Vitoria - La planta de biogás del vertedero de Gardelegi, inaugurada en 2002, lleva cerca de tres meses sin funcionar, según ha podido saber este periódico. La instalación, participada por el Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía y que supuso una inversión de 800.000 euros, recoge los gases producto de la descomposición de la materia orgánica y los transforma en electricidad que se vierte a la red, aprovechando la red de pozos y tuberías que recorren el vertedero para capturar dichos gases. Hasta la inauguración de la planta, los gases que recogía la red subterránea de Gardelegi se quemaban en una antorcha por motivos de seguridad, pues la acumulación de biogás, metano e hidrocarburos puede generar explosiones espontáneas. La avería del motor de cogeneración no ha traído consigo la activación de la antorcha que quema los gases, por lo que estos permanecen bajo la superficie del vertedero.
Aunque a Gardelegi, en principio, ya no entra materia orgánica, sí lo hizo hasta hace un par de meses, pues las cuadrillas alavesas llevaban allí sus basuras, y además la descomposición de la materia tarda décadas en completarse.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Vitoria cuando se inauguró la planta, ésta puede generar hasta cuatro millones de kilovatios por hora, el equivalente a la electricidad que consumen anualmente 6.000 familias.
La planta de biogás es uno de los varios elementos con que cuenta Gardelegi, donde se ubica además, por ejemplo, una instalación para reciclar residuos de la construcción, un vertedero que se ha quedado pequeño y que en breve ampliará la empresa Vías y Construcciones, que ha resultado adjudicataria en el correspondiente concurso tras haber presentado una fuerte bajada sobre el presupuesto de licitación, de 3,4 millones de euros. La firma, que empató a puntos con Onaindia, llevará a cabo la obra por 1,7 millones, un coste que se financiará en un 80% con los fondos de cohesión de la Unión Europea.
Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, hasta hace apenas unos pocos meses las cuadrillas alavesas depositaban sus residuos en el vertedero vitoriano. Prácticamente sin previo aviso, el Consistorio comunicó a estos organismos comarcales el veto en Gardelegi, alegando exigencias de la Unión Europea que en realidad no habrá que cumplir hasta dentro de varios años. Todas esas basuras debían ir desde mayo a la planta de Biocompost de Jundiz, con la diferencia de que en Gardelegi cuesta depositar los residuos 45,05 euros por tonelada de basura y en la instalación del polígono industrial vitoriano sale a 68,56 euros la tonelada.
Las cuadrillas se plantaron y programaron una movilización que finalmente no se llevó a cabo porque la Diputación asumió el sobrecoste originado hasta final de año.
El sorpresivo anunció del Ayuntamiento a las cuadrillas, a escasas semanas de que concluyera la pasada legislatura municipal y son dejar tiempo a los entes comarcales para financiar el sobrecoste que se les aplicaba por depositar su basura en Gasteiz guarda relación con otra de las polémicas que este año se han vivido en torno al vertedero.
En enero FCC ganó el concurso para volver a encargarse de la gestión de la instalación tras haber presentado una baja temeraria que la empresa justificó, como establece la Ley, en un documento que el Ayuntamiento vitoriano se negó a entregar al resto de licitantes.
La resolución del OARC El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del Gobierno Vasco dio la razón a los técnicos municipales después de que la UTE Onaindia-Urbaser pidiera su amparo. Eso sí, con su resolución también reveló los datos que el Ayuntamiento no quería dar a conocer. FCC sabía que a las cuadrillas se les iba a vetar la entrada al vertedero este mismo año, tal y como señalaba en su justificación de la baja temeraria, lo que precisamente le permitía prestar por un millón de euros un servicio tasado por los expertos del Ayuntamiento en 1,5 millones.
La menor entrada de residuos, decían en su justificación, permitiría reducir los costes salariales de la contrata, que por otra parte renunciaba a obtener beneficios de la adjudicación.
Por otro lado, aunque el OARC daba la razón a los técnicos municipales, uno de ellos directamente vinculado con FCC, sí llamaba la atención sobre el “exceso de celo” con que el Ayuntamiento defendía los intereses de la empresa, a la que este año también se ha adjudicado la limpieza y recogida de residuos en la capital alavesa.
