vitoria - El de ayer fue el primer día de la semana en que Javier Maroto se pasó por el Ayuntamiento de Vitoria. Entró en el salón de plenos pasadas las nueve de la mañana, cabizbajo, sin la energía desplegada tan sólo dos días antes a la salida de los juzgados de Madrid para reiterar, frente a una marabunta de cámaras y micrófonos, que Bárcenas le da asco. Se sentó en su sitio, el extremo de la bancada del PP más próximo al alcalde. Su mirada se perdió en el horizonte mientras los grupos políticos hablaban sobre el nuevo reglamento de consultas ciudadanas, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana por una parcela en Amarita y la violación de Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Justo levantó el brazo en los momentos de las votaciones. Y no fue hasta las 10.33 horas cuando habló. Lo hizo con el micrófono apagado, para proponer que se adelantara en el orden del día el turno del colectivo contra la corrupción Adi!, que precisamente había pedido comparecer en el Pleno para hacer pública su indignación por el caso San Antonio. A los demás grupos les pareció bien.

El gesto de Maroto llamó la atención de quienes seguían los debates desde la sala de prensa. El premio gordo iba a disfrutarse antes de lo previsto gracias a su protagonista. “Es que anda con medio gripe y tiene que ir al médico”, aclararon desde su gabinete, por Whatsapp. Los periodistas escudriñaron el rostro en la pantalla, concedieron la posibilidad y aguardaron con curiosidad al momento en que el portavoz popular tomara la palabra sin imaginar que acababan de presenciar su primera y última intervención en el Pleno. Hablaron los de Adi! para lanzar acusaciones de corrupción y exigir medidas que eviten nuevas conductas lesivas para el interés general de la ciudad. Habló Miren Larrion, al mando de EH Bildu, para defender que es posible anular el contrato blindado del alquiler de las oficinas gracias a la sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas, instar a través de una moción al gobierno a iniciar un expediente administrativo para rescindirlo y exigir a Maroto que dimita. Hablaron Óscar Fernández, de Irabazi, y Jorge Hinojal, de Podemos, para apoyar las propuestas de la coalición abertzale. Hablaron el PNV y el PSE, para informar de que los servicios jurídicos ya están estudiando si hay opciones de romper el acuerdo o de minorar el impacto, invitar a la izquierda a esperar a los resultados y animar al dirigente popular a, por lo menos, pedir disculpas a Vitoria por el daño causado por la operación. Y cuando se esperaba que hablara Maroto, lo hizo su compañera Ainhoa Domaica.

El PP apostó por hacer piña y lanzarse al barro por Maroto. Y él siguió mirando a la nada, desaprovechando la oportunidad de marcharse la camisa y dar explicaciones en casa, ante los representantes de una ciudadanía que ha pagado ya siete millones de euros por el alquiler de una lonja que nadie en 2007 sabía para qué se iba a usar, con un precio superior al de mercado y blindado por dos décadas. También Domaica desperdició la ocasión. La edil se aferró a todo lo que ha venido diciendo su partido en las últimas semanas. Que el Tribunal de Cuentas “no es penal”, que el fallo fue dictado “por una consejera propuesta de IU”, que la sentencia “no es firme”, que son otros los que quieren confundir a la gente al tachar el asunto de corrupción, que el PNV debería recordar el caso de Miguel... Y, de remate, afirmó que si hubiera sido por el PP “habríamos blindado el contrato por cincuenta o cien años porque iba a acoger servicios estratégicos”.

Y así, entre reproches mutuos, llegó la hora de votar. Momento cumbre del que Maroto pasó. El portavoz prefirió no esperar a la resolución del debate y se marchó, según su gabinete de prensa “al médico”. Su ausencia, eso sí, no afectó al resultado. Sucedió lo esperado. La moción de EH Bildu salió adelante con los apoyos de Podemos e Irabazi, el rechazo del PP y la abstención del PNV y el PSE, pero al no ser una aprobación vinculante, el equipo de gobierno ya advirtió de que continuará por su vía. La de explorar todas las opciones con seguridad jurídica para que el caso San Antonio no acabe siendo todavía más gravoso para las arcas públicas.

La concejala de Hacienda lamenta la actitud “soberbia” del PP, que sigue cuestionando el fallo.

El portavoz del PSE duda de que se pueda anular el contrato y lamenta que Vitoria pueda pagar los 400.000 euros restantes.

La edil del PP se aferra, sin sorpresas, al discurso de su partido durante las últimas semanas.

La portavoz de EH Bildu exige que Maroto deje su cargo y que se haga todo lo posible para anular el contrato del local.

El portavoz de Podemos defiende la claridad de la sentencia y se suma a la petición de dimisión.

El portavoz de Irabazi cree que “por coherencia política y respeto a la ciudad”, Maroto debería reconocer su responsabilidad e irse.