- El Gobierno central aprobará hoy un plan de choque con medidas para tratar de poner de nuevo en marcha la actividad en los juzgados, tras la paralización en la que están sumidos desde que se decretara el estado de alarma. Decisiones, varias de ellas, no compartidas por el Colegio de abogados de Álava.

¿Cómo valora las medidas conocidas hasta ahora para restablecer la actividad judicial cuando finalice el estado de alarma?

-El borrador que nos han trasladado tiene como una de las medidas más importantes habilitar agosto como mes hábil, del día 12 al 31 concretamente, para, según dice el Ministerio, intentar agilizar el problema del atasco que ya se está produciendo. Nosotros no compartimos esta visión, no porque no queramos trabajar en agosto, porque si somos un servicio esencial debemos trabajar todos, sino porque entendemos que todos los operadores jurídicos tienen que cumplir los mismos requisitos.

¿En qué sentido?

-Por práctica habitual de los juzgados, de junio a septiembre es cuando todos los operadores jurídicos (funcionarios, jueces, letrados de la administración de justicia...) suelen coger vacaciones. Por tanto, de junio a septiembre es habitual que los juzgados estén al 50%, porque muchos funcionarios están de vacaciones. Nosotros lo que le proponíamos al Ministerio, y es la posición que mantenemos en nuestro colegio, es que agosto se declare inhábil y los funcionarios tengan la obligación de coger vacaciones en ese mes. De esa manera, provocas que el resto de meses (junio, julio y septiembre) los juzgados estén al 100%. Con la medida del Gobierno entendemos que va a provocar que sólo nosotros tengamos que trabajar, pero el resto de operadores jurídicos no tengan obligación de hacerlo porque van a poder seguir cogiendo vacaciones. Es una medida inútil para buscar una optimización.

¿Qué otras medidas propusieron al Ministerio de Justicia?

-Nosotros hemos pedido desde hace tiempo que los funcionarios vayan reincorporándose a los juzgados de forma paulatina, para ir trabajando y desatascando el problema que ha habido desde que se declaró el estado de alarma. A día de hoy, lo único que hay es un único funcionario por juzgado. Entendemos que hubiera sido una buena ocasión para que los funcionarios pudieran haber estado trabajando sin tener acceso al público, teniendo en cuenta que los juzgados están cerrados y no hay riesgo de contagio, guardando la distancia de seguridad y garantizando las medidas sanitarias, por supuesto.

¿Qué situación prevé cuando se levante el estado de alarma?

-Creo que va a haber una avalancha de demandas, tanto en la vía social, como en la civil y en otras. Si no se toman medidas, seguramente el sistema judicial colapsará. Tanto por lo laboral, con los ERTE, como por la vía civil, porque va a haber muchos contratos, como los arrendamientos de locales o viviendas en los que este virus ha entrado y ha modificado sustancialmente las condiciones de las partes.

¿Prevé también una avalancha de recursos por las sanciones de la Policía a quien se salta el confinamiento?

-Es una vía en la que es previsible que vaya a haber muchos recursos, sí, porque esta habiendo un aluvión de sanciones, y esas sanciones son susceptibles de recurrirse en el juzgado de lo contencioso.

Volviendo al paquete de medidas que va a aprobar hoy el Gobierno, también está previsto que los funcionarios de justicia trabajen en dos turnos, mañana y tarde.

-Se establece una jornada laboral de seis horas, por lo tanto los funcionarios van a trabajar 30 horas semanales en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. También se posibilita que los jueces puedan señalar los juicios por las tardes. Nosotros nos oponemos, no porque no queramos trabajar por las tardes, porque ya lo hacemos, sino porque nosotros las tardes las dedicamos a estar con los clientes y preparar los juicios. Si ponen vistas mañana y tarde nos van a imposibilitar realizar nuestro trabajos.

¿Cómo ha sido la situación en los juzgados de Vitoria desde que se declaró el estado de alarma?

