VITORIA. El lunes se reanuda en la Audiencia de Álava el juicio del caso De Miguel con la declaración de ertzainas que recogieron pruebas en domicilios de los investigados y otros vinculados con las grabaciones que destaparon este presunto caso de corrupción que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés.
Lo habitual es que hubieran sido los 26 imputados en este procedimiento los primeros en declarar pero finalmente, a petición de sus abogados y con el visto bueno de la Fiscalía, testificarán al final, tal y como acordó el tribunal tras escuchar a las partes.
Este juicio, el mayor sumario de supuesta corrupción instruido en Euskadi, arrancó el pasado 8 de enero con las cuestiones previas que se alargaron durante varias sesiones y, tras un parón para resolver las numerosas alegaciones presentadas, se inicia ahora la fase de prueba testifical.
Así en las seis sesiones fijadas para las dos próximas semanas están llamados a declarar 38 agentes de la Ertzaintza, algunos de ellos vinculados con las grabaciones que destaparon el caso, según han indicado fuentes jurídicas.
Esas grabaciones fueron entregadas por la abogada Ainhoa Alberdi a la Fiscalía en 2009 cuando denunció que el principal imputado en esta causa, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral, Alfredo de Miguel, le pidió una comisión de 100.000 euros por una adjudicación para su empresa en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
Entre los agentes que testificarán las dos próximas semanas está también el ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora que entregó Alberdi.
Todas las defensas han pedido la nulidad de esas grabaciones al observar "indicios de manipulación" y la ruptura de la cadena de custodia, algo sobre lo que el tribunal decidirá en la propia sentencia tras practicar todas las pruebas.
También están llamados a declarar los agentes que participaron en los registros de los domicilios de los acusados.
Las defensas también solicitan la nulidad de toda la instrucción por la conculcación de derechos fundamentales al considerar que los agentes se "extralimitaron" a la hora de extraer información de los ordenadores de los acusados e hicieron una incautación "indiscriminada" e "ilegal" de pruebas.
El tribunal, al igual que en el tema de las grabaciones, decidirá en sentencia esa petición, pero ha recordado que ya se pronunció durante la fase de instrucción sobre una petición en ese sentido y dijo que no observaba "extralimitación" policial.
Está previsto que el juicio se prolongue hasta octubre, dada la envergadura y complejidad del caso.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, mantiene que el principal acusado de la trama, para quien pide más de 54 años de cárcel, lideró un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".
Izaguirre afirmó al comenzar el juicio que la presunta trama tenía el amparo de "todo el establishment" y reclamaba comisiones ilegales desde correos electrónicos oficiales, "no en un callejón oscuro".
