Vitoria. González ha explicado en rueda de prensa que la Diputación colabora con la Fiscalía en esta investigación, abierta hace meses y que intenta determinar si hubo tráfico de influencias o prevaricación en la actuación de los responsables de esta tarea a la hora de sobreseer o archivar estos expedientes.
Además de esos 29 expedientes que caducaron, de las 120 denuncias impuestas en ese periodo se finalizaron 81 expedientes, y de ellos más de la mitad, (48), fueron sobreseídos, con el añadido de que algunas de las infracciones calificadas por los guardas como graves o muy graves vieron rebajada esa categoría por otra más baja.
"Desde el principio ha habido plena colaboración con la Fiscalía en esta materia, se ha puesto a su disposición toda la información solicitada, y se está en contacto con ella", ha asegurado el diputado general.
Además, y tras detectar estas irregularidades, desde el Gobierno foral se han tomado medidas "para conseguir cambiar la dinámica que existía en esta cuestión", con ninguna denuncia caducada en 2016 y sólo 1 en 2017 "por una infracción leve".
"Se están poniendo medios continuamente para que estas caducidades no se produzcan y los expedientes acaben con resolución", ha explicado González, que reforzó este servicio al detectarse el problema y ha asegurado que cuando concluya la investigación de la Fiscalía adoptará las medidas que sean necesarias.