-El principal problema que tiene el sistema informático de justicia en Euskadi es que no permite el teletrabajo. Tampoco en el resto de España, pero es que en Euskadi ni siquiera permitía hasta el día de hoy presentar nuevas demandas, como sí se ha podido hacer en el resto de España durante toda la semana pasada. Algo que ahora en Euskadi se puede con un sistema de cita previa. Eso evidencia un sistema en el que no se puede teletrabajar, y obliga a implementar una serie de medidas para que el sistema no colapse el día después del estado de alarma que se tenían que haber hecho desde hace tiempo, como ir aumentando el ratio de funcionarios.

¿Y en lo que al trabajo de los abogados respecta, cómo fueron los primeros días de esta crisis sanitaria?

-Los abogados del turno de oficio, que garantizan los derechos civiles fundamentales, tuvieron que ir a trabajar durante los primeros días sin mascarillas y sin protección, asumiendo riesgos porque son una garantía esencial del estado de derecho, y lo estuvimos cumpliendo asumiendo la responsabilidad que nos toca. Si todos tenemos que asumir esa responsabilidad, los funcionarios de justicia también.

Esta crisis sanitaria puede colapsar una Justicia ya saturada per se...

-Después del sistema sanitario, el judicial va a ser el que mas tensión va a tener, porque el efecto secundario de esta crisis, después del problema sanitario, será que el sistema judicial se verá abocado a una ingente cantidad de trabajo. Si no se hace algo desde ahora corremos el riesgo de que el sistema colapse. El judicial es un sistema que estaba ya bastante saturado, porque ningún gobierno se ha tomado en serio la justicia para dotarla de medios económicos suficientes.

¿Cómo está afectando esta paralización de la justicia a los despachos de abogados alaveses?

-Es una situación complicada. Con los juzgados cerrados, los procedimientos judiciales parados desde el 15 de marzo€ En este estado no nos permiten avanzar y tampoco se puede seguir facturando. Me consta que la situación es complicada, como lo es para gran cantidad del tejido económico y empresarial de toda la provincia y del país.

¿Considera entonces que la justicia no se tenía que haber paralizado a este nivel pese al estado de alarma?

-Los primeros días, por razones de seguridad sanitaria, era entendible. Pero una vez que ya tenemos la situación medida, con los juzgados cerrados al público, entiendo que se pueden implementar acciones para que a los funcionarios que no pueden trabajar desde su casa y que, de hecho, están cobrando el 100% de la nomina sin poder trabajar, se les llame para que trabajen en el juzgado, cumpliendo una serie de ratios y reglas para garantizar la seguridad sanitaria.

¿Cómo cree que se desarrollarán los juicios a corto y medio plazo? ¿Es viable mantener las medidas de seguridad en los juzgados?

-Va a ser complicado. El real decreto prevé una serie de medidas, como limitar el acceso de las personas a los palacios de justicia, pero con los juicios el sistema informático que hay ahora no permite la celebración de juicios virtuales. Si ni siquiera permite el teletrabajo, no digamos ya los juicios virtuales. Eso es algo que se tendrá que trabajar, guardar las distancias, medidas de seguridad...

¿Un sistema judicial colapsado puede acabar paralizando un país entero?

-Puede hacerlo. Si una persona presenta una demanda por una cuestión derivada de este virus, que ya de por sí tardaría meses en resolverse, y se dilata aún más, los ciudadanos no van a ver solucionados sus problemas, como los trabajadores afectados por un ERTE o cualquier otra casuística cuya única vía de solución sea a través del juzgado.

"Que agosto sea mes hábil es inútil si luego el juzgado está al 50% por las vacaciones de los funcionarios"

"Si los casos se alargan y los ciudadanos no ven resueltos sus problemas, el país se puede paralizar"

"Pensar en juicios virtuales es inviable cuando el sistema informático ni siquiera permite el teletrabajo"