vitoria - Posiciones enfrentadas en el largo culebrón legal que arbitra la devolución de las cantidades adscritas a las denominadas vacaciones fiscales vascas. Después de que el Supremo haya confirmado la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en 2013, la representación legal del Grupo Ros Casares -actualmente en concurso de acreedores- interpreta que, al anularse el proceso y retornarlo a su punto inicial, la compañía tiene derecho a recobrar el dinero ya entregado en concepto de devolución por los beneficios fiscales obtenidos en su día de forma “irregular”, a juicio de la Unión Europea.
La defensa del grupo, representada por el abogado Ignacio Varona, señala que la compañía podría haber entregado ya al ente foral 4,5 millones de euros, por lo que, si la administración concursal da su aprobación, reclamará al erario alavés esta cantidad más los intereses devengados.
La Diputación alavesa, por su parte, realiza otra lectura, diametralmente opuesta a la de la compañía. Entiende que el Supremo, al refrendar la postura del TSJPV, lo único que exige al gobierno foral es que preste audiencia a la defensa de Ros Casares, que acepte a trámite las reclamaciones que tenga a bien presentar y que finalmente decida si el grupo debe entregar o no el dinero que obtuvo como resultado de la bonificación fiscal del 45%. El largo procedimiento judicial, iniciado en 2007, podría extenderse aún más en el tiempo. - A. Burdain
