gasteiz - Casi diez años después, la Diputación alavesa va a revisar los valores catastrales de los municipios del territorio, lo que forzosamente se debe traducir en una rebaja de impuestos como el de Plusvalías o el IBI, que se calculan en función de este baremo ahora extraordinariamente sobredimensionado. Va a pasar por Álava y Vitoria, por tanto, un tren que no se puede dejar escapar, y que coincide en su llegada con la ponencia de fiscalidad que hoy celebra su segunda reunión en la Casa Consistorial.

Ayer, el grupo municipal del PP planteó, en ese sentido, que los partidos de la Corporación se pongan urgentemente a revisar estos tributos afectados por el catastro, con una especial incidencia en el de Plusvalías, que precisa de “un cambio radical”, según el concejal Manu Uriarte. Dado que es al gobierno municipal al que corresponde plantear sus propuestas para un posterior debate, el PP llevará este planteamiento de un modo genérico y abierto a las aportaciones de los demás partidos, con la idea de aportar “una labor constructiva”, pero con algunos pilares concretos en los que sustentar su propuesta.

Según recordó Uriarte, a los vitorianos se les cobra el Impuesto de Plusvalías -por el que en 2016 se prevé recaudar 18 millones de euros- cuando venden, por ejemplo, un piso, saquen o no beneficio de la operación, y hoy día no hay duda de que es mucha más la gente que pierde dinero desprendiéndose de su patrimonio que la que obtiene un rendimiento económico del mismo.

El PP considera que dicha reforma debe diseñarse en el Ayuntamiento, pero que también se debe dar la vuelta a la correspondiente norma foral con “criterios objetivos”, aprovechando la competencia que para ello establece el Concierto Económico, y promocionando entre la ciudadanía esta figura tan cuestionada fuera de Euskadi y Navarra como “una herramienta útil”.

El PP también propondrá otras medidas en la ponencia de fiscalidad, como la reforma del IBI, o del Impuesto de Construcciones (ICIO), pero su apuesta pasa más por la mencionada modificación de las Plusvalías y también del Impuesto de Vehículos, con el que los populares quieren incentivar la adquisición de coches menos contaminantes.

Sin embargo, como el propio PP manifestaba ayer, es al gobierno municipal al que le toca abrir el juego, y en ese sentido su propuesta más llamativa es la revisión del límite de facturación de las empresas para tener que pagar el IAE, una frontera ahora establecida en los dos millones de euros. En lo relativo al IBI, el PNV quiere adecuar la cuota a los nuevos valores catastrales con la premisa de que la recaudación global por este impuesto no sufra grandes variaciones. Eso, sí, unos contribuyentes podrán verse mas afectados que otros según cómo haya variado el valor de sus casas y locales. En cuanto a las Plusvalías, el gobierno municipal planteará fijar el impuesto de forma que sea posible comparar el valor del suelo en el momento de la compra y de la venta; y en el Impuesto de Vehículos el PNV coincide con el PP en la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad medio ambiental. En cuanto a las tasas y precios públicos, el gabinete Urtaran defiende adecuarlos al coste real de los servicios de una forma progresiva, equilibrada y proporcional.

Por su parte, desde el PSE se apuesta por revisar todas las figuras fiscales, impuestos, tasas y precios públicos “para que se incorporen criterios de progresividad y justicia social”, señalaron ayer desde el grupo socialista, que también propone buscar un pacto fiscal que ordene “de forma coherente” todas las figuras fiscales del Ayuntamiento y los criterios de imposición. Con esos cimientos asentados, se podría, dicen los socialistas, dotar de estabilidad a la política fiscal del Ayuntamiento y fijar subidas acordes con el IPC, salvo excepciones justificadas. Además, el PSE quiere establecer anualmente los objetivos de lucha contra el fraude fiscal.

Desde Podemos, su portavoz, Jorge Hinojal, explica que la formación tiene como bases inamovibles “el mantenimiento de los ingresos, pero rebajando los impuestos a quienes peor lo pasan, redistribuyendo las cargas”. Eso sí, el grupo municipal de Podemos aún no cuenta con propuestas muy prefijadas porque va a abrir un grupo de trabajo relativo a todas las ponencias que se celebran en el Ayuntamiento, con el fin de recoger las aportaciones ciudadanas. “Si nos creemos la participación nos la creemos de verdad”, explica en ese sentido Hinojal.

Por su parte, el grupo municipal de Irabazi se guiará en la ponencia de fiscalidad en torno a dos principios fundamentales. Uno, señalan desde la coalición que conforman Equo e Izquierda Unida, “que pague más quien más tiene”, y otro, “que el que contamina paga”. Así, Irabazi propondrá fijar una fiscalidad verde que penalice las prácticas no sostenibles y bonifique los comportamientos responsables con el Medio Ambiente. Según recordaba ayer el portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, “ya hicimos estas propuestas en las ordenanzas de 2016, pero no salieron por la polémica sobre el IAE”. Según Fernández, algunas de sus propuestas ya están perfiladas, fruto del debate de las ordenanzas del pasado otoño, y en otras “todavía hay que entrar a fondo”.

En EH Bildu se defiende, al igual que hace el PP, aprovechar el nuevo catastro para ajustar los impuestos que le afectan. Así, el edil abertzale Antxon Belakortu ha defendido en el seno de la comisión de Hacienda la necesidad de diseñar un IBI más progresivo a partir de los nuevos valores catastrales que va a establecer la Diputación.

Las Plusvalías. Tal y como denuncia el PP, el Impuesto de Plusvalías grava las transmisiones de bienes inmuebles aun en el caso de que dicha compraventa no haya generado beneficios.

El IAE. El equipo de gobierno planteará revisar los límites de facturación para tener que pagar el IAE, un impuesto que hasta ahora sólo abonan las empresas que mueven a partir de dos millones de euros anuales.

El edil del PP plantea que se recurra a las competencias forales vascas para reformar el Impuesto de Plusvalías desde la Diputación.

Desde el PSE se aboga por ordenar los tributos de forma coherente y subirlos sólo en función del IPC.

El portavoz de Podemos explica que la formación abrirá un debate ciudadano para definir sus propuestas en la ponencia fiscal.

Desde Irabazi se considera que los nuevos impuestos deben contemplar una visión de justicia social y sostenibilidad medio ambiental.

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Millones de euros prevé recaudar el gobierno municipal mediante el Impuesto de Plusvalías, que se calcula en función del catastro.