vitoria - El proceso de reordenación y trasvase de competencias sociales sigue su curso en Álava con la vista puesta en el 31 de diciembre de 2020, la fecha límite fijada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Gasteiz vía convenio para adecuar el sistema a la nueva legislación, que emana del Decreto 185/2015 de cartera de prestaciones y servicios sociales. Un proceso largo y complejo que comenzó a dar sus primeros pasos a mediados de 2016, cuando se dio luz verde al Mapa de Servicios Sociales del territorio, el documento que concreta qué servicios y prestaciones económicas deben estar bajo el paraguas de uno u otro nivel institucional, el foral o el municipal.

El camino ha superado ya hitos importantes, como la asunción total por parte de la Diputación de recursos hasta ahora competencia de Gasteiz como los tres hogares destinados a menores en situación de desprotección -30 plazas- o los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación -Besarkada Etxea-, que sigue gestionando la Comisión Ciudadana Antisida a través de un convenio. También han pasado a ser competencia exclusivamente foral el servicio de atención sociojurídica y psicosocial a las situaciones de maltrato machista y agresión sexual a mujeres y menores de edad, un servicio en el que también participaba económicamente el Consistorio vitoriano a través de un convenio, y el del servicio de transporte adaptado, que dependía de los diferentes ayuntamientos. Tras asumir este servicio en su totalidad, el popularmente conocido como bono-taxi ha comenzado a llegar a todos los municipios del territorio con las mismas condiciones y coberturas.

lo más “inmediato” Uno de los recursos todavía pendientes de ser traspasados por completo del Ayuntamiento de Gasteiz a la Diputación es el Centro de Acogida Inmediata (CAI) para mujeres e hijos víctimas de la violencia de género, que según confirman fuentes forales será “lo más inmediato” en acometerse dentro de este proceso. El CAI es un servicio residencial que atiende de forma instantánea y en cortas estancias a las mujeres que han sufrido episodios de violencia machista y a sus descendientes, valorando asimismo sus necesidades con carácter previo a su derivación al recurso más idóneo. El CAI, que cuenta con un total de 12 plazas, abre sus puertas durante las 24 horas del día y todos los días del año y tiene como finalidad esencial lograr que las personas destinatarias sienten las bases hacia una vida satisfactoria y libre de violencia con atención social especializada. A pesar de que la Diputación ya asumió toda la gestión y la financiación de este recurso a fecha de 1 de enero de 2017, aunque con el seguimiento técnico del Ayuntamiento, y de que el CAI ya es un recurso totalmente foral desde el 1 de enero de este año, las mujeres que deben recurrir a él todavía son atendidas en pisos propiedad del Consistorio.

Según remarcan las mismas fuentes, el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) está trabajando ahora en la búsqueda de una nueva ubicación para el CAI, ya sea a través de la compra o el arrendamiento de viviendas, para comenzar a derivar allí a sus futuras usuarias. Los pisos seguirán ubicados en Vitoria, aunque en ellos serán susceptibles de ser alojadas mujeres de todo el territorio histórico y sus familiares.

Los tres asuntos gordos pendientes y que más tardarán en materializarse por su complejidad técnica son el traspaso del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Diputación al Ayuntamiento y, en sentido contrario, el trasvase a manos forales de la gestión de las plazas de la residencia San Prudencio y del Servicio de Urgencias Sociales, hasta ahora competencia del Consistorio. Los tres recursos deberán pasar a depender de su nueva institución competente antes del 1 de enero de 2021, tras la última prórroga de dos años de periodo transitorio que formalizaron Ayuntamiento y Diputación.

Para entonces, el IFBS habrá asumido la gestión de las 99 plazas residenciales, 40 de centro de día y otras 40 de centro de día de fin de semana para respiro que se ubican en San Prudencio y que están destinadas a personas mayores en situación de dependencia. Durante este periodo transitorio, el IFBS gestionará el acceso de las nuevas personas usuarias dependientes y asumirá el coste total de los servicios, mientras que el Ayuntamiento mantendrá la gestión y la prestación de servicios a cargo de personal municipal.

