El Pleno municipal ha dato el visto bueno definitivo, con el apoyo de cinco de las seis fuerzas políticas del Ayuntamiento, a los Presupuestos Generales para el ejercicio 2016.

Vitoria. De este modo las cuentas locales, con una previsión de gasto cifrada en 348,3 millones de euros, superan el penúltimo trámite y quedan tan solo a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava para entrar en vigor, algo que previsiblemente sucederá el 24 de febrero.

“Quiero agradecer la labor de aquellos Grupos municipales que con hechos demuestran su implicación, con hechos demuestran su compromiso serio con Vitoria-Gasteiz y con hechos están siendo capaces de llegar a acuerdos y resolver los problemas de la ciudadanía. Sé que hay voluntad de seguir trabajando en esta línea y seguir acordando por Vitoria-Gasteiz”, ha señalado el alcalde, Gorka Urtaran, con motivo de la aprobación definitiva en Pleno del Presupuesto.

Han sido tres las alegaciones presentadas al Presupuesto 2016 tras su aprobación inicial en Pleno el pasado 26 de enero. Una de ellas, correspondiente a una asociación cultural, se ha presentado fuera de plazo, con lo que queda automáticamente desestimada. Las otras dos, presentadas por la Asociación de Familias Numerosas de Álava Ausarki y la Asociación Gitana Gao Lacho Drom, han resultado desestimadas por no ajustarse a ninguno de los supuestos que marca la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava para presentar alegaciones.

Las cuentas que han recibido aprobación definitiva incorporan proyectos de ciudad como la renovación de la plaza de Santa Bárbara a través del proyecto Bost Enparantza, el Bulevar de Arana, la rehabilitación de los barrios de oro, el Centro Cívico de Zabalgana, la ampliación del tranvía o la implantación del autobús exprés BRT. A estas iniciativas de transformación de ciudad se suman aspectos como la potenciación de las políticas sociales y de bienestar, el fomento del empleo digno, el aumento de las políticas de cooperación al desarrollo, las políticas de movilidad, el impulso de las políticas medioambientales, el blindaje de la participación ciudadana y el aumento de la transparencia en la gestión gracias a los cambios acordados en la Norma de Ejecución Presupuestaria.