2 Carlos Mtz. Orduna
f Alex Larretxi
vitoria ? El centro penitenciario de Álava continúa funcionando a medio gas casi siete años después de su apertura, que supuso una inversión récord de 116 millones de euros de dinero público, mientras la vieja cárcel de Nanclares permanece abierta para medio centenar de internos e internas en tercer grado. Y, además, sin expectativas de futuro a la vista para una posible recuperación de sus terrenos en beneficio del pueblo, una reivindicación recurrente de los vecinos de la zona. Así se desprende al menos de una reciente respuesta por escrito del Gobierno español a Marian Beitialarrangoitia, diputada de EHBildu en el Congreso, quien el pasado febrero se interesó por la situación de ambas instalaciones y por la ausencia de noticias en torno al cierre del viejo penal. Un paso a todas luces lógico tras la construcción del macrocentro de Zaballa y por las precarias condiciones en que se encontraba y se encuentra Nanclares, que en principio sólo iba a permanecer abierta de forma transitoria.
En el texto, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el Ejecutivo Rajoy asegura al ser cuestionado sobre si se ha cerrado algún pacto entre Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Iruña Oka para ceder las instalaciones de la prisión de Nanclares al pueblo, que “no existe constancia documental de ningún acuerdo” entre ambas entidades en las bases de datos del Ejecutivo. Además, informa de que en la sección abierta de Nanclares ?donde están recluidos los presos en tercer grado? había 48 internos y cinco internas a fecha de febrero de este año, un total de 53, bajo la vigilancia de únicamente un funcionario en cada uno de los tres turnos de mañana, tarde y noche, una situación que se mantiene desde la apertura de la nueva cárcel
En cuanto a Zaballa, que según los datos oficiales de Instituciones Penitenciarias cuenta con 720 celdas y 304 más complementarias, la población reclusa ascendía a los 578 internos e internas a fecha de febrero de 2018, lo que apenas supera la mitad de la capacidad total del penal, a los que habría que sumar otro medio centenar largo de presos recluidos en los módulos auxiliares. Además, cuatro módulos de Zaballa permanecen todavía cerrados, al tiempo que al menos 74 presos del macropenal se encuentran en celdas compartidas. Del total de 700 reclusos que en el recuento facilitado por el Gobierno español se encontraban bajo la tutela del centro penitenciario ?ya sea en Zaballa o en Nanclares?, sólo 180 tenían residencia en Álava o en la vecina Gipuzkoa. Del medio centenar que se encontraba en tercer grado ?en Nanclares? y facilitó su provincia de residencia, apenas una docena tenía consignado el territorio alavés. “Todos los internos que se encuentran en la sección abierta de Nanclares han sido destinados a la misma atendiendo a razones de vinculación familiar, labores o sociales”, justifica en su respuesta el Ejecutivo Rajoy. La realidad es que la gran mayoría de la población reclusa es mayoritariamente de fuera del territorio ?aunque muchos de ellos vizcaínos? y que no existe ningún Centro de Inserción Social (CIS) dependiente de Instituciones Penitenciarias en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa para acoger a esos reclusos de régimen abierto y, en toda lógica, ayudar al cierre del viejo penal.
problemas recurrentes No es la primera vez que la situación de infrautilización de Zaballa, cuyo coste de mantenimiento ronda los 40 millones de euros anuales, y de vida prolongada y forzada de Nanclares salen a la luz y se denuncian. El colectivo más activo en esta línea ha sido siempre Salhaketa, que ya en mayo de 2012 hizo público un extenso informe que ya daba cuenta de estas y otras situaciones. “A fecha de hoy, no sólo no se ha cerrado la cárcel de Nanclares sino que ha empeorado la situación de las personas recluidas en ella en situación de tercer grado, que se encuentran abandonadas”, denunciaba por aquel entonces el colectivo de apoyo a las personas presas.
En el estudio, Salhaketa también daba cuenta de las “nefastas condiciones de encarcelamiento” de las personas recluidas en Zaballa apenas abierto, lo cual ya resultaba entonces “especialmente preocupante” por la situación de agravamiento que podría darse con el paso de los años. Y advertía de una cruda realidad de la que ya venía avisando durante todo el proyecto constructivo de Zaballa, al igual que hicieron numerosos representantes políticos e institucionales: “Con los recortes del gasto público, las prisiones recién edificadas o en fase de construcción resultan inviables”. l
