Cuatro años y medio de cárcel para un grupo de cinco personas por estafar a Lanbide

De acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, los magistrados consideran probado que los cinco acusados, todos ellos nacidos en la ciudad paquistaní de Gujrat, residentes en Vitoria y en prisión provisional desde el pasado año, “urdieron una estrategia con el fin de obtener de modo ilícito ayudas económicas públicas”. La sala ha accedido a sustituir las penas de prisión de dos de los condenados por la expulsión del territorio nacional durante un periodo de 10 años.

Una vez analizados los requisitos exigidos por Lanbide para la concesión de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), “idearon la forma de engañar a este servicio público para percibir ilícitamente las mismas mediante la creación de identidades ficticias y la alteración o elaboración de la documentación pública u oficial exigida, a nombre de tales identidades”.

Con el fin de burlar las exigencias relativas al empadronamiento, los acusados alteraban totalmente distintos documentos oficiales para acreditar “de manera artificiosa” un padrón de tres años. Creaban una identidad para cada una de las solicitudes de RGI que tramitaban, para lo cual presentaban altas y bajas de certificados de empadronamiento totalmente ficticias correspondientes a los ayuntamientos de Vitoria, Bilbao, Donostia, Bermeo, Barakaldo, Gabiria, Llodio y Oion. Las fechas que se incluían no tenían nada que ver con la realidad o eran, directamente, falsificados y asociados a identidades ficticias.

falsificadores Como cada solicitud va ligada a una única identidad, confeccionaban documentación ad hoc para cada una de ellas. Usaban pasaportes de la República de Pakistán con los mismos nombres que incluían en los certificados de empadronamiento e incorporaban fotografías suyas “con el objetivo de confundir a los empleados de Lanbide encargados de recoger toda la documentación”, explican los jueces. Además, puesto que Lanbide efectúa el ingreso de las mensualidades correspondientes a las RGI y las PCV directamente a las entidades bancarias, abrían cuentas a nombre de las identidades falsas que creaban.

En el caso concreto del cobro de la PCV, aportaban contratos de alquiler, de subarriendo de habitaciones y autorizaciones para subarrendar estancias por parte de los presuntos propietarios. Documentación igualmente falsa y preparada a medida para cada ocasión.

Todo este entramado de papeles fraudulentos obligaba a disponer de sellos de silicona y tampones especiales, los cuales fueron hallados en casa de uno de los detenidos durante un registro policial. La investigación también puso al descubierto la existencia de libretas manuscritas con anotaciones de muchas de las identidades falsas empleadas, libretas de ahorro a nombre de dichas filiaciones, pasaportes manipulados y expedientes completos de RGI.

La acusación de pertenencia a banda organizada queda confirmada, según la sentencia, en el hecho de que “la totalidad de los acusados constituía un grupo de personas dedicado a crear documentalmente, presentar, gestionar y mantener las mencionadas identidades simuladas”. Uno de los condenados se ocupaba de la custodia de los materiales para la alteración de documentos y el resto se encargaba tanto de gestionar los cobros como de solicitar y renovar la RGI y las PCV, amén de abrir las cuentas bancarias a nombre de las identidades ficticias. Igualmente se repartían las labores de búsqueda de viviendas que poder arrendar, a la confección de contratos simulados sobre las mismas, a la gestión de las rentas y al trato con los caseros.

Los delitos. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava entienden probado que se ha cometido un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y un segundo delito de pertenencia a grupo criminal.

Multa. Las condenas, al margen de acarrear un periodo de inhabilitación especial para el derecho de sufragio equivalente al del ingreso en prisión -de cuatro años y medio en total para cada uno de los enjuiciados-, conllevan una multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros “con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago”.

Indemnización. A pesar de que la acusación particular que actuó en nombre de Lanbide solicitó una indemnización de 469.295 euros, finalmente los jueces han acordado imponer 180.330 euros “más los intereses legales” por este concepto, cantidad equivalente al dinero defraudado al Servicio Vasco de Empleo.

Defensa. La defensa de los acusados no negó que los integrantes de la trama hubieran falsificado las documentaciones, pero aseguró que los amaños eran de muy mala calidad e inhábiles para producir error. Aunque señalaron que “sólo la negligencia de los empleados de Lanbide dio lugar a que se tomaran por auténticos”, los ertzainas que declararon en el juicio confirmaron que se trataba de imitaciones muy bien ejecutadas.