Vitoria - Julen consiguió un trabajo de camarero. Un dinerillo extra que le vendría bien para vadear el bache económico que atravesaba. Cuando acabó su turno, lo celebró con sus compañeros. Un par de copas que acabaron siendo algunas más y que hicieron correr el reloj más allá de las seis de la mañana. De regreso a su casa, miró su coche aparcado, volvió la cabeza, observó la calle vacía y se dijo a sí mismo que al día siguiente le iba a dar mucha pereza volver a pie a por el coche. Se subió al vehículo, avanzó con toda la cautela de la que disponía en ese momento y, al llegar a un cruce, ya muy cerca de su domicilio, desde una esquina brotó un agente de la Policía Local. Pirulo luminoso en mano, le hizo señas para que girara hacia la izquierda. Pánico. Un dispositivo completo de control de alcoholemia le aguardaba expectante. Sopló por la boquilla de plástico y el resultado hizo que el agente le invitara a pasar a la furgoneta de atestados para realizar la prueba por segunda vez. La confirmación de la tasa constató sus peores expectativas.
Alcoholemia positiva. ¿Y ahora qué? Vayamos por partes. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el coche no se puede quedar ahí. Es más, al no encontrarse en condiciones legales de pilotarlo los agentes ni siquiera permitirán que el conductor lo estacione. Tampoco van a prestarse a aparcarlo ellos, así que es conveniente contar con alguien que pueda acercarse a echar una mano. De lo contrario, la grúa se lo llevará al depósito y habrá que pagar el enganche. Por supuesto que, si acude al día siguiente a por el vehículo, los policías comprobarán que el piloto ya no se encuentra bajo los efectos del alcohol antes de entregarle las llaves y cobrarle la tarifa correspondiente.
Segundo punto: la detención. En Álava, los agentes procuran no practicar arrestos por este motivo salvo en casos extremos. La alcoholemia es positiva a partir de los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado -0,15 para conductores noveles-, de manera que a partir de esa cifra y hasta los 0,4 miligramos se da una infracción administrativa que se solventará con la imposición de una multa y del detraimiento de los puntos correspondientes en el carné. Sólo se considerará delito si los agentes aprecian síntomas muy evidentes de borrachera en el conductor, por lo que conviene mostrarse natural, discreto y mantener una actitud cooperadora para no agravar la situación.
Entre los 0,4 y los 0,6 miligramos, aún hay posibilidades de no terminar en juicio. Las causas se suelen archivar y la cuestión se solventa habitualmente con multa y puntos. Pero eso sí, hay que acudir a los juzgados acompañado de un abogado, con lo que toca abonar la minuta correspondiente. Si se superan los 0,6 miligramos, se acabaron las opciones. La Ley señala que es delito. El imputado y los perjudicados, si los hubiere, reciben una citación y suele celebrarse un juicio rápido. Aquí caben dos posibilidades: conformarse con la pena impuesta -mínima- o enzarzarse en un pleito. La primera alternativa conduce a un escenario en el que la pena se reduce a un tercio, lo que equivale a 8 meses de retirada del carné -244 días- y al pago de una multa -800 euros-, o en su defecto al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad durante 22 días. Si se corre el riesgo, se litiga y el juez acepta el argumento, puede dictar el archivo y no habrá consecuencias. Pero si por contra confirma la comisión del delito, la pena se cumplirá íntegramente.
Un juicio implica la contratación de un abogado. Si no se cuenta con uno de confianza, la justicia asignará uno de oficio que, ojo, no quiere decir libre de pago. A menos de que la situación económica permita acogerse a los servicios de justicia gratuita, el abogado de oficio cobrará por su trabajo. El rango de las minutas es muy amplio y puede oscilar entre los 400 y los 2.000 euros. Cuando el proceso pasa a la fase de ejecución también habrá que pagar los servicios del procurador.
Se han dado casos de conductores que tras un accidente y antes de que aparezca el cuerpo policial correspondiente se han ido al bar a beber alcohol. Durante el juicio alegan que lo hicieron “por nervios” y que la alcoholemia positiva que registraron los agentes fue posterior al incidente. Según los expertos consultados, “la estrategia no suele funcionar”.
Acto seguido, toca entregar el carné. Puede hacerse en tres momentos. A la Policía en el momento de los hechos, durante la instrucción del juicio o mediante requerimiento. En la última opción, una llamada de teléfono emplazará al interesado a depositar físicamente el carné en los tribunales y a cumplir con sus obligaciones, bien mediante el pago de la multa, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Al tratarse de una pena accesoria cuenta con una vigencia de un año, de modo que si en ese tiempo no suena el teléfono, el condenado quedará libre de los subsiguientes compromisos.
Existen diferentes formas de cumplir con los trabajos comunitarios. Pueden realizarse en algún lugar de confianza que certifique la asistencia o puede ser el juzgado el que determine el destino. Hay quien ha acudido a un centro penitenciario a pintar un muro y quien ordena almacenes de organizaciones caritativas, pero muchos infractores acaban realizando un curso de concienciación en los propios juzgados. Cuatro viernes o cuatro sábados consecutivos en los que hay que acudir puntualmente al Palacio de Justicia para completar un proceso de concienciación vial en el que, entre otras cuestiones, se realizan trabajos, se llevan a cabo escenificaciones de casos reales y se debate, todo ello bajo la tutela de un experto.
Finalmente, sólo resta un trámite. Asistir a un curso de reeducación en una autoescuela que cuesta 400 euros. No requiere de examen posterior, así que se acude en calidad de oyente. Hay muy pocas autoescuelas que lo impartan -en Vitoria sólo Claxon-, de manera que conviene reservar plaza. Una vez concluido, basta con esperar a que expiren los ocho meses y el carné regresará intacto, con la misma cantidad de puntos que tenía en el momento de entregarlo.
