vitoria - Los juzgados de Vitoria han celebrado a lo largo de los últimos meses un rosario de vistas con un denominador común: la persona que se sentaba en el banquillo de los acusados era una exprocuradora acusada de presunta apropiación indebida o mala praxis. Varios de sus antiguos clientes han promovido causas contra ella, acusándola de quedarse con su dinero o, en otras ocasiones, ofrecen testimonios acusatorios cada vez que la Fiscalía actúa de oficio. En el caso de ayer, un hombre llamado a declarar por el fiscal acusó a la mujer de haber dilatado durante años y de manera artificial un pleito por el que debía haber cobrado una indemnización de más de 6.000 euros. Cantidad que, a día de hoy, aseguró no haber recibido. El Ministerio Público considera que la exprocuradora ha incurrido presuntamente en un delito de deslealtad profesional y, al no concurrir responsabilidad criminal, reclama para ella dos años y medio de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado o procurador, así como una multa económica.

El testigo de la Fiscalía relató que conoció a la acusada cuando trabajaba como director de hotel en Vitoria. Posteriormente, cuando tuvo un accidente de tráfico en el que reclamaba una cierta cantidad de dinero a una empresa aseguradora, la contrató como procuradora al tiempo que recurría a los servicios de un abogado de Bilbao.

La sentencia inicial falló en favor del demandante y el juez condenó a la aseguradora a indemnizarle con 19.805,63 euros. La acusada, según el testigo, retiró rápidamente el dinero, que se encontraba consignado en una cuenta del juzgado, pero una segunda sentencia emitida como resultado de la aceptación parcial de un recurso de apelación, redujo la cantidad que el hombre debía recibir. En lugar de los 19.805 euros, el magistrado ordenó que percibiera únicamente 6.822,25 euros.

Como había que devolver una parte de lo retirado y la aseguradora actuó más deprisa que la tramitación llevada a cabo por la exprocuradora, la firma procedió al embargo de las cuentas del hombre y de varios de sus familiares hasta satisfacer los 12.000 euros de diferencia. Cuando la acusada los reintegró, los embargos quedaron anulados y el dinero regresó, un mes después, a las cuentas de las que había salido.

Lo que nunca apareció fueron los 6.822,25 euros. El testigo de la acusación declaró que el juicio tuvo su origen en 2006 y que más de una década después “aún no he recibido ni un solo euro”. Cuando el hombre trató de hablar con el abogado que llevaba la causa, éste le acusó de no haberle pagado. “No recibí ni el dinero ni las facturas del letrado, ninguna notificación. Y la procuradora dejó de responder al teléfono. No me han dado ninguna explicación”, aseguró.

De acuerdo con el fiscal, la exprocuradora dilató el pleito presentando numerosos recursos que carecían de sentido con el único fin de que el delito por presunta apropiación indebida del dinero prescribiera, como así ha sucedido finalmente. Por ello, la única salida que le queda a la acusación es la de acusarla de deslealtad profesional.

La acusada, por su parte, negó todos los hechos y garantizó que el cliente dispuso de información puntual de todo el proceso porque se acababa de licenciar como abogado y sabía muy bien cómo evolucionaba la causa. Para justificar la prolongación del pleito y la presentación de los recursos, afirmó que se había producido un desajuste de cifras en contra del cliente y que el juzgado le había cobrado 1,20 euros de más. Declaró que, a pesar de lo ínfimo de esta cantidad, el hombre se había empeñado en litigar para reclamarla de vuelta y que todo ello había provocado que el proceso siguiera vivo casi once años después de que se iniciara. Este nuevo juicio contra la exprocuradora quedó ayer visto para sentencia.