Vitoria - La carta que el Ayuntamiento de Gasteiz guardaba como último recurso para mitigar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se esfumó ayer definitivamente. Según anunció el diputado general, Ramiro González, el gobierno foral ha decidido descartar la propuesta de modificación de la norma foral destinada a paliar el incremento en la capital alavesa. Una posibilidad ad hoc, reclamada por el Consistorio gasteiztarra para amortiguar el incremento del 28% a las viviendas de VPO, que la Diputación aceptó estudiar el pasado mes de abril , pero que finalmente queda enterrada “ante la falta de consenso” entre los grupos de las Juntas Generales.

De hecho, el diputado general avanzó que su ejecutivo no tiene intención de modificar la norma del IBI “durante esta legislatura”. “No hay ninguna previsión de hacerlo”, zanjó Ramiro González. Así las cosas, si a partir de ahora el gabinete de Gorka Urtaran quiere mitigar la subida de este impuesto durante el resto de legislatura deberá poner sobre la mesa una nueva propuesta, en busca de un acuerdo con la oposición que ahora mismo se encuentra a años luz de producirse.

En lo que a la ya evaporada posibilidad de acometer una reforma en la norma foral respecta, el diputado general recordó que, además de la ausencia de acuerdo, la modificación se planteaba pensando únicamente en el Ayuntamiento de Vitoria, lo que supondría un agravio ante los 51 consistorios que pueblan el territorio alavés. Una medida de gran calado que, como incidió, debía ser “meditada y, sobre todo, consensuada” entre las fuerzas políticas. Sin embargo, tras reunirse “con los representantes de los tres principales grupos de la oposición” en las Juntas Generales, el diputado general constató, según afirmó ayer en la Comisión de Hacienda, que el necesario consenso no existía en modo alguno.

“Uno de esos tres portavoces me transmitió que no tenía sentido realizar una reforma sólo para Vitoria, pero otro me transmitió directamente que no estaba dispuesto a darle un balón de oxígeno a Gorka Urtaran aprobando esta medida”, desveló el diputado general sobre las conversaciones mantenidas en las últimas semanas. Aunque no lo nombró directamente al lanzar la citada frase, el portavoz juntero del Partido Popular, Javier de Andrés, se sintió aludido y, al no tener turno de réplica durante la comisión, se acercó posteriormente a los medios de comunicación presentes, visiblemente enfadado, para negar que su partido se haya opuesto a esta reforma y transmitir que van a presentar su propia propuesta para modificar la norma foral del IBI, ante lo que consideró una “falta de valentía” del gobierno foral.

“No es un problema de falta de valentía, es un problema de falta de consenso, tanto aquí como en el Ayuntamiento, y del desinterés real de una fuerza política en solucionar los problemas que ella misma ha causado a los vecinos de Vitoria con dos malas decisiones de Javier Maroto y De Andrés”, incidió Ramiro González, en referencia a la decisión de los populares de solicitar en 2012 la revisión de los valores máximos de venta.

De cualquier forma, el anuncio del PP de proponer su propia modificación de la norma foral del IBI tiene escasos visos de salir adelante, habida cuenta de que el resto de grupos se mostró ayer partidario de no hacer frente a dichos cambios. “No hubiéramos entendido esa propuesta siendo sólo para uno de los 51 ayuntamientos alaveses”, apuntaba por ejemplo Luis María Salgado, procurador de EH Bildu.

insistencia municipal Desde que este periódico adelantara en abril la subida del IBI de las VPO, la Diputación nunca se ha mostrado especialmente partidaria de plantear una medida específica para el Consistorio gasteiztarra, y de hecho se ha mantenido en todo momento al margen del amplio debate surgido desde entonces en el Ayuntamiento. Con todo, el diputado general aceptó, a instancias del ejecutivo local de Gorka Urtaran, estudiar al menos la posibilidad de abordar una reforma de la norma foral, descartada ahora ante la falta de consenso.

La intención del gobierno municipal, que ya ha girado los recibos de las 20.000 viviendas de Vitoria a las que afecta la subida del IBI en un 28%, era utilizar ese balón de oxígeno foral para limitar anualmente el incremento a un máximo del 10%, pero a partir de 2017. Algo que ya no va a poder hacer al renunciar la Diputación a afrontar esa medida no sólo este año, sino durante toda la legislatura. Todo mientras desde la oposición municipal la reclamación ha sido, desde el primer momento, suavizar la subida a las VPO desde este mismo curso, sin aguardar a tomar decisiones a un año vista.

Pese a todo, desde el Consistorio de Vitoria trasladaron ayer a este periódico una primera valoración del anuncio del gobierno foral, y a expensas de una reflexión más profunda fuentes del gabinete Urtaran aseguraron que el ejecutivo municipal “no renuncia” a su propuesta porque “hasta ahora es la única factible” y viable “que se ha presentado en el Ayuntamiento”.

De esta forma, y aunque tanto desde la Diputación como desde el resto de fuerzas políticas de la cámara foral -salvo el PP- se mostraron contundentemente en contra de acometer una medida como ésta sólo para Vitoria durante la Comisión de Hacienda, en el gobierno municipal consideran que su idea para mitigar el IBI “sólo necesita un mayor consenso político” entre las fuerzas del Ayuntamiento “para poder ser trasladada luego a las Juntas Generales”. Un objetivo que, con todo, se atisba altamente complicado de alcanzar.

El diputado general no citó al PP al desvelar esta frase, pero posteriormente el portavoz del grupo ‘popular’, Javier de Andrés, se sintió aludido y negó haber transmitido dicha postura.

El representante del PP anunció una medida que, de cualquier forma, tiene pocos visos de salir adelante, pues el resto de grupos forales mostró su apoyo a la decisión de no modificar una norma foral pensando únicamente en uno de los 51 ayuntamientos del territorio.

28%

Alrededor de 20.000 viviendas de VPO de Vitoria han sufrido un incremento del 28% del IBI. Los recibos ya están girados, pero el Ayuntamiento gasteiztarra quería que, mediante una modificación de la norma foral, la medida le permitiera limitar ese incremento anual mente hasta un 10%, aunque a partir de 2017.