Las causas judiciales por cláusulas suelo han experimentado un crecimiento exponencial en Álava a lo largo de los últimos meses. Durante la segunda mitad de 2017, el juzgado de refuerzo de Primera Instancia número 5 de Vitoria, dedicado en exclusiva a dictar resoluciones sobre esta materia, superó el millar de vistas relacionadas con esta práctica abusiva. Un total de 1.002 asuntos tratados que han llevado a un desdoblamiento interno de la sala, que ahora cuenta con dos jueces centrados en estos asuntos. A lo largo del año pasado, la sala dictó un total de 207 sentencias y en lo que llevamos de 2018 se han hecho públicas otras 187, lo que arroja una suma de 394 fallos judiciales.
La juez encargada de abordar esta labor en Vitoria, Inmaculada Samaniego, cuenta ahora, dentro del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, con el apoyo del juez decano, José Luis Nuñez Corral, titular de la sala. Ante la creciente carga de trabajo por asuntos relacionados con las cláusulas suelo, este magistrado, que hasta ahora se ocupaba de los otros pleitos que llegaban al juzgado, ha asumido también esta función.
Este juzgado trata los intereses abusivos de hipotecas, así como con la reclamación de los gastos notariales, o la inscripción e impuestos de las mismas. Conceptos que hasta hace bien poco recaían económicamente sobre los ciudadanos y que ahora deben sufragar los bancos. El posicionamiento de los magistrados en contra de las cláusulas abusivas ha revolucionado el panorama legal y obligado a designar salas especializadas en todo el estado. Sin embargo, se prevé que el fenómeno aún crezca más.
El mundillo jurista aguarda con expectación la inminente publicación de una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos de las hipotecas, una resolución anunciada para el pasado 31 de enero pero que aún no ha salido a la luz. Si los magistrados, tal y como se especula, deciden que todos los gastos son plenamente nulos, los expertos vaticinan una auténtica avalancha de nuevas reclamaciones.
Fue precisamente una resolución del Supremo la que inició esta bola de nieve legal. El 23 de diciembre de 2015, la sala publicó una sentencia por la que se declaró abusiva la práctica de imponer los gastos de formalización de las hipotecas a los clientes. Posteriormente, empezaron a reclamarse -total o parcialmente- otros conceptos, como los honorarios notariales, los gastos de registro, las tasaciones o los pagos a la gestoría cuando su intervención era exigida por el banco. La nueva sentencia podría extender la categoría de indebidos a otros muchos pagos, por lo que de momento se impone cierta cautela.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial , CGPJ, de nombrar juzgados exclusivos y excluyentes para estas labores -que en el caso de Vitoria sólo afectan al de Primera Instancia número 5-, se vio refrendada el pasado 28 de diciembre cuando la Comisión Permanente del citado organismo confirmó que en 2018 se seguiría con la misma política. Una medida que ha sido muy criticada por un sector de la judicatura que considera que no se ajusta a derecho. El Foro Judicial Independiente ha llegado a denunciar que la orden dada a los magistrados de estas salas de que realicen una estadística judicial e informen sobre señalamientos, demandas y sentencias en función del suplico de las mismas es, directamente, “ilegal”. Entienden que la directriz obliga a los jueces a revisar la documentación de muchas reclamaciones en plazos muy cortos de tiempo y recuerdan que los magistrados magistrados carecen de funciones de estadística judicial y de competencias en certificación.
bizkaia, a la cabeza Pese al notable aumento de las causas tramitadas en los juzgados alaveses, Gipuzkoa y, sobre todo, Bizkaia lideran el ranking de atención judicial a las cláusulas abusivas. Durante la segunda mitad de 2017, los juzgados de Donostia recibieron 1.654 reclamaciones mientras que los de Bilbao atendieron 4.779. El mes con mayor actividad en Bizkaia por este motivo fue el pasado septiembre, cuando se llegaron a tramitar 1.067 demandas, más que todas las registradas en Álava entre junio y diciembre. En el caso de la capital alavesa, también el mes de septiembre fue el más activo, con 478 asuntos relativos a cláusulas abusivas.
La aplicación de estos requisitos ha dado lugar a numerosos lanzamientos judiciales. Muchas hipotecas incluían cláusulas que permitían a los bancos iniciar desahucios por tan sólo tres impagos, una situación que se está reconduciendo legislativamente. Ayer, mientras los integrantes de Kaleratzeak Stop Araba protestaban en el exterior, dentro del Parlamento se acordó solicitar a los gobiernos vasco y central medidas para mejorar los protocolos contra los desahucios y buscar alternativas habitacionales para los desalojados. Los representantes políticos de la cámara a excepción del PP -que se abstuvo en varios puntos- apoyaron una enmienda transaccional que emplaza al Gobierno central a adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen que en los procesos judiciales de desalojo los demandados puedan interponer recursos para analizar judicialmente las consecuencias de su desahucio conforme al Pacto Internacional de Derechos Humanos.
Álava. Entre junio y diciembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, dedicado en exclusiva a cláusulas suelo, tramitó 1.002 asuntos.
Desdoblado. Este juzgado, que cuenta con un juez titular y una magistrada de refuerzo que se encargaba de las cláusulas abusivas, dedica ahora sus dos jueces a atender este tipo de casos.
Avalancha. La inminente publicación de una sentencia sobre gastos hipotecarios del Tribunal Supremo abra la puerta a nuevas reclamaciones y genere una avalancha de asuntos judiciales.
267
Tras el parón judicial de las vacaciones estivales, el mes de septiembre fue el que registró un mayor número de demandas sobre condiciones abusivas de contratación de hipotecas. Los juzgados de Vitoria gestionaron 267 de estas causas.
