Vitoria - El Tribunal de Cuentas del Estado celebra hoy la audiencia previa del caso San Antonio, llamado así porque analiza el polémico y gravoso alquiler firmado por el Ayuntamiento de Vitoria con el empresario Gonzalo Antón cuando Alfonso Alonso, actual ministro de Sanidad en funciones y presidente del Partido Popular en Euskadi, era el alcalde de Gasteiz y Javier Maroto, hoy vicesecretario sectorial de los populares en el Estado, su concejal de Hacienda.
En esta audiencia se estudiarán los asuntos procesales y qué pruebas propuestas por los demandados y demandantes se admiten para el juicio público que tendrá lugar en una fecha sin determinar todavía, aunque podría comenzar en un mes.
La cita será al mediodía en las nuevas instalaciones del Tribunal de Cuentas en Madrid y a ella sólo tienen el deber de asistir los abogados de las partes -están personados el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE- y el Ministerio Fiscal.
El pasado octubre el citado tribunal acordó celebrar juicio contra Alfonso Alonso y otros ocho miembros de su equipo municipal de Vitoria en 2007, entre ellos, Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda y número dos de aquel ejecutivo, al apreciar una posible “responsabilidad contable” en el alquiler gravoso de unos locales para albergar unas oficinas municipales. El tribunal estimó que se pudo causar un “perjuicio” económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.
El alquiler incluyó además una “cláusula penal” que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas fijó en marzo del pasado año de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros a los nueve miembros del equipo municipal al estimar que podría haber “responsabilidad contable”, y en octubre decidió celebrar juicio contra ellos.
El llamado caso San Antonio se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del Partido Popular que entonces gobernaba el municipio, que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”. De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, argumentó entonces que el caso estaba en manos del Tribunal de Cuentas y que si la Fiscalía de ese órgano detectaba algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal le remitiría los datos para iniciar una investigación.
Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, a esta audiencia previa sólo tienen el deber de asistir los abogados y los procuradores de las partes, así como el Ministerio Fiscal, pues se trata de un acto en el que se plantean y resuelven cuestiones técnico-jurídicas que afectan a los demandantes y demandados en el proceso. Tras la audiencia previa se llevarán a cabo una sesión en la que se analizarán las pruebas documentales pedidas por las partes. Con posterioridad, se celebrará un juicio que tendrá carácter público y para el que aún no existe fecha concreta, aunque la experiencia situaría la sesión dentro de unas cuatro semanas. En ella declararán los testigos y las partes, si es que han sido pedidos y admitidos. Después, los abogados de las partes y, en su caso, el Ministerio Fiscal presentan sus conclusiones. Tras todo ello, se dictará la sentencia, que se notifica a las partes y que se publicará en la página web del Tribunal de Cuentas. - DNA/Efe / Foto: Alex Larretxi
‘Caso San Antonio’. El juicio contable implica a los exalcaldes vitorianos Alfonso Alonso y Javier Maroto y al equipo de gobierno que regía la ciudad en 2007 a cuenta del alquiler de la lonja de la calle San Antonio propiedad del empresario Gonzalo Antón.
Precedentes. La vista estaba programada inicialmente para el pasado 20 de enero, pero justo coincidió con la mudanza de la sede del Tribunal de Cuentas de la madrileña calle Fuencarral a Ortega y Gasset, también en la capital española.
Implicados. En el juicio deberá comparecer la Junta de Gobierno Local de 2007 para explicar si aquel contrato, cuyo precio era superior al recomendado por los técnicos municipales, perjudicó o no al interés público. Por lo pronto, están citados además de Alonso y Maroto, Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos, y los siguientes concejales de Hacienda, por no revertir la situación. Todos ellos han tenido que depositar una fianza de medio millón de euros, que se les devolverá si resultan absueltos.
Las partes. El propio Ayuntamiento de Gasteiz está personado en la causa, y fueron de hecho los grupos políticos con representación en la pasada legislatura salvo el PP, lógicamente quienes decidieron trasladar al Tribunal de Cuentas las conclusiones de la comisión de investigación.
