les aporta elementos para la toma de decisiones teniendo en cuenta cuál hubiera sido la voluntad de esa persona.

Pese a ello, una gran mayoría aún piensa que este trámite es solo para la gente mayor.

-Es que no hay una cultura. Hay casos en los que la ley va por detrás de la necesidad social, pero en este, cuando se aprobó la ley que incorpora el testamento -en 2002-, no había una cultura que demandara esta figura. En España la gente todavía está muy vinculada al entorno familiar. En Estados Unidos, donde surgió el testamento, la gente puede vivir a muchos kilómetros de sus familiares, pero aquí es normal que cuando alguien enferma el entorno familiar esté ahí, porque vive muy próximo a él. Y el médico al menos puede preguntar a ese entorno. De ahí que esa voluntad del individuo pueda establecerse más fácilmente. Por eso todavía hay poca gente que tenga hecho el testamento vital.

El comité de Bioética que preside se ha posicionado en contra de la nueva ley de eutanasia. ¿Por qué cree que no debe articularse como una prestación pública más?

-Nosotros entendemos que las situaciones en las que alguien pide que se acabe con su vida por el sufrimiento son muy complejas. Hay que mirarlas con mucho respeto y establecer máximas inamovibles es muy difícil. Quien pide morir no lo hace por capricho. El problema que tienen este tipo de supuestos de hecho es que las soluciones nunca son muy satisfactorias. Es muy paradójico, pero nos pasa en una realidad que es cada vez más compleja.

¿A qué se refiere?

-Yo siempre he dicho que lo que menos me gusta de la ley, y en el propio comité hemos coincidido, no es en sí la despenalización de la eutanasia o abordar el tema del final de la vida, que es indispensable, sino no haber hecho una ley global sobre el final de la vida. Donde a lo mejor pudiera recogerse alguna fórmula para una mayor despenalización o una casi absoluta descriminalización. Pero ser una ley de dirección única parece que está transmitiendo una cultura de que la decisión eutanásica es la virtuosa. Hay cuidados paliativos, apoyos socioeconómicos, contextos diferentes... El diagnóstico de una enfermedad poco resoluble o terminal lleva un proceso. No es algo que se digiere inmediatamente. Las personas pasan del temor a la incertidumbre, al dolor, al medio a la soledad o a ser una carga para los demás... Y aunque se diga que la eutanasia no es la opción única, que hay más opciones, es lo único que se ha regulado.

Los cuidados paliativos ya existen, aunque parece evidente que necesitan un impulso importante aún.

-Los cuidados paliativos sí pueden ser una solución, pero no estamos hablando de unos cuidados solo para el enfermo terminal. De hecho, pocos enfermos terminales piden la eutanasia, sino que en casi todos los casos son personas con una enfermedad crónica severa pero no terminal, que no están en el final de su vida. Lo ideal sería un manejo de los cuidados paliativos con una visión más amplia, con los que se podría llegar a una sedación paliativa del sufrimiento existencial. Para mí los cuidados paliativos serían la opción principal. Bien manejados, podrían resolver prácticamente todos los temas. Y para los que no se consigan resolver, proponemos también ver la experiencia británica, que es despenalizar los casos.

¿Ve problemas en la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario en la nueva ley?

-Nuestro planteamiento es que la objeción de conciencia es una garantía de la libertad ideológica y religiosa, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, y que esas libertades son atribuibles también a la persona jurídica. Por eso, la pregunta es por qué se le niega la objeción de conciencia a una institución. No debe ser solo del individuo.