VITORIA. El Gobierno foral espera que esta norma contribuya a mejorar la gestión, la planificación y evaluación de sus políticas, que facilite la participación ciudadana y el acceso de la sociedad a la información.
El texto se remitirá a las Juntas Generales de Álava para su tramitación y --en su caso-- posterior aprobación por parte de los grupos junteros, con los que el Gobierno ya ha mantenido conversaciones en torno a este proyecto.
El objeto de la norma foral es "reforzar la sociedad democrática", impulsar una acción de gobierno transparente y una administración "más eficaz, cercana y servicial".
Para lograr dichos objetivos, se implantarán principios de gobernanza como la planificación y evaluación, y la transparencia y la participación.
La Diputación pondrá en marcha un 'Portal de Gobierno Abierto', una web que estará operativa en el plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de la presente norma.
CRITERIOS "RIGUROSOS"El proyecto establece la obligación de contar con un 'Plan de Gobierno' en el plazo máximo de un año de la constitución del Ejecutivo Foral. El plan gubernamental deberá identificar los objetivos estratégicos, las actividades y medios para alcanzarlos, y los órganos para su ejecución.
La norma establece criterios "muy rigurosos" en la evaluación previa de impacto de anteproyectos de norma foral y actuaciones significativas, como su seguimiento y evaluación de resultados.
De esa forma, se pretende aumentar "el rigor y la transparencia" en la acción de gobierno y establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía. Asimismo, se establecerán sistemas de evaluación de los servicios públicos por parte de las personas usuarias.
La norma establece la obligación de la Administración Pública de poner a disposición de la sociedad, de forma entendible y sin una petición previa, la información pública en su poder.
Bajo este concepto de publicidad activa, se deberá publicar de manera sistemática toda aquella información cuyo acceso solicite la ciudadanía con mayor frecuencia.
Esta medida no solo obliga a la Diputación Foral, organismos autónomos, entidades y sociedades públicas, y fundaciones y consorcios del sector público foral. También están obligadas a la aplicación de las normas de publicidad activa las entidades privadas que reciban subvenciones forales en una cuantía superior a 100.000 euros anuales o cuando el 40 por ciento de sus ingresos sean ayudas públicas forales.
El Ejecutivo alavés deberá publicar información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades forales, incluidos sueldos y declaraciones de bienes e intereses.
Asimismo, hará públicas las informaciones sobre contratos, convenios y subvenciones.Además, se creará el Consejo Foral de Transparencia, que resolverá aquellas reclamaciones que presenten los ciudadanos en relación a solicitudes de información dirigidas a cualquier entidad del sector público foral.
PARTICIPACIÓNEn cuanto al capítulo que regula los procesos participativos, destaca la creación de un registro, en el que se podrán inscribir personas físicas y jurídicas sobre los asuntos de su interés. Dicho registro servirá a la Administración foral para comunicar a estas personas y entidades los procesos participativos sobre los que están interesados.
El proyecto introduce el derecho a promover iniciativas reglamentarias, que a diferencia de la Iniciativa Normativa Popular, no se tramitarán ante las Juntas Generales de Álava, sino directamente ante la Diputación Foral.
Las iniciativas reglamentarias requerirán un número mínimo de firmas, las mismas que la Iniciativa Normativa Popular, es decir, al menos el dos por ciento del censo.
