- El lehendakari, Iñigo Urkullu, remitió una carta al presidente español, Pedro Sánchez, en la que le pide que se acuerden los mecanismos legales necesarios, dentro del actual estado de alarma, para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas contra la pandemia con “garantías jurídicas”. Esta petición llega después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) permitiera, en contra del criterio del Gobierno Vasco, la reapertura de la hostelería en los municipios con alta incidencia del coronavirus.

Urkullu, que dijo que respeta el auto del TSJPV, aunque no lo comparte ni entiende, advirtió de que “ignorar la realidad” y hacer “una interpretación naif de la pandemia” solo puede llevar a decisiones “inexplicables”. No obstante, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, tras evaluar la oportunidad o no de recurrir la decisión del TSJPV, optaron por no impugnar el auto. “Dado que solo se puede presentar recurso ante la misma Sala y los mismos magistrados, y que no existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas, el recurso no tiene, a nuestro juicio, posibilidades de eficacia posible”, explicó Urkullu.

El lehendakari también descartó la posibilidad de recusar al ponente de la resolución judicial, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Ángel Garrido, al entender que este no actúa contra el Gobierno, sino contra “la evidencia de la pandemia, de los criterios epidemiológicos y los de los profesionales sanitarios”. En este sentido, el lehendakari considera “significativo” que el juez Garrido se pronunciara públicamente en una tertulia radiofónica sobre esta cuestión antes de analizar las alegaciones presentadas por el Gobierno al recurso de los hosteleros que solicitaban, como medida cautelar, la reapertura de sus establecimientos. Para entonces, “ni siquiera le había dado tiempo a analizar las alegaciones”. “Es curioso”, opinó Urkullu.

En todo caso, el lehendakari expresó su convencimiento de que al Gobierno Vasco le asiste la razón, así como al Consejo Asesor del LABI, foro en el que están todas las instituciones vascas y que adopta las decisiones sobre las medidas para atajar la pandemia.

Tras remarcar que “no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia, ni la hostelería ni ningún otro” y que “la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros”, Urkullu señaló que ha vuelto a dirigirse a Pedro Sánchez para que, “en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerde con las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del estado de alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías jurídicas”.

El lehendakari indicó que aún no había recibido respuesta y recordó que es un planteamiento que ha reiterado a lo largo de las catorce conferencias de presidentes celebradas entre marzo y junio del pasado año, y que también se lo trasladó personalmente a Sánchez. Urkullu subrayó que otras comunidades autónomas también han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con garantías jurídicas para sus medidas contra la pandemia de coronavirus.