vitoria - Aunque esperado, el rechazo del Tribunal Constitucional a admitir a trámite el recurso de amparo planteado por las Juntas Generales de Álava, relativo a la querella por los hechos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ha causado una honda decepción, tanto en la institución como en la Asociación de Víctimas. Ayer, mientras los servicios legales de la institución impulsora de la iniciativa estudiaban la respuesta remitida por los magistrados, los responsables de la agrupación ciudadana denunciaron “el aval del Tribunal Constitucional a la impunidad franquista” y anunciaron que estudiarán nuevas vías para mantener vivo el recurso, en esta ocasión elevándolo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tras el naufragio judicial de los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral y las Juntas Generales, ahora se evalúan las posibilidades de éxito que tendría un recurso promovido por los afectados a nivel particular.

“La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, señalan de forma sucinta los tres magistrados de la sala. Añaden en su notificación, fechada ayer mismo, que el Ministerio Fiscal dispone de tres días para interponer recurso de súplica y que de no tramitarse en este plazo “se archivarán estas actuaciones sin más trámite”.

De esta manera, la demanda de amparo interpuesta por las Juntas Generales de Álava contra el archivo de la causa penal incoada para la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad en Vitoria el 3 de marzo de 1976, llega al final de su recorrido legal. Un callejón sin salida al que ya llegó el recurso planteado por el Ayuntamiento de Vitoria por esta misma causa.

En su valoración, los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, lamentan que “el Tribunal Constitucional se limita a no admitir a trámite el citado recurso de amparo al entender que no se aprecia en el mismo la especial transcendencia constitucional que se requiere para su admisión”. Una resolución que califican de “sorprendente, insólita y vergonzante”, además de resultar “totalmente disconforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Andoni Txasko, integrante de la Asociación, puntualiza que a partir de ahora se abre un periodo de análisis conjunto con las administraciones para decidir la estrategia a seguir. “Parece ser que las instituciones no pueden presentar el recurso, por lo que no sabemos si tenemos que iniciar de nuevo todo el recorrido judicial, empezando por los juzgados de Vitoria”, aclara. “Queremos ver si, bien como asociación, bien de forma particular como afectados, tenemos posibilidad de llegar a Estrasburgo. Lo que sí vamos a intentar es que el proceso se dilate lo menos posible en el tiempo y si podemos evitar empezar de cero, lo haremos”, agrega.

En contra de la opinión expresada por los jueces, la Asociación entiende que la demanda de amparo planteaba cuestiones de “indudable especial trascendencia constitucional”, tales como la aplicación directa del Derecho Penal Internacional, el principio de legalidad internacionalmente reconocido, la prescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva.

“A pesar de todo ello, el Tribunal Constitucional dicta una providencia inmotivada y estereotipada sin atender en ningún momento a la real y verdadera trascendencia que, desde un punto de vista constitucional, el recurso de amparo tenía y mantenía”, aprecian sus portavoces.

algunas correcciones Salvo por modificaciones puntuales, la demanda que la Asociación quiere mantener viva mantendrá el espíritu de las tramitadas por el Ayuntamiento y las instituciones forales. “No sería la misma, pero sí muy parecida. Habría que corregir algunas formas de la querella, visto lo que han alegado los jueces para no admitir las anteriores. En todo caso, los abogados ya están trabajando en ello y consideran que quizás sea mejor actuar como particulares en lugar de como asociación, ya que no se exigiría fianza y el coste sería menor. En España ya hemos visto que no existe voluntad política ni jurídica para enjuiciar unos delitos de lesa humanidad, pero tenemos confianza en que la causa prospere al llegar a Estrasburgo. No únicamente sobre la denuncia de los particulares, sino sobre todos los hechos en sí”, apunta Txasko.

En esta misma línea, la agrupación constata, a través de un comunicado, “la falta de voluntad del Estado español para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, generando un profundo desamparo a las víctimas de las graves violaciones de esos derechos que acontecieron en nuestra ciudad el 3 de marzo de 1976”. A pesar del revés judicial, la Asociación anuncia que seguirá impulsando acciones legales “para que de una vez por todas el Estado español reconozca el derecho de acceso a la Administración de Justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva a las víctimas de la represión feroz ejercida por la dictadura franquista”. “No cejaremos en el empeño hasta que los juzgados y tribunales del Estado español comiencen a dictar resoluciones acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional”, aseguran.

A lo largo de los próximos días, sus integrantes contactarán con las instituciones impulsoras de las querellas -Juntas Generales, Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-, para que junto con los abogados y una vez agotada la vía judicial en España, valoren las posibilidades de buscar justicia en instancias internacionales, fundamentalmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Seguimos empeñados en acabar con la impunidad que mantiene España y buscar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que la legislación internacional reconoce para todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, concluyen.

Rechazo. El Tribunal Constitucional ha anunciado su rechazo al recurso presentado por las Juntas Generales de Álava sobre la querella por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976, en los que fueron asesinados cinco trabajadores que participaban en una asamblea. Los jueces no aprecian “especial trascendencia constitucional”.

Estrasburgo. Tras el rechazo del Constitucional a los recursos de las distintas administraciones públicas alavesas, los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo se plantean un cambio de estrategia legal para llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo. En lugar de apoyarse en las instituciones, ahora actuarán como afectados a nivel particular.

Impunidad. A la hora de valorar el rechazo del Constitucional al recurso, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo considera que el tribunal “avala la impunidad franquista”.

El portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo asegura que realizarán las modificaciones legales necesarias para garantizar que la querella por violación de derechos humanos llegue al Tribunal de Estrasburgo.