Mientras tanto, el proceso de trasvase de Urgencias Sociales de Vitoria a la Diputación está pendiente del resultado de la mesa técnica creada por ambas instituciones para analizar todo lo relativo a este servicio, que ofrece atención psicosocial al conjunto de la población residente en el territorio alavés en situaciones de necesidad social urgente, como paso previo a su derivación a la red de servicios sociales convencionales. Está dirigido a personas que padecen una elevada vulnerabilidad, ya sea por la exclusión residencial, por ser personas en tránsito sin recursos económicos, por sufrir problemáticas socio-sanitarias sin entorno familiar de apoyo o por haber sido población reclusa. El IFBS financia desde el año 2017 la mitad del coste de este recurso.

los pueblos... y vitoria En cuanto a la zona rural, un ámbito en el que se han dado “grandísimos problemas” como reconoció recientemente en una entrevista con este periódico la diputada Marian Olabarrieta, el mayor escollo ha estado y sigue estando en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que históricamente ha sido gestionado y financiado en un porcentaje muy importante por la Diputación junto a otros recursos que ahora son de competencia municipal. El ente foral abrió la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran volver a delegar en la Diputación la gestión del SAD, pese a que ahora ha pasado a ser competencia exclusiva de los municipios, pero no todos aceptaron, lo que ha dejado el traspaso en una situación de stand by que deberá resolverse antes de 2019. También deberá ordenarse la gestión de las viviendas comunitarias, los centros rurales de atención diurna o los servicios sociales de base de los pueblos.

En Gasteiz, y de vuelta al SAD, el Ayuntamiento ha pasado a financiar este servicio desde este 2018, aunque todavía sigue siendo gestionado por la Diputación. El traspaso completo del SAD deberá culminar también a 31 de diciembre de 2020. Por de pronto, Vitoria acaba de adjudicar por 8,6 millones de euros el contrato para la gestión del SAD durante los dos próximos años a la firma Aztertzen Servicios Asistenciales. Hasta ahora, ha proporcionado este servicio a las personas autónomas y ahora está asumiendo a las que se encuentran en riesgo de dependencia y a las dependientes de grado 1, como paso previo a la asunción de los dependientes de grados 2 y 3 antes de 2021. El Ayuntamiento también ha pasado a asumir los convenios de colaboración que ambas administraciones mantenían con el colectivo de cuidadores Ascudean, ya exclusivamente en manos de Vitoria desde el 1 de enero de 2017.

La labor municipal en este complejo ámbito se completará con la conversión de sus antiguas mini-residencias en viviendas comunitarias accesibles también dependientes de grado 1, de cuya atención ha pasado a ser competente fruto de la nueva normativa. Ya está en marcha la reforma de Los Molinos y en los próximos meses hará lo propio la de Aurora, cuyo expediente de contratación de obras fue aprobado precisamente anteayer. El Ayuntamiento ha adecuado también el Servicio de Atención Diurna (SAD) de Santa María de Olarizu, que antes de final de legislatura contará con unos nuevos apartamentos tutelados, creará un nuevo SAD en la plaza del Renacimiento y ganará entre ocho y diez plazas más de viviendas tuteladas en Villa Suso, donde los operarios también han comenzado a trabajar.

Límite. El proceso de trasvase de competencias sociales mira de reojo al 31 de diciembre de 2020, la fecha límite fijada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Gasteiz para adecuar el sistema a la nueva legislación, que emana del Decreto 185/2015 de cartera de prestaciones y servicios sociales. Un proceso largo y complejo que comenzó a dar sus primeros pasos a mediados de 2016, cuando se dio luz verde al Mapa de Servicios Sociales del territorio

En marcha. El camino ha superado ya hitos importantes, como la asunción total por parte de la Diputación de recursos hasta ahora competencia de Gasteiz como los tres hogares destinados a menores en situación de desprotección -30 plazas- o los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación, que sigue gestionando la Comisión Ciudadana Antisida.

Pendientes. Las grandes asignaturas pendientes son, además de reubicar en pisos forales a las mujeres víctimas de violencia machista, culminar el trasvase de las plazas de San Prudencio y del servicio de Urgencias Sociales de Ayuntamiento a Diputación o el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en sentido contrario.

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Plazas residenciales sumará a su red la Diputación cuando, antes de 2021, asuma la gestión total de la residencia San Prudencio, todavía de competencia municipal.