Según la Constitución, uno de los fines primordiales de las penas y medidas de seguridad es la reeducación y reinserción de los condenados. Un objetivo que no siempre se consigue entre rejas pero sí bajo las fórmulas alternativas a prisión que en Euskadi permiten ver de cerca los duros efectos del mal perpetrado. Una segunda oportunidad que desde 2011 se encarga de gestionar el Servicio de Gestión de Penas del Gobierno Vasco (SVGP), tras un acuerdo con Instituciones Penitenciarias, para todos los que habiendo cometido algún delito menor, puedan eludir la cárcel siempre que asuman su responsabilidad por las consecuencias del mal cometido y contribuyan a la reparación del daño causado a su víctima o a la comunidad a la que pertenece. Tal es el caso de los 2.000 autos de este tipo que se dictan en Álava cada año. Así, por ejemplo, según las cifras que maneja el Servicio Vasco de Gestión de Penas, creado expresamente para velar por dicha labor, en este 2016 ya hay un total de 1.824 de personas en este territorio con delitos leves (penas de tráfico, agresiones sexistas, robo...) que han pasado por castigos alternativos a la prisión. De ese total, 835 ya están finalizados y 939 siguen en activo. Todos ellos se debían a sanciones leves de menos de dos años de duración y en personas que no eran reincidentes,
Según explica el director de Justicia del Gobierno Vasco, Manuel Valín, se trata de una “intensa” gestión. “Porque hay mucho contacto entre los juzgados y las diferentes entidades que colaboran para el cumplimiento de estas medidas, pero merece la pena para que se cumpla la condena alternativa de la persona penada”, declara.
El objetivo, como precisa Valín, es “poner desde la Administración Pública medios para que se cumplan las penas alternativas a la cárcel, para lograr la reinserción de la persona penada y su reeducación”.
Y el balance, desde su creación en 2011, no puede ser mejor para el director vasco de Justicia. “Sería muy pretencioso decir muy bien, pero la valoración global es que estoy razonablemente satisfecho con este servicio porque se cumplen las medidas y el plazo”, agrega Valín.
De hecho, Álava es el territorio vasco en el que más se agilizan los tiempos para que se ejecuten estas penas alternativas. Como cuenta el coordinador de Euskadi del Servicio Vasco de Gestión de Penas, Heraclio Varona, en Álava el plazo medio de espera es menor de seis meses. “Casi es de ejecución inmediata. El tiempo de respuesta es más corto porque el volumen de autos es inferior al resto de provincias al tener menos población”, detalla el responsable de Euskadi de este servicio del Gobierno Vasco.
A ello también ha ayudado este año que, tras la reforma del Código Penal, se ha producido un incremento en Euskadi del contrato del Servicio vasco de Gestión de Penas en 150.000 euros más, lo que ha servido para aumentar la disponibilidad del personal. Un equipo multidisciplinar encargado de coordinar estas medidas resocializadoras y sustitutivas de la cárcel en los casos siempre de delitos de menor gravedad.
No cabe duda de que se trata de un refuerzo necesario, si se tiene en cuenta el “aumento progresivo de autos desde 2011” y también porque no hay año en el que no se arrastren casos del ejercicio anterior. “Los autos no son estancos porque los cumplimientos no son inmediatos”, aclara Varona. Prueba de ello son los datos de la Memoria del SVGP de 2015, ya que, además de los 1.144 autos recibidos en 2015 hay que añadir los 934 que estaban en curso de años anteriores, lo que hace un total de 2.078.
Así, de acuerdo a la memoria de 2015 del SVGP, el responsable del Servicio vasco de Gestión de Penas es capaz de detallar que en Álava durante el pasado ejercicio predominaron las penas por violencia de género (378 autos), por seguridad vial (344), contra las personas (88) y delitos contra el patrimonio (27). “Y el perfil de la persona que más condenas alternativas a la cárcel se dictaron corresponde con el de un hombre de 31 a 40 años, de nacionalidad europea”, añade Varona.
“Los trabajos en beneficio de la comunidad es la pena que hacemos de manera abrumadora que en ocasiones también se trata por multas, en el caso de que se trate de personas insolventes”, agrega. En concreto, del total de 835 autos ya finalizados este año, 540 fueron por trabajos en beneficio de la comunidad. Lo mismo pasa con los 989 autos que permanecen activos en Álava (con 484 casos por este tipo).
En todos ellos, se trata de las personas que tienen que realizar labores comunitarias en Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones o administraciones públicas, como los ayuntamientos. Las posibilidades son casi infinitas, tantas como el abanico de entidades disponible. Según precisa Carla Sobera, responsable del SVGP de Álava, en este territorio “tenemos más de 30 entidades con las que colaboramos: que luchan contra la exclusión social o cuidan el medio ambiente o los animales. Hay de todo”. Pero ya sean entidades privadas o públicas, siempre son de utilidad pública, en las que “rige el principio de flexibilidad para que la persona penada participe activamente. Si trae una propuesta, se puede ofrecer él”, añade.
Este caso, por ejemplo, es el de Josemi, la persona que hace trabajos en beneficio de la comunidad para cumplir una sanción relacionada con un delito contra la seguridad vial en la nevera solidaria de la asociación Salburua Burdinbide (se encarga de buscar proveedores para llenarla o de limpiarla, entre otras tareas). Y lo hace por su propia iniciativa, ya que fue él mismo el que se puso en contacto con la propia agrupación, al ser un vecino jubilado de este barrio gasteiztarra. Una cercanía que se intenta buscar.
Para ello, es clave la entrevista personal, el primer paso después de que la persona penada dé su consentimiento para cumplir con una de estas fórmulas alternativas a la cárcel. “Tratamos siempre de adaptar el cumplimiento de la pena al lugar en el que resida o en función de su situación familiar o laboral para lograr esa integración comunitaria”, recalca Sobera.
Es por eso que la responsable alavesa del SVGP insiste en que “es fundamental estar con esa persona” para lograr esa labor educativa que busca dicho servicio. “La sociedad participa en la reeducación y son los beneficiados de esas tareas de las que la persona penada se responsabiliza”, afirma Sobera.
A continuación, se establece contacto con la entidad para que ésta vea si el candidato es idóneo. “No todas las personas valen para todas las entidades, en función del delito o de la personalidad, pero lo habitual es que sean colaboradoras”, dice Sobera. Y sea el caso que sea, siempre se hace un seguimiento de la persona penada.
Suspensiones Otra de las medidas alternativas al ingreso en prisión es la suspensión de condenas para acogerse en programas de terapia o de salud mental, con 480 autos activos en este 2016 y 280 finalizados. Este caso sería, por ejemplo, el de las toxicomanías. “Se trata de penas cortas de cárcel que se suspenden a condición de que no vuelva a delinquir”, explica Sobera.
Por último, la tercera fórmula alternativa a la reclusión es la medida de seguridad en un centro de salud mental. Para ello, hay dos vías, la de un tratamiento ambulatorio o la del ingreso en un centro de salud mental. Como asegura Sobera, ésta es la vía “menos numerosa”, con 25 autos activos en Álava y 15 finalizados en este 2016, pero en Euskadi tiene “una particularidad”, que es la de cumplir la condena en centros de la red psiquiátrica normalizada.
