la reivindicación no es nueva, pero la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la normativa para compensar con ayudas directas el copago farmacéutico en la Comunidad Valenciana sirvió de estímulo a quienes la han puesto sobre la mesa aquí en Álava en los últimos tiempos. Euskadi se convirtió en el año 2013 en la primera comunidad del Estado que arbitraba una fórmula legal para que los colectivos con menos recursos pudiesen contrarrestar este nuevo hachazo del Gobierno central. Gracias a ella, más de 100.000 vascos se benefician todos los años de estas subvenciones, una fórmula que sin duda ha permitido aliviar muchísimas economías familiares, pero hay voces que alertan de que numerosos de sus potenciales perceptores quedan fuera del sistema por uno u otro motivo, con el riesgo añadido de que abandonen sus tratamientos si no pueden costearlos.
Dos de las más visibles están representadas por los colectivos locales Por una Vida Digna y Arabako Pentsionistak Lanean, que han unido fuerzas para solicitar al Departamento vasco de Salud que se abra la puerta a la devolución de oficio de estas ayudas, en el mismo momento en que el paciente adquiera sus medicamentos en la farmacia, y sin realizar la ahora necesaria solicitud. Así se lo han hecho saber al consejero sanitario, Jon Darpón, en una carta fechada el 17 de marzo y a la que ha tenido acceso este periódico. “¿Acaso no hay razones de interés público, social, económico o humanitario que justifiquen bien la devolución de oficio, bien lo que sería más eficaz, la prestación directa?”, preguntan ambas asociaciones en su misiva.
Según alertan, “cerca de 400.000 ciudadanos” de la CAV “no disfrutaron en el pasado y no disfrutarán de una prestación a la que tienen derecho” por cómo está regulada -Salud calculó en su día que podría haber 500.000 beneficiarios en la comunidad-, vecinos que, además, forman parte del colectivo “con menos ingresos económicos, coincidente en ocasiones con el menos formado e informado”. A juicio de Por una Vida Digna y Arabako Pentsionistak Lanean, “el no realizar la prestación de forma directa, mediante la entrega del fármaco sin abono, cuando se está en situaciones de pobreza puede dar lugar a abandonar el tratamiento médico prescrito con nefastas consecuencias para el paciente”.
Este hecho -prosiguen ambos colectivos en la carta al consejero-, que “puede suponer un exiguo ahorro para el sistema público en el corto plazo, sin duda puede generar un coste mayor en el medio-largo plazo, por nueva medicación y atención hospitalaria que hubiera sido evitable”. Los colectivos también advierten de que la prestación directa “sin duda generaría un menor trabajo administrativo y por ende un ahorro económico”, dado que se suprimirían la impresión de los actuales formularios, su dispensación y recogida en los centros de salud y la verificación final de si cada solicitud cumple o no los requisitos.
Las ayudas vascas para compensar el copago están dirigidas a los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros, a las personas desempleadas de larga duración y las inmigrantes en situación de residencia no legal, pero Por una Vida Digna y Arabako Pentsionistak Lanean creen que las ayudas deberían ser también extensibles a los jubilados que superen ese umbral de ingresos, habida cuenta de que es el colectivo que más ha aportado a lo largo de su vida a la caja común.
Una reivindicación a la que pone voz José Antonio Armentia, pensionista y presidente de la primera de estas dos asociaciones, que está integrada por el colectivo alavés de Prejubilados y Jubilados (Aprejual), la comisión social de la Unidad Pastoral de Santa María de Olárizu, Elkartzen, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Pastoral Obrera, las agrupaciones de pensionistas de los sindicatos CCOO, UGT y USO, el Servicio Diocesano del Laicado y Ur Bizia, y que lucha por la promoción y la defensa de los colectivos más vulnerables de la sociedad, en especial dentro de la tercera edad. “En realidad tendría que desaparecer el copago farmacéutico en toda su extensión, y esto es una reclamación para el Gobierno que algún día se forme en Madrid. Porque más que un copago es un repago”, censura Armentia, que a lo largo de este curso está teniendo en la lucha contra el “derribo” de las pensiones públicas su asignatura estrella.
