El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha asegurado hoy que en octubre de 2014 "sugirió" a la delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, que se adoptasen "medidas" contra el profesor de Vitoria que ya estaba siendo investigado por presuntos abusos sexuales a niños de entre 3 y 5 años y ella lo "desechó".

Vitoria. Izaguirre ha comparecido hoy en una comisión del Parlamento Vasco, a petición del PSE y UPyD, para explicar las contradicciones que se han producido en este caso entre la Fiscalía alavesa y la Delegación de Educación de Álava.

El pasado 25 de noviembre la delegada de Educación en Álava volvió a negar en el Parlamento que el fiscal le informara en la reunión que mantuvieron el 20 de octubre de 2014 de que investigaba al docente y afirmó que ella "directamente" preguntó a Izaguirre si se debía "tomar alguna medida concreta" con respecto a docente.

"Me dice que no hay caso, que no hay absolutamente nada. En ningún momento se nos dice que hay diligencias abiertas", declaró Guerrero en la Cámara vasca.

Esas afirmaciones provocaron que Izaguirre hiciera horas después pública una nota de prensa en la negaba que en esa reunión dijera que no había caso, algo que ha reiterado esta mañana.Además el fiscal ha asegurado que la delegada en ningún momento habló de la posibilidad o necesidad de adoptar medidas contra el profesor investigado.

Hoy Izaguirre ha dejado claro que la reunión fue convocada a iniciativa de la Fiscalía para tratar sobre todos los casos de presuntos abusos que se estaban investigando en ese momento."Si no era para eso la reunión no tenía ningún sentido", ha enfatizado el fiscal.

Izaguirre ha explicado que la delegada no planteó de manera "directa o indirecta" la "necesidad u oportunidad" de tomar medidas cautelares sobre el profesor investigado y que, en consecuencia, tampoco él propuso hacerlo porque la Fiscalía carece de potestad para ello y en el contenido de la conversación dedujo que "no había intención de adoptar medida alguna al respecto".

"A pesar de ello- ha añadido- me permití sugerir que se podrían tomar otra serie de medidas menos traumáticas que, respetando los derechos de la persona investigada, podrían suponer un alivio para la situación de tensión que se estaba viviendo en el ámbito educativo afectado y sobre todo por parte de los menores afectados y sus familias".

"Dicha sugerencia fue desechada por la delegada de Educación", ha aseverado Izaguirre, que no ha precisado las medidas por él sugeridas.

El fiscal ha añadido que Guerrero tampoco solicitó que se comunicara a la consejería de Educación "el resultado de la investigación en marcha a los efectos oportunos".

Izaguirre ha insistido en que la Fiscalía ha actuado en este caso movida por la "buena fe" y que ha acudido al Parlamento con voluntad de "transparencia y colaboración entre instituciones".

También ha dicho que espera que su comparecencia sirva para poner fin a una "polémica" que sólo perjudica a las supuestas víctimas -un total de cinco- y ha calificado de "diabólico" y de "drama" este caso porque además de los menores afectados -sobre los que ha dicho ya se ha producido una "victimización"- hay un profesor que si finalmente no se confirman los hechos "va a quedar marcado de por vida en el ámbito educativo".

Ha opinado que debería haber un protocolo de actuación en estos casos y ha reconocido que la polémica surgida "no es buena para nadie".La parlamentaria del PSE, Isabel Celaá, ha mostrado su "consternación" ante el hecho de que Educación rechazara adoptar antes medidas de precaución en este caso y ha pedido de nuevo la comparecencia de la consejera de Educación, Cristina Uriarte.

El profesor fue suspendido temporalmente el pasado 23 de octubre cuando el caso saltó a la luz pública. La Fiscalía inició la investigación el 17 de junio de 2014 y la finalizó el 23 de junio de 2015, momento en que trasladó su resultado a un juzgado de Vitoria, que incoó diligencias previas el pasado 29 de junio que aún están tramitándose.