vitoria - Siempre exigen justicia, verdad y reparación. Pero para conseguirlo hace falta una colaboración que no llega. La Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, en la que están integradas las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, denunció ayer que el Gobierno central “ha ignorado” el exhorto remitido por la jueza argentina María Servini para interrogar en España a los 19 imputados en la causa abierta por ella en su país.
Servini investiga la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la que entre otros, están imputados el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por la muerte en 1976 en la capital alavesa de cinco trabajadores por una carga policial, cuando miles de hombres y mujeres celebraban una asamblea en el interior de la iglesia del barrio de Zaramaga con motivo de una convulsa jornada de huelga general, que había empezado con los grises disparando pelotas por las calles y contra ventanas de domicilios particulares.
El caso es que en octubre de 2014, tras décadas sin depurarse responsabilidades, Servini emitió un auto en el que ordenaba la detención de 19 acusados de haber cometido estos crímenes, pero las órdenes fueron bloqueadas en noviembre, muy poco tiempo después, por la Interpol a petición de España. La jueza no se rindió. Según contó ayer la Plataforma Vasca, el pasado mes de febrero la argentina remitió al Gobierno central un exhorto para que éste, a su vez, lo enviase a la Audiencia Nacional con el fin de que fuesen citados a declarar ante ella en España esos 19 imputados, y concretamente entre el 4 y el 22 del mes de abril.
La jueza apela en su escrito al Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Buenos Aires en el año 1987. Ahora bien, según la Plataforma Vasca, este exhorto no ha llegado a la Audiencia Nacional, por lo que los abogados de esta asociación presentaron el pasado 31 de mayo un requerimiento al Ministerio de Justicia para solicitar explicaciones. Tampoco esta petición ha sido contestada por el Ministerio, por lo que el viaje previsto por la jueza argentina para tomar declaración a los imputados ha tenido que ser suspendido.
La Plataforma denunció la actitud “dilatoria y obstruccionista” del actual Gobierno español y ha exigido a los próximos ejecutivos que “respeten y asuman con total diligencia” la normativa internacional sobre derechos humanos, así como el “cumplimiento estricto” de todas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A su juicio, la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy es una “fragante agresión a la memoria de los millares de víctimas provocadas por el golpe militar y la posterior dictadura franquista”, hasta el punto de “poder estar incurriendo en un delito de prevaricación”. - Efe/DNA
