l pasado martes, el movimiento Benetako Green, que agrupa a colectivos ecologistas, vecinales o municipalistas de la capital alavesa, aseguraba que el Consejo Social de Vitoria-Gasteiz es “una mera comparsa del Servicio de Participación Ciudadana” en lugar de “un referente” que represente “a todos los movimiento sociales”. El Consejo Social está formado por representantes de elkargunes, auzogunes, el Consejo Escolar municipal, la asociación de Concejos de la zona rural y la Sindicatura, y su fin es aglutinar las inquietudes de estos colectivos y emitir informes sobre grandes temas estratégicos del municipio.

Benetako Green señalaba que el Consejo Social debería haber promovido debates e informes sobre cuestiones como el soterramiento o las denuncias de fraude en procesos participativos como el Plan de Movilidad.

Desde la Defensoría Vecinal, la síndica, Leire Zugazua, que participa en las reuniones del Consejo Social desde hace tres años a propuesta de sus propios miembros, rechaza que, como señalaba Benetako Green, este foro esté controlado por el Servicio de Participación Ciudadana. “Los técnicos hacen un trabajo encomiable -afirma Zugazua-, nos ordenan la cabeza, lanzan propuestas, ponen fechas y aglutinan la información”.

En ese sentido, recuerda que los integrantes del Consejo Social “participan fuera de sus horarios de trabajo” y no pueden asumir las labores de orden logístico que exigen sus reuniones. En cuanto a su implicación, la síndica recuerda que, por ejemplo, “en octubre se pidió al alcalde comparecer para explicar los proyectos que optan a los fondos europeos”, por lo que considera que “sí hay proactividad”.

Además, recuerda que el Consejo Social está estudiando los planteamientos de Benetako Green. “La crítica es bienvenida -concluye-; se trata de cambiar las cosas, pero aunque para algunos sea más lento de lo deseable, no comparto la protesta de Benetako Green”.

José Luis Otxoa, representante del Elkargune de Personas Mayores en el Consejo Social, recuerda que en este órgano hay “25 o 30 personas de muy diferentes sensibilidades” que no pueden trasladar al equipo de gobierno un planteamiento común, por ejemplo, sobre el soterramiento. Rechaza además que el Consejo esté supeditado al Servicio de Participación. “Los técnicos -asegura- son imprescindibles para reservar locales, cerrar fechas o preparar la traducción simultánea o los protocolos anticovid, pero no deciden sobre los temas, tenemos autonomía suficiente para hacer lo que consideremos”.

Explica, en ese sentido, que cuando el año pasado el Ayuntamiento respondió a su dictamen sobre los Presupuestos con “un folio”, se exigió que en quince días se les remitiera una contestación más motivada y extensa, y así lo hizo el Consistorio. “Este año ya la respuesta ha llegado en condiciones” sin necesidad de pedirlo, afirma.

Otxoa añade que auzogunes y elkargunes tienen capacidad para trasladar las cuestiones que consideren oportunas al Ayuntamiento, como el trabajo sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio que presentó en comisión el Elkargune de Personas Mayores. Otxoa, por último, reivindica que en el Consejo Social “se hacen cosas y nos gustaría hacer más, pero muchas no trascienden”. Entre otras, valorar las cuestiones que planteó Benetako Green.