vitoria - Se referirá el doctor y presidente de la asociación Derecho a morir dignamente a la eutanasia y el suicidio asistido, regulados a día de hoy sólo en cuatro países europeos -Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza-, en varios estados de Estados Unidos, en el australiano de Victoria, en Canadá y en Colombia. Y en el segundo de los supuestos también en Alemania, aunque en condiciones “muy estrictas”. La posibilidad de que el Estado cuente también con una Ley de eutanasia se ha abierto ahora con la nueva relación de fuerzas del Congreso de los Diputados.

Tomando como base el título de su charla, defiende que estamos ante dos derechos del siglo XXI que “no admiten más demora”. Sin embargo, ¿ve cercana la opción de que la eutanasia o el suicidio asistido se legalicen en el Estado?

-Estamos en una situación un tanto extraña, porque nunca ha habido un derecho civil ciudadano con tanto apoyo social, cifrado en España en torno al 80-85% de la población, y a la vez una indiferencia tan grande de parte del espectro político. Pero ahora, por el reparto de escaños del Congreso de los Diputados, sí que cabe la posibilidad de que una ley de eutanasia salga adelante, siempre y cuando el PSOE se decida de una vez por todas a impulsarla. De hecho, se comprometió a ello el pasado verano.

¿Cuentan ya con una garantía clara de que saldría adelante?

-En principio, tanto Unidos Podemos como las confluencias, y pensamos que el PNV también, apoyarían la regulación. De hecho, cuando el Parlamento Vasco estuvo trabajando sobre la Ley de Muerte Digna, una de las conclusiones que de allí salió con el apoyo de todos los partidos salvo el Partido Popular -que votó en contra- fue que es necesario ampliar los derechos de esas personas que no quieren esperar hasta su muerte natural, sino adelantarla, mediante esta regulación. La incógnita está en Ciudadanos, que como en muchos otros aspectos no se sabe muy bien dónde está.

¿En qué instancias están trabajando ahora para lograr su objetivo?

-Primero, intentando que el tabú de la muerte vaya desapareciendo, desde las escuelas hasta las residencias de mayores. Que las personas tomemos conciencia de nuestra condición de seres mortales, de que morir bien es una aspiración común, pero sabiendo que a veces esa aspiración depende de las decisiones que tomamos. Es importante que las administraciones se comprometan a promover la firma del documento de voluntades anticipadas para seguir avanzando en el menor sufrimiento posible a la hora de morir. También tenemos un trabajo importante en la difusión de un discurso plural en el mundo sanitario, donde sus instituciones no reflejan la pluralidad que sí existe en la sociedad. La mayoría de profesionales apoya que se regule la eutanasia, pero cuando escuchamos a la Organización Médica Colegial o a los colegios médicos del País Vasco nos preguntamos a quién representan con un discurso tan reaccionario y cercano a la Iglesia católica. Son cosas que pensábamos ya superadas.

Se ve por lo tanto que las resistencias son todavía importantes.

-Evidentemente sí. Están en la Iglesia, que suele recurrir a argumentos falsos como que con los cuidados paliativos nadie recurriría a la eutanasia o que esto podría abrir una caja de pandora, y también en el PP, que siempre va a poner obstáculos a la regulación para no molestar a la propia Iglesia y hacer un guiño a su sector más confesional.

¿Cuántas personas estarían a día de hoy en el Estado privadas de poner fin a su vida voluntariamente por la falta de regulación?

-Miles. Teniendo en cuenta que al año mueren alrededor de 400.000 personas y que el 3 o el 4% moriría con una eutanasia regulada, estaríamos hablando de cerca de 16.000, teniendo en cuenta las cifras de países como Holanda o Bélgica.

¿Qué consecuencias tiene para una persona que quiere morir, por ejemplo, ya en fase terminal, no poder hacerlo?

-Es un infierno. Son personas que cada día que se acuestan desean no volver a despertarse y que además llevan muchos años sufriendo.

¿Es habitual que se desplacen a otros países donde la eutanasia o el suicidio asistido sí estén regulados?

-No, es muy difícil por muchos motivos. Por las condiciones en que se encuentran, por el desembolso económico -entre 8.000 y 12.000 euros-, por los meses de gestiones que se requieren, por la barrera del idioma... En este mundo complejo se da la circunstancia de que fácilmente puedes encargar una sustancia letal a través de Internet y que el cartero te lo traiga a tu casa, como si fuese un reloj o un dispositivo electrónico. ¿Esto es lo que queremos? Esto evidencia que hay que hacer leyes que regulen la convivencia. Regular la eutanasia no va a acabar con los suicidios, pero una buena parte de ellos ya no serían violentos como ahora.

¿Cómo valora la situación en Euskadi después de los últimos pasos legales que se han dado? Se refería antes a esa Ley de Muerte Digna.

-Manifiestamente mejorable. Después de la experiencia de Andalucía, Aragón y Navarra, que fueron pioneros en impulsar leyes similares, advertimos de que ése no era el camino, que no hacía falta hacer una ley para tomar medidas efectivas. Ahora se ha visto que hay muchos temas sobre la mesa a los que no se presta suficiente atención. Lo que hace falta son medidas concretas que luego sean evaluables.

¿Por ejemplo?

-Primero habría que hacer un diagnóstico de cómo mueren los vascos. Y a partir de ahí, ver en qué aspectos mejorar. No decimos que sea sencillo, pero hay que tener claro qué es lo que se pretende. Una ley es muy grandilocuente, pero luego en la práctica vemos, por ejemplo, que se atiende a personas ateas en unidades de paliativos en manos de órdenes religiosas, como San Juan de Dios (Santurtzi), cuando igual no les apetece nada.