Pamplona. La propuesta, presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, ha contado con los votos a favor de estas formaciones y del PSN, frente al rechazo de UPN y PPN.
En la resolución, se exige al Gobierno español el cierre de Garoña y la elaboración de un plan de transición energética "basado en un modelo seguro y sostenible en términos económicos y medioambientales".
Una enmienda presentada por el PSN ha añadido dos nuevos apartados, planteando que se declaren nulas las autorizaciones que se hubieran emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear para la reapertura de la central y que se adopten las medidas oportunas para poner en marcha un plan de adaptación económica y de reindustrialización de las comarcas afectadas por el fin de la actividad.
La parlamentaria de I-E Marisa de Simón, que ha recordado que "aunque no funcione", la central "sigue sin desmantelar", ha recordado la "peligrosidad" y los "serios problemas que sufrió la infraestructura", que derivaron en más de 8 accidentes.
Tras lamentar la intención del PP de reabrir la central, ha subrayado el daño "irreparable" ocasionado al río Ebro, que "tardará años en volver a recuperarse" porque la contaminación "tuvo sus efectos en la fauna".
La socialista Inma Jurío ha advertido de la existencia de intereses económicos "ocultos" detrás de la intención del PP de reabrir la central. "La reapertura puede poner en peligro la seguridad medioambiental y sanitaria de muchas personas", ha señalado.
El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha apuntado que "en estos cinco años no se ha tenido la necesidad de la electricidad que dejó de producir", por lo que esta decisión de reapertura "se corresponde más a los intereses" que el PP "tiene con todas esas empresas en las que, tarde o temprano, acaba colocando a sus amiguetes".
En nombre de EH Bildu, Dabid Anaut ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear haya dado el visto bueno al prolongamiento de la vida de la central hasta 2031, algo "incomprensible" pues ya tiene 40 años de antigüedad y está "obsoleta", presentando "grandes dudas" acerca de su seguridad.
"Pese a que una serie de reformas exigidas por el propio Consejo no se han llevado a cabo, ha dado su autorización", ha lamentado, tras recordar que era necesaria una "gran inversión" para su puesta en marcha.
Anaut se ha mostrado en contra de la reapertura por razones "medioambientales y de seguridad", pero además ha cuestionado "el modelo energético vigente".
La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha recordado que la central ya cumplió con la vida útil de 40 años con la que fue diseñada y ha explicado que la "falta de cautela del órgano, en principio independiente", existe debido a un "vicio democrático de origen", pues cinco de sus miembros fueron designados por PSOE y PP.
Tras destacar este "problema de fondo", ha precisado que se está tratando de favorecer el "gran negocio eléctrico" poniendo en peligro a su juicio la seguridad de la ciudadanía. "La única central segura es la que está cerrada, y a veces ni esa", ha zanjado.
Por el contrario, el regionalista Iñaki Iriarte ha explicado que España es un país con un gran "déficit energético", y se ha mostrado favorable a la elaboración de un plan de transición energética.
"Nos gustaría conseguir que toda la energía que necesita nuestra economía provenga de fuentes limpias y renovables, pero en estos momentos no nos parece realista", ha indicado.
