Representantes de los trabajadores y trabajadoras de los diversos sectores que integran las actividades de intervención social en Álava han pedido a las instituciones apoyo para poder cerrar el III convenio de una forma digna para los trabajadores y con una equiparación real salarial y social entre quienes trabajan para las instituciones y los que lo hacen para empresas.
La iniciativa de reunir a estos representantes fue de los grupos junteros EH Bildu y Elkarrekin Araba, que habían solicitado su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de Juntas Generales para conocer el estado de la negociación de ese convenio así como los problemas que tiene el colectivo.
De esta manera, representantes de CCOO, ELA, LAB y ESK acudieron para dar cuenta de esas materias que les han llevado a celebrar numerosas movilizaciones para tratar de mejorar sus condiciones laborales como explicó la proponente de la comparecencia.
Nueve reuniones
En síntesis, estos trabajadores contaron que han celebrado hasta el momento nueve reuniones con la patronal, sin que haya habido de momento avances significativos. Tanto es así que este año 2021 aún no han tenido la revisión salarial de principios de año y temen que la de 2022 se retrase, porque la propuesta de la patronal es un incremento del 4 por ciento, pero repartido en tres años, lo que para los trabajadores "es insuficiente".
Por otra parte reclaman la equiparación de género, ya que el sector de intervención social está fuertemente femenizado y eso conlleva diferencias salariales y sociales.
A esas demandas se suman diferencias en cuanto a la cobertura de la incapacidad laboral, ya que los trabajadores contratados tras el I convenio no tienen derecho al cien por cien de sus retribuciones en caso de incapacidad, mientras que os anteriores si tienen reconocido ese derecho.
Reducción de la jornada laboral
Asimismo reclaman reducción de jornada laboral, de ocho horas menos por año; mejoras en licencias y permisos; facilidades para conciliar la vida profesional y laboral y hasta una mayor seguridad, tanto laboral que depende de las empresas concesionarias de los servicios, como personal, ya que en ocasiones han tenido que realizar derivaciones con escoltas armados.
Finalmente, a la Administración le piden que escuche sus propuestas y las tenga en cuenta, porque "no son para nuestro beneficio personal, sino para mejorar la atención a los colectivos".
Como terminó afirmando la representante de CCOO, Marta Ruiz de Arbulo, lo que "pedimos es que si somos un sector que cuidamos a las personas, esperamos de las instituciones y empresas, que cuiden de nosotros, porque también somos personas".