Pese a que en la última comunicación mantenida por escrito con el área de Salud el consejero Darpón aludió, según Armentia, a que “la legislación no permite” llevar a cabo modificaciones en la línea de ayudas vasca, el presidente de Por una Vida Digna cree que “no existente ninguna dificultad legal o administrativa que no permita llevar a cabo este cambio”, porque además es “una situación de interés público”. Dado que de cara a la convocatoria de ayudas abierta este año no se han previsto cambios, Armentia confía en que éstos lleguen en 2017, siempre que el copago farmacéutico siga vigente. Más en concreto, en su misiva, los dos colectivos piden que la devolución de oficio de las cantidades recogidas por ley se establezca “con carácter inmediato” y que ya a partir del próximo 1 de enero se articule la dispensación directa de los fármacos sin contraprestación alguna.
“extrema facilidad” Una de las últimas declaraciones del consejero de Salud al respecto tuvo lugar el pasado 9 de diciembre, cuando dio luz verde, precisamente, a la convocatoria de este 2016. Jon Darpón aseguró que pedir las ayudas al copago es “fácil” y recordó también que si se escoge la solicitud simplificada, prevista para quienes soliciten la ayuda exclusivamente para gastos realizados en Euskadi, no es necesario presentar ningún justificante y basta con introducir los datos nominales del solicitante y los bancarios.
Respondió así el titular sanitario de manera indirecta a los colectivos que ya habían puesto sobre la mesa la “complejidad” de estos trámites, que han dejado fuera de las ayudas a un número importante de potenciales beneficiarios, al tiempo que opinó que una de las razones para no llegar a presentar la solicitud puede ser que el importe medio que se devuelve a los solicitantes es muy pequeño, de menos de tres euros al mes, lo que puede hacer que la persona desista de reclamarlo. Avanzó también que Salud “no puede pedir de oficio” la devolución del dinero a las personas con menos recursos porque “son ayudas sociales y requieren de una solicitud para ser concedidas”, aunque volvió a poner en valor la facilidad de los trámites. “Hay información suficiente, es de sobra conocida y los datos que se piden son muy básicos como para que las personas mayores o algún familiar pueda rellenarlas con extrema facilidad”, apuntó Darpón, cerrando -al menos por ahora- la puerta a posibles modificaciones en la normativa vasca.
Argumentos que, como poco, cuestiona José Antonio Armentia. “Por una parte, hay gente que ni se entera de que existen estas ayudas. Intentamos difundirlas, pero nuestro eco parece que es muy pequeño”, lamenta el presidente de Por una Vida Digna. La consecuencia más peligrosa de no conocer esta línea de ayudas y, a la larga, desistir de comprar fármacos necesarios no es otra que “el abandono del tratamiento, con los efectos sobre la salud y la mortandad que esto tiene”, según Armentia. “No parece que haya una gran incidencia aquí, pero en realidad no nos facilitan datos concretos. Por ejemplo en Valencia, donde sí hay datos objetivos, se sabe que el abandono de tratamientos por culpa del copago era muy alto”, recuerda Armentia.
Los pacientes con menos recursos económicos y que más fármacos tengan prescritos son, evidentemente, los que más posibilidades tienen de abandonar los tratamientos. “Si tienes una salud muy fuerte y sólo te recetan un paracetamol puede que no tengas problema, pero hay gente que en un mes puede llegar a gastar hasta 400 euros. Y disponer de 30 ó 40 euros más al mes según los casos, es mucho”, ejemplifica Armentia, volviendo de nuevo a la reivindicación de que el abono de las compensaciones por el repago sea instantáneo y no se realice en bloque, como sucede ahora.
Los colectivos afectados han solicitado entrevistas con todos los grupos políticos con representación en las instituciones vascas para que articulen iniciativas legislativas que entronquen en su exigencia.
