vitoria - El centro de acogida de menores extranjeros no acompañados Bideberri de Vitoria es, según los empleados que trabajan en él, un polvorín a punto de estallar. Preparado para mantener a 12 jóvenes por módulo, o 15 en un caso de emergencia, el primero de los dos existentes da cobijo a 29 chicos que no disponen “más que de los servicios mínimos imprescindibles”. Los que llegaron primero cuentan con el “privilegio” de dormir en camas, pero el resto lo hace, de acuerdo con el relato de las educadoras, en bancos o directamente en el suelo. La Diputación, por su parte, reconoce el “alto índice de ocupación” en Bideberri I, si bien puntualiza que la situación es “excepcional y esperemos que puntual”. Los responsables forales precisan que durante el mes de octubre llegaron 17 menores a Álava y que aunque se atiende a todo el colectivo -sostienen que nadie duerme en el suelo sino sobre colchones y sofás-, confían en que todo se reconduzca y el servicio vuelva a prestarse con normalidad. El pasado 26 de octubre, una delegación de la Diputación viajó a Madrid para participar en una comisión interterritorial sobre menores y expresar su preocupación. En estos momentos, espera a que el Gobierno español ofrezca una solución, tal y como se comprometió a hacer.
Los cuidadores afirman no dar abasto con el número de chavales que se les asigna. Los menores únicamente disponen de tres duchas para asearse y el “hacinamiento” puede desembocar, según advierte el delegado de ELA, Ramón Uriarte, en “problemas graves”. Ni el portavoz sindical ni las trabajadoras que denuncian la situación comprenden los motivos que llevan a que esto ocurra en un centro foral, por lo que Uriarte asegura que “los hechos nos llevan a pensar que la Diputación lo permite de forma consciente para evitar el efecto llamada”, afirmación que la Diputación desmiente.
Abierto en 2008, Bideberri dispone de dos módulos con capacidad para 12 usuarios por módulo, susceptibles de ser incrementados en 3 plazas cada uno “en situaciones excepcionales”. En la actualidad, el primer módulo acoge a 29 menores -28 según la Diputación- y el segundo a 16. “La situación no es nueva ya que hay exceso de usuarios acogidos desde hace más de un año”, lamentan las trabajadoras, que reclaman a la Diputación la habilitación “de modo inmediato de un nuevo recurso”.
Los portavoces forales afirman que el compromiso de la Diputación se evidencia a través de la inyección constante de personal para el centro, ya que se formalizaron 5 contratos en agosto, otros 5 en octubre y está previsto cerrar otros 6 en noviembre. El representante de ELA considera que la medida es un “parche” y asegura que la falta de espacio físico para atender a los jóvenes ha llegado a un límite insostenible.
Las trabajadoras detallan que la Diputación cuenta con un presupuesto cerrado para los 15 primeros chicos de cada módulo y que estos sí disponen de algún beneficio, como poder llamar a sus padres por teléfono o una pequeña paga en caso de buen comportamiento. El resto, únicamente techo y comida. “Ellos ven lo que sucede y nos preguntan porqué no pueden llamar por teléfono a sus casas como hacen otros”, apuntan las monitoras. Estos agravios comparativos desestabilizan la convivencia e incrementan la presión.
A la aglomeración de menores, el estrés y las descompensaciones, las empleadas denuncian estar “desbordadas” y emplazan a la Diputación a buscar soluciones. Desde el ente foral se insiste en que se han tomado las medidas oportunas y que la situación es “puntual”.