Vitoria. Shesa ha respondido así a este movimiento social, que se opone a la extracción de gas en Álava y aboga por un nuevo modelo energético, ya que hoy ha denunciado en un comunicado la publicación por parte de Shesa en el Boletín Oficial del País Vasco del anuncio de licitación previo a la adjudicación de trabajos de extracción de gas en Armentia-2, cuando el proyecto está en pleno procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Shesa quiere hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales, no de fracking, en Armentia-2 con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención, con un coste total de 27 millones, de los cuales el 44 % (11,8 millones) corre a cuenta de esta sociedad pública vasca y el resto será sufragados por Petrichor (36 %) y Cambria (20 %).

Para Berriztu!, sin embargo la publicación del concurso significa que "el Gobierno Vasco tiene prisa por ejecutar sus planes de perforación y para ello no duda en dejar a un lado la participación social en el proyecto y solapar los procedimientos", por lo que pide paralizar la tramitación de este permiso.

Fuentes de Shesa han aclarado a Efe sin embargo que los procedimientos administrativos para poner en marcha proyectos de esta envergadura "son complejos y se alargan mucho en el tiempo", por lo que la publicación del inicio de licitación previo a la adjudicación de trabajos para extraer gas "es una exigencia a cumplir para seguir adelante con los permisos solicitados".

La razón de este concurso, han añadido, es "hacer un estudio de mercado para conocer en la actualidad las compañías de servicios con capacidad para realizar el sondeo".

Han recordado que el sondeo para el que se ha hecho esta licitación no se hará hasta que se obtengan todas las autorizaciones necesarias, tanto la medioambiental, que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, como la industrial, que debe conceder el Ministerio de Industria, así como otros permisos técnicos y de ámbito local.

En el caso de la autorización medioambiental, Shesa ha subrayado que está en trámite de consultas y que se prevé consultar a 30 agentes sociales y administraciones.