vitoria - Las calles son de todos. Pero no todos pueden utilizarlas igual. En Vitoria, durante la pasada legislatura, sólo el Ayuntamiento organizó eventos en la Virgen Blanca, Fueros y la Plaza Nueva. El gabinete de Javier Maroto estableció la restricción, limitando el uso de estos espacios y zonas colindantes a eventos organizados por el Consistorio o realizados con su colaboración. Y lo hizo con dos argumentos. Uno, que los vecinos “estaban saturados por el ruido” de tanta celebración. Otro, que el espacio público debía estar “para uso y disfrute de los ciudadanos y nunca al servicio de un interés particular o comercial”. Y así pasó que el Banco Santander expuso un Fórmula 1 en pleno corazón de la ciudad porque el acto contaba con participación municipal pero Jare Dantza Taldea se tuvo que ir a bailar a otra parte. Una de muchas discriminaciones polémicas que fueron sucediéndose a lo largo de cuatro años. Lo bueno, que ya no habrá más.
Con su llegada al gobierno municipal, el PNV ha cancelado esa doctrina de utilización del espacio público. Según informaron desde el gabinete de Gorka Urtaran a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, desde el 13 de junio hasta la fecha se han autorizado la práctica totalidad de las solicitudes recibidas en el Consistorio. “En tres semanas hemos concedido siete peticiones para la Virgen Blanca, tres en Fueros y una en la Plaza Nueva”, explica el coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente, Álvaro Iturritxa. Y todos esos permisos han posibilitado la organización de eventos que, en caso de haberse mantenido la restricción, habrían tenido que buscar otros espacios, como la celebración del Día del Orgullo Gay o la grabación del anuncio de una marca de vehículos. Ahora bien, aunque de momento se está respondiendo cada caso según llega, la idea es contar con un documento que recoja claramente los criterios de uso para hacer un aprovechamiento racional del centro de Vitoria, buscando la conciliación.
“Las plazas no son sólo para el disfrute de los ciudadanos sino también para actos con intereses sociales, educativos, culturales... Escaparates que hay que aprovechar, pero de una forma ordenada y organizada”, matiza Iturritxa. En este momento, ya con el veto levantado, los técnicos de Espacio Público tienen la oportunidad de “resolver puntualmente” cada solicitud en función “de si su interés justifica la utilización”, pero en cuanto se pueda se intentará que cuenten con una hoja de ruta. El equipo de gobierno quiere elaborarla junto a este departamento y el de Cultura, para luego compartirla con el resto de grupos políticos. Frente a la imposición de la doctrina del PP, el objetivo del PNV es que el modo en que se use el espacio público para celebraciones sea acordado por todas las fuerzas. “Llevaremos el documento a la Junta de Portavoces, donde están representados los seis partidos, para conseguir una directriz compartida”, asegura el coordinador peneuvista.
Uno de los grupos que más ruido hizo cuando el PP aprobó la doctrina y en los años siguientes fue EH Bildu. Crítica que se recrudeció con la llegada de los comicios, cuando el gabinete Maroto aprovechó la prohibición que ya existía en las tres plazas para extender el veto a la celebración de mítines. “Nuestra máxima siempre ha sido la misma y no la vamos a cambiar ahora por que sea campaña”, se defendió entonces. Rápidamente, la izquierda abertzale presentó un recurso ante la Junta Electoral. Sospechaba que lo que los populares pretendían era impedir la visibilización de otros colores en su feudo político. Y tenía claro que para prohibir actos de partidos en esos espacios debía haber una razón justificada, incompatibilidades con otros eventos o actos programados de antemano. No se equivocó. La Junta le dio la razón. Un triunfo que saboreó sólo a medias.
“Maroto y el PP llevan cuatro años pensando que el espacio público les pertenece. Nos alegramos, pero no nos sirve que se permita sólo en periodo electoral, queremos que el espacio público sea de la gente y las plazas del centro estén vivas”, subrayó la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, tras conocer la decisión. Su compromiso fue modificar esa “lamentable política de gestión restrictiva e interesada del PP” si ganaba las elecciones y, tras los comicios, y aun estando en la oposición, volvió a recordar su exigencia. Fue este lunes, a través de una nota de prensa en la que reivindicó que el tejido social de Gasteiz recuperara “el derecho a organizar actividades” en las zonas que Maroto marcó en rojo. No obstante, para entonces el PNV llevaba ya tres semanas con el veto levantado, tramitando solicitudes.
“La primera que autorizamos fue la del movimiento LGTB para la organización del Día del Orgullo Gay. La petición había tenido lugar dentro de la anterior legislatura y había recibido un informe negativo de los técnicos de Espacio Público, sometidos a la orden dada por el PP. Una directriz verbal, por cierto, porque pedí el documento que la sostenía y no existe”, explica Iturritxa. Ahora, sin embargo, el aprovechamiento de los espacios públicos estará plasmado en papel y con criterios que permitan la celebración de eventos sin saturación ni molestias excesivas. La idea es “fomentar la compatibilidad de usos del espacio público bajo una filosofía que priorice las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Cultura. En ese contexto, la idea es que “siempre quede libre alguna de las tres plazas”. Igualmente, se garantizará que la actividad de bodas que se lleva a cabo dentro de la Casa Consistorial pueda convivir con aquellos actos que se organicen en la Plaza Nueva.
asociaciones vecinales Corren nuevos tiempos para la participación ciudadana en Vitoria. Ayer mismo, ocho asociaciones de barrio (Errota Zaharra, Judimendikoak, Zazpigarren Alaba, Bizigarri, Uribe Nogales, Gasteiz Txiki, Erreka Txiki y Bost Urki) solicitaron al nuevo alcalde que ponga solución “a las injusticias” que ha sufrido el movimiento vecinal durante la legislatura pasada, sometido a “acusaciones y recortes continuos”. Una vez más, como ya hicieron durante el mandato de Maroto, volvieron a plantear la necesidad de “destinar 250.000 euros para los proyectos anuales, pues de lo contrario se nos aboca a la desaparición”. Además, denunciaron la exclusión todavía con el PP del trámite de solicitud a Bost Urki “por no estar registrada como asociación vecinal en el registro del Gobierno Vasco, cuando sí lo está en el Ayuntamiento” y pidieron la revisión del caso.