vitoria - El punto final de una relación de pareja puede representar el comienzo de un indeseado peregrinaje por los juzgados, sobre todo si surgen acusaciones cruzadas de malos tratos. Este es el caso de dos vecinos de Vitoria, quienes meses después de zanjar su noviazgo acabaron a golpes en un bar de la ciudad, lo cual les ha llevado a tener que verse las caras en varias ocasiones ante el juez. Ayer tuvo lugar el último de estos encuentros en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, sala en la que la expareja alcanzó un acuerdo de conformidad por el que ambos deberán realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Los dos comparecieron como denunciantes y acusados tras haberse acusado mutuamente de maltrato. Además, ella aseguró en su denuncia que él le amenazó de muerte asegurando que había contratado a un sicario en el barrio de Zaramaga.

La pelea que motivó el episodio de ayer se produjo el pasado día 5 de febrero en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Urbina de Vitoria aunque la pareja se había roto previamente, en diciembre de 2016. Alrededor de las 16.30 horas, ambos comenzaron una fuerte discusión en medio del bar. Según ella, por los insultos que él le dirigía en ese momento. De las palabras pasaron a las manos y los dos intercambiaron diversos golpes en el transcurso de la trifulca, que fue observada por varios testigos.

Una vez finalizada la agresión, el balance médico indicó que ella sufrió lesiones en el brazo izquierdo que requirieron de cinco días para curarse. Él, por su parte, registró una herida en el labio superior y dolor de oídos provocado por uno de los impactos. Tardó 12 días en reponerse completamente.

Cuando él se disponía a abandonar el bar en el que se había producido la pelea, ella afirmó en su denuncia que le dedicó varias amenazas. De acuerdo con lo recogido por la Fiscalía en su acusación, “con la intención de quebrantar el ánimo de su expareja y causar en ella una sensación de miedo y desasosiego”, se dirigió a ella simulando tener en la mano una pistola con la que le disparaba y le dijo “te voy a matar”. Acto seguido, según la mujer, el hombre dijo “ya lo he contratado”, en alusión a una conversación mantenida entre ambos en la que él, presuntamente, confirmó su intención de contratar a un sicario en el barrio gasteiztarra de Zaramaga para acabar con su vida. Al día siguiente de producirse estos hechos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó una orden de protección en favor de la denunciante.

Pese a la gravedad de los hechos juzgados, por los cuales el ministerio fiscal solicitaba un total acumulado de 15 meses de prisión para el acusado y otros seis meses de cárcel para ella, la conformidad alcanzada ayer por ambas partes redujo la tensión y la severidad de las penas. Finalmente, el juez dio su visto bueno a la imposición de 31 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad para cada uno de ellos y confirmó, además, la pena que prohibe la comunicación entre ambos. Una decisión no exenta de complejidad, ya que ambos trabajan en la misma empresa y deben coordinar sus respectivos calendarios laborales para coincidir lo menos posible.

50 euros de hachís Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria también tenía programada para ayer la celebración de una vista contra un ciudadano de origen marroquí afincado en España de forma regular que, presuntamente, a cambio de 50 euros ofreció 9,2 gramos de hachís a una persona que se encontraba en el establecimiento de la calle Galicia en el que él trabajaba como camarero.

Acusado de un delito contra la salud pública, la Fiscalía solicitaba inicialmente para el denunciado 3 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 200 euros. De forma paralela, el fiscal solicitó en su acusación el sobreseimiento provisional de las ventas supuestamente realizadas a otras dos personas en el citado local ya que, a pesar de la investigación policial realizada, no quedó suficientemente acreditado que la las drogas que se les incautaron por parte de los agentes fueran proporcionadas por el acusado. Respecto del primer comprador, no se practicó diligencia de prueba que permitiera determinar el origen del hachís que se le decomisó y en cuanto al segunda, éste acabó declarando en comisaría que la droga se la había vendido un joven magrebí fuera de la barra y que la mantenía oculta en la parte trasera de una máquina tragaperras que había en el bar.