vitoria - FCC y GMSM reciben casi dos millones de euros al mes por limpiar la ciudad. Es el contrato más oneroso del Ayuntamiento. Y ni siquiera pasa la prueba del algodón. En los seis primeros meses del nuevo servicio, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2015, el control exhaustivo y diario que realizó el gabinete de Gorka Urtaran concluyó que la UTE había dejado de prestar servicios por un valor de 494.288,36 euros, resultado de máquinas barredoras y escobas que no salieron, de contenedores que no se recogieron, de baldeados de calles que no se hicieron... Pero cuando ha llegado el momento de descontar de la factura los primeros incumplimientos, pues el pliego de condiciones contemplaba por primera vez en la historia del aseo de la ciudad que únicamente se pagaría por los trabajos realizados, estas dos empresas han decidido no aceptar las reglas del juego al que se presentaron y retrasar lo máximo posible la operación llevando a Vitoria hasta los tribunales.

En el proceso de alegaciones administrativas, la UTE presentó reparos y trasladó al Ayuntamiento su intención de recurrir al Contencioso en caso de que el proceso continuara adelante. Fue entonces cuando los Servicios Jurídicos municipales advirtieron de que el expediente que se había elaborado usaba una fórmula para descontar los servicios no prestados que no estaba contemplada tal cual en el pliego de condiciones, por lo que en caso de llegar a juicio la locomotora legal de FCC podría barrer al Ayuntamiento. El contrato establecía el derecho del Consistorio a descontar de los pagos el coste de las labores que no se realizaran, pero como siempre hay tareas no programadas que se van llevando a cabo por necesidades puntuales, actuaciones que en ese mismo plazo de tiempo sumaron 253.404,48 euros, el equipo de gobierno decidió optar por la vía más cómoda para las dos partes y restar a las primeras las segundas para por tanto descontar de la siguiente factura la cantidad resultante. Esto es, 240.883,30 euros.

Los Servicios Jurídicos constataron el riesgo, y ante el convencimiento de que FCC y GMSM recurrirán cada deducción que quiera hacer el Ayuntamiento, aconsejaron archivar el expediente cuanto antes y realizar uno nuevo aferrándose a la literalidad del pliego de condiciones para llegar a los tribunales con una mayor seguridad jurídica. Y así lo ha hecho el equipo de gobierno. La primera certificación ya está en la papelera y se han reiniciado los trabajos para, por un lado, descontar los servicios no prestados y, por otro, pagarle a la UTE las labores puntuales que no estaban programadas. Por separado, tal cual dictaba el contrato. A efectos prácticos, el resultado será prácticamente el mismo tanto para las arcas municipales como para la contrata de limpieza, según los primeros nuevos cálculos, pero Vitoria podrá partir de una posición más ventajosa cuando se produzca el encontronazo legal.

El Ayuntamiento está convencido de que lo habrá, como también son mayoría las voces que sospechan que sólo será la primera de muchas más batallas judiciales. Que cada vez que se traslade a la contrata de limpieza una factura con deducción, cada seis meses, llegará el recurso. No obstante, en el gobierno tienen claro que continuará el control y seguirán girándose las devoluciones. Si de algo ha presumido siempre Urtaran es de que, gracias a la presión de su partido al final de la pasada legislatura, el contrato se preparó con la condición de la revisión semestral para pagar únicamente por los servicios efectivos. Un control motivado, en gran parte, por las experiencias negativas que Vitoria había tenido con FCC desde su desembarco en la ciudad de la mano del exalcalde Alfonso Alonso. Y no ha sido sencillo de materializar.

El Ayuntamiento ha tenido que diseñar de cero una metodología entre varios departamentos municipales a partir de la cual poder presupuestar cada actuación no realizada día a día. Y para detectar los incumplimientos, ha introducido diferentes herramientas de seguimiento: inspecciones de calle, huella digital para que los trabajadores fichen, arco electromagnético que identifica la salida de los vehículos y GPS instalados para monitorizar las rutas en tiempo real. El problema es que el control no ha tenido, de momento, el resultado deseado. La intención de Urtaran era alentar a la UTE a cumplir los servicios cuando quedara en evidencia que no estaba realizando correctamente su trabajo. “El objetivo no es ahorrarnos parte del dinero que supone la contrata. Lo que quiero es abonar el cien por cien de la factura porque eso significará que se ha hecho el cien por cien de los servicios de la contrata”, dijo el pasado mes de julio, cuando presentó la liquidación del primer semestre. Pero las empresas no han interpretado el mecanismo del mismo modo.

La reacción de la UTE, en vez de negociar cuestiones puntuales en las que pudiera haber dudas, ha sido la de rechazar la deducción al completo para ajustar cuentas en los tribunales. Y no sólo eso. Además, según informaron desde el gobierno a este periódico, ha recurrido uno de los expedientes sancionadores que, paralelamente, se han ido tramitando desde el inicio de la legislatura por distintos incumplimientos. En total se han impulsado seis, de los cuales dos fueron archivados, uno se ha ejecutado con una multa de 600 euros, otro ha derivado en una sanción de 30.000 y ahora el Ayuntamiento tiene pendiente de ejecutar otros dos de 3.000 y 600 euros, respectivamente. No le temblará el pulso.