conocida la posición favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la reapertura de Garoña, será el próximo Gobierno central el que tenga la última palabra sobre el reenganche de la planta a la red eléctrica. El organismo regulador emitirá su informe definitivo sobre la renovación de la licencia en el segundo semestre de este año, a priori un periodo suficiente para que se conforme el nuevo ejecutivo, y nada apunta a día de hoy a que éste vaya a ser negativo, pese a las voces discrepantes surgidas en un seno. No hay que olvidar que tres de los cinco integrantes del pleno del CSN están vinculados al Partido Popular, el único favorable a la extensión de la vida útil de la central, lo que de facto garantiza su control. Se trata, en definitiva, de una decisión estrictamente política, vinculada a la continuidad de los populares en la Moncloa, y que ha removido al movimiento antinuclear de todo el Estado.

Con todo, el malestar ya no tanto por la postura del PP a favor de Garoña sino por el funcionamiento del CSN trasciende ya a los grupos ecologistas o a las formaciones políticas proclives a una transición energética real. La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), una suerte de sindicato de funcionarios del CSN, ya ha puesto el grito en el cielo en varias ocasiones recientes ante la deriva que ha tomado este organismo. Uno de los últimos ejemplos de ello ha sido, precisamente, el nombramiento el pasado octubre de Javier Dies Llovera como nuevo consejero a propuesta del Gobierno popular, lo que rompió el histórico equilibrio entre partidos del CSN.

código ético Un movimiento revelador por parte del ASTECSN ha sido la aprobación hace sólo dos meses de un código ético que busca garantizar la “independencia” de este organismo. Eso quiere decir que han tenido que ser los trabajadores del CSN quienes han tomado la delantera a sus jefes en esta materia, una circunstancia sintomática. Lo hicieron, en concreto, para “evitar que su actuación se vea condicionada por intereses contrarios a su buen hacer profesional y criterio técnico según el estado de la ciencia y de la técnica, sus comportamientos éticos y sus deberes de lealtad”.

Según destacó durante su presentación la presidenta de este colectivo, Nieves Sánchez, este instrumento pretende ser de especial utilidad para “respaldar la actuación de los técnicos como funcionarios públicos, garantizando que se realice un buen trabajo profesional, evitando las presiones de los lobbies y los políticos”. Todo lo contrario a lo que parece marcar el día a día del CSN.

El exconsejero Antonio Gurguí -propuesto en su día por CiU-, a quien sustituyó el propio Dies Llovera, aseguró que su nombramiento “no ayuda para nada a la misión del CSN de transmitir confianza”, pero otras reflexiones hechas públicas por él a renglón seguido motivaron una de las respuestas más contundentes del ASTECSN. Entre otras, que “nunca” ha recibido “la más mínima presión” como consejero, que en el CSN prima “una estructura jerárquica” que limita las competencias de los técnicos o que entre ellos existe “un pequeño grupo de descontentos con ganas de brea”.

A través de un comunicado público, el ASTECSN aseguró, entre otras cosas, que ese descontento “no es sino el reflejo de una desmotivación generalizada” dentro del CSN, que un regulador nuclear “no se puede gestionar con la visión de una empresa privada” y que sus gestores “deberían contar con las aptitudes necesarias antes de ser nombrados en el cargo”, que el “liderazgo de calidad” que debería tener “cada vez brilla más por su ausencia” o que en las discrepancias técnicas “no pueden esgrimirse argumentos de autoridad”. En cuanto a esa ausencia de presiones a la que aludió Gurguí, el colectivo dejaba una reflexión más que significativa. “Es cierto que existe una forma en la que se puede trabajar sin presiones y con plena libertad. Los técnicos del CSN sabemos que, si en el ejercicio de esa libertad emitiéramos solamente informes favorables entregados en los plazos en que se solicitan, aunque fueran de baja calidad, no estaríamos sometidos a ninguna presión”.

Para rizar el rizo, ayer trascendió el malestar que ha generado en una de las dos consejeras socialistas del CSN, Cristina Narbona, las prisas del organismo por haber hecho público que aprecia “favorablemente” las actuaciones llevadas a cabo en Garoña en materia de seguridad para posibilitar su reapertura. También, que el informe que respaldará este pronunciamiento “está previsto” para la segunda mitad de este año.

Narbona, que además expresó en un voto particular su discrepancia con la reapertura, considera que el CSN no debería pronunciarse sobre este hecho hasta que no estén suficientemente debatidas y explicadas las implicaciones técnicas y jurídicas que supondría. En su voto, a cuyo contenido a tenido acceso la Agencia Efe, Narbona recuerda que Garoña está cerrada y apagada desde hace más de tres años y “no se ha comprometido en ningún momento la garantía de abastecimiento de electricidad” y remarca que el informe definitivo favorable o no a la reapertura no se debería emitir hasta que todas las mejoras técnicas exigidas hayan concluido.