vitoria - Gorka Urtaran escogió tras las elecciones municipales la carta de gobernar en minoría y, desde entonces, la ha jugado como ha podido para tratar de sellar acuerdos que le permitan gestionar la ciudad. Con su primera mano importante, la fiscalidad, no tuvo suerte. Obligado a rendir pleitesías a un PP enconado o acercar posturas con EH Bildu con la condición de romper el pacto que ya había rubricado con los empresarios alaveses para rebajar el IAE, acabó optando por prorrogar las ordenanzas de 2015. Fue un inicio fallido de un camino que, no obstante, enderezó cuando decidió dejarse pelos en la gatera en favor de quienes le auparon a la Alcaldía. A los pocos meses consiguió un pacto presupuestario con la incorporación de 11,2 millones de euros en partidas del bloque de izquierdas. Después desbloqueó la ampliación del tranvía y la implantación del BRT con la coalición abertzale. Y al poco resolvió el IBI de 2017 aparcando su propuesta para dar el visto bueno a la que lanzó su socio en materia de movilidad. Se puso en sus manos. Posición que EH Bildu va a volver a forzar con la presentación de un planteamiento propio, esta vez con la totalidad de impuestos, tasas y precios públicos.
Dentro de una semana, el viernes 21, finaliza el plazo de presentación de enmiendas de los grupos de la oposición a la propuesta fiscal del equipo de gobierno, pero se prevé que unos días antes EH Bildu haga pública su alternativa para cada una de las ordenanzas fiscales, en las que han estado trabajando los seis ediles del grupo las últimas semanas. Recurriría así al guión que usó a cuenta del IBI de 2017, con una presentación previa ante los medios de comunicación antes de rubricar con Urtaran un posible acuerdo que otras fuerzas consideran que ya está cocinado. Desde la coalición abertzale aseguran, no obstante, que no ha habido reuniones específicas entre las dos partes para tantearse e intentar conciliar posturas.
A Urtaran, en cualquier caso, no le quedan más opciones que negociar y ceder si no quiere prorrogar por segundo año los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria. Aun con la entrada del PSE en el gobierno municipal, los votos no le dan, por lo que necesita apoyos de fuera. Contar con el PP es a priori imposible. El único acuerdo alcanzado con los populares fue el de la rebaja del IAE, que le trajo por el camino de la amargura. Y, desde entonces, todo lo que ha recibido de ellos han sido críticas a su gestión, avivadas especialmente por los procesos electorales. Tampoco con Podemos e Irabazi le sale la suma, y eso en caso de que pudiera producirse, posibilidad cada vez más remota por los incumplimientos presupuestarios de las partidas de las llamadas fuerzas del cambio y la actual situación política a nivel autonómico.
EH Bildu tiene, por tanto, la sartén por el mango. Pero en su mano está también hacer oposición con responsabilidad. Ya ha adelantado que es preciso tener en cuenta la situación económica del Ayuntamiento y, por tanto, la necesidad de generar ingresos vía impuestos para garantizar la prestación y calidad de los servicios municipales. Ahora bien, “no con las subidas lineales planteadas por el PNV y PSE”. El proyecto fiscal del equipo de gobierno contempla incrementos del 15% en basuras, del 10% en IAE, vehículos, abono deportivo, vados, cementerio, OTA y veladores, de diez céntimos en el billete de Tuvisa y en la factura de Amvisa, del 10% en Intervención Social y Formación Ocupacional, congelación del ICIO y de las tasas educativas y una acusada reducción del 35% en las plusvalías, más la bajada media ya pactada del IBI del 6%. Traducido a una familia tipo de cuatro personas, con vivienda, garaje e inscrita a las piscinas municipales, la consecuencia sería una subida de 38,24 euros el año que viene, 3,18 euros más al mes.
“Moderada y justa”, calificaron PNV y PSE en la presentación pública de la propuesta fiscal, mientras EH Bildu negaba con la cabeza desde su despacho. La coalición abertzale tiene claro que con incrementos indiscriminados, al estilo tradicional, “se carga el peso en las familias sin tener en cuenta la situación de cada una de ellas”. Por eso, su intención es aplicar en la medida de lo posible criterios de progresividad, de manera que pague más quien más tiene y viceversa, dando “un giro social a la fiscalidad” de Gasteiz. Además, la propuesta que está elaborando se sustenta en toda una serie de datos solicitados a los técnicos municipales del Departamento de Hacienda sobre el gasto estructural del Ayuntamiento para determinar qué presión es la justa y, a partir de ahí, decidir qué hacer con el dinero recaudado. Su obsesión compartida con otros partidos sigue siendo la de tener una fotografía conjunta de ingresos y gastos para así “establecer prioridades”.
21 de octubre. Finalización del plazo de presentación de enmiendas de los grupos políticos al proyecto de ordenanzas fiscales del equipo de gobierno.
26 y 27 de octubre. Debate y dictamen en comisión de Hacienda de las enmiendas presentadas a la propuesta del gobierno.
28 de octubre. Aprobación provisional de las ordenanzas fiscales de 2017.
31 de octubre. Publicación en el BOTHA de los acuerdos de aprobación provisional de las ordenanzas y comienzo del plazo de alegaciones y reclamaciones por parte de la ciudadanía.
15 de diciembre. Finalización del plazo de presentación de alegaciones y reclamaciones.
21 de diciembre. Propuesta de aceptación o rechazo de las alegaciones por parte de la Junta de Gobierno Local.
21 de diciembre. Dictamen de la propuesta de la Junta de Gobierno Local en comisión.
23 de diciembre. Aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de 2017 en Pleno.
28 de diciembre. Publicación en el BOTHA del acuerdo de aprobación de las ordenanzas.
1 de enero. Entrada en vigor de las nuevas ordenanzas.
38,24
La propuesta fiscal del equipo de gobierno contempla incrementos del 15% en basuras, del 10% en IAE, vehículos, abono deportivo, vados, cementerio, OTA y veladores, de diez céntimos en el billete de Tuvisa y en la factura de Amvisa, del 10% en Intervención Social y Formación Ocupacional, congelación del ICIO y de las tasas educativas y una acusada reducción del 35% en las plusvalías, más la bajada media ya pactada del IBI del 6%. Para una familia tipo de cuatro personas, supone una carga extra fiscal el año que viene de 38,24 euros.
