Han tenido que pasar cuarenta años para que el Ayuntamiento de Vitoria dé un paso al frente y emprenda acciones judiciales para que los responsables de los sucesos del 3 de marzo paguen por la masacre de 1976 en la que murieron cinco jóvenes trabajadores y otros muchos gasteiztarras resultaron heridos en el transcurso de una protesta obrera en Zaramaga. Asesinatos por los que nunca han pagado sus responsables y víctimas a las que los distintos gobiernos, que no la voz de la calle, han dado la espalda durante cuatro décadas a su reivindicación de ser reconocidas víctimas de terrorismo, en este caso del poder público.

Acciones judiciales para llegar al fondo de los hechos y depurar responsabilidades penales si las hubiera de las que ayer se descolgó Javier Maroto que, con su voto en contra, provocó gran malestar entre las víctimas del franquismo con su declaraciones. Ante el Pleno y ante las propias víctimas y familiares defendió la Ley de Amnistía de 1977 y el olvido como forma de superar el rencor. A pesar de sus duras y de nuevo polémicas palabras y del voto en contra del PP, Vitoria emprenderá acciones judiciales por los cinco trabajadores que fallecieron -Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda- y cientos de personas que resultaron heridas por los disparos de la Policía Armada por reclamar mejoras laborales. La Ley de Amnistía de 1977, en la que se sitúa Maroto, impide la persecución judicial de numerosos delitos cometidos antes de esa fecha e impide que este tipo de sucesos sean investigados por la Justicia española. “Esto no es más que una pose política”, señaló el actual secretario de Acción Social del gobierno de Rajoy, para lo que echó mano de unas declaraciones efectuadas en su día por el expresidente del PNV Xabier Arzalluz tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977. “Olvidemos y hagamos que ese olvido cale en toda la sociedad, porque la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor y vernos con respeto es, desgraciada o afortunadamente, esa palabra: olvido”, parafraseó el número uno del PP en Gasteiz repitiendo unas declaraciones de hace 39 años. Y si para Maroto el inicio de acciones judiciales para esclarecer los asesinatos del 3 de marzo es sólo una pose política, para el gobierno de Gorka Urtaran es una obligación del Ayuntamiento. “Si después no se admite a trámite serán quienes rechacen la investigación los que tengan que razonar por qué lo hacen”, contestó Iñaki Prusilla al portavoz popular.

Andoni Txasko, una de las víctimas del 3 de marzo, reprochó al PP su falta de efectividad porque más allá de las buenas palabras, es necesario evidenciar con hechos la condena a la matanza del 3 de marzo. Nerea Martínez, familiar de una de las víctimas del 3 de marzo, muy afectada y con la voz entrecortada por la deriva del debate nada más tomar la palabra el PP, respondió a Maroto que los allegados de los muertos y heridos en aquella fatídica jornada nunca olvidarán lo ocurrido y siempre reclamarán justicia y reparación. Sin embargo, para el exalcalde de Gasteiz, aunque el dolor no debe ser escondido, hay que saber tratarlo. “Para poder darse la mano todos juntos, como un pueblo unido son necesarias medidas como la Ley de Amnistía”, una ley de 1977. Otra vez Maroto encendió ayer la mecha en Vitoria con sus declaraciones.

Pancarta en el Buesa. La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, reconoce que la exhibición por parte de aficionados del Baskonia de una pancarta en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria no tiene por qué acabar en sanción ya que no hubo ninguna incitación de actitudes violentas.

El obispo. Juan Carlos Elizalde está abierto a escuchar a los promotores de la iniciativa que busca convertir la iglesia de San Francisco de Zaramaga en un memorial permanente a las víctimas del 3 de marzo.