madrid/Vitoria - La gestión del expediente para una eventual reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña amenaza con dar mucho de qué hablar. No en vano, ayer mismo, el nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -organismo encargado de supervisar las instalaciones atómicas en el Estado-, Manuel Rodríguez Martí, reconoció en su comparecencia en las Cortes que la documentación del expediente para la reapertura de la planta se gestionó de manera “distinta” a lo habitual.
Se da la circunstancia de que el hasta ahora subdirector de Instalaciones Nucleares del CSN compareció ayer en la Comisión de Energía del Congreso, en la que se decidió de manera favorable su nombramiento como secretario general del regulador nuclear, con la abstención del grupo socialista y Ciudadanos; y el voto en contra de Unidos Podemos.
El citado, quien llega al cargo desde su posición de técnico del CSN al que llegó en 1985 como ingeniero industrial, defendió en su intervención su idoneidad para el cargo y la no existencia de incompatibilidades para su desarrollo del mismo. Tras su discurso se abrió un turno de preguntas en el que diputados de los tres grupos que no votaron a favor cuestionaron el “secretismo” con el que se ha tramitado el expediente de la reapertura de la planta atómica ubicada en el municipio burgalés del Valle de Tobalina. El nuevo secretario general del CSN admitió en su respuesta “que se estableció un sistema distinto con la documentación que se iba generando -en el expediente de reapertura de Garoña- para limitar el acceso” al mismo. Y es que, mientras la documentación relativa al resto de expedientes es de libre acceso para los técnicos, como reconoció Rodríguez Martí, no lo fue en el caso de Garoña, donde los documentos se manejaron en papel y no se pusieron a disposición de la totalidad de los técnicos.
“Era un expediente que necesitaba confidencialidad y tuvo un sistema de gestión documental específico”, defendió el nuevo secretario general del CSN, quien fue el encargado de dirigir la tramitación del dictamen sobre Garoña, instalación que se encuentra a escasos 40 kilómetros de la capital gasteiztarra y en la misma muga entre la provincia castellana y el territorio histórico de Álava.
Rodríguez Martí justificó que el informe favorable a la conexión a la red de la planta burgalesa, si realizaba las mejoras que se le pedían, “fue consecuente con las funciones del CSN, estuvo centrado en la evaluación de los técnicos y no tuvo segundas intenciones ajenas a la responsabilidad a informar en materia de seguridad y protección radiológica”.
Explicó también que las discrepancias de parte del cuerpo técnico sobre cómo se gestionó ese expediente y otros relativos a las centrales de Almaraz (Cáceres) o Vandellós (Tarragona), “fueron puestos de manifiesto por técnicos que no intervenían en el proceso”.
El nuevo secretario general del CSN negó que “exista una barrera entre personal técnico y jerarquía” del organismo regulador, como le reprocharon varios diputados, e insistió en que el regulador “funciona en el desarrollo estricto de sus funciones, sin entrar en el debate de la política energética, que es una competencia que no le corresponde”.
Rodríguez Martín aseguró que su objetivo como secretario general del CSN será “mejorar aspectos en la comunicación interna” del regulador, y “mantener sus actuaciones en el máximo rigor técnico”.
Desde Equo El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde justificó el voto en contra de su grupo al nombramiento argumentando que el nuevo secretario general del CSN ha tenido “un papel clave en el aval para la reapertura de Garoña, aún cuando no había cumplido los propios requisitos de seguridad que le impuso el regulador”. “Pensamos que Rodríguez Martí es una pieza más en la complicidad que existe entre la dirección de las centrales nucleares y la del CSN”, concluyó el diputado gasteiztarra. - Efe/DNA / Foto: Alex Larretxi
año. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el pasado el pasado 8 de febrero un dictamen favorable para la reapertura de la central nuclear de Garoña, situada en el valle burgalés de Tobalina, la más antigua del Estado, y paralizada desde 2012. Su vida útil, de reengancharse, superaría los 40 años.